El sector agroindustrial en pleno salió este jueves a respaldar el proyecto de ley contra la inseguridad rural, impulsado por el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa,
que prevé penas de hasta 5 años de cárcel para quienes sean responsables de la rotura de silobolsas, incendios de lotes de cultivos y robos; en el marco de la sucesión de hechos de ese tipo que se han incrementado en las últimas semanas.
Como “un claro avance institucional” evaluaron decenas de entidades con amplia representación federal en todo el país a la “positiva” iniciativa legislativa que incorpora la figura de “vandalismo rural” en el Código Penal, a través de un proyecto de ley, cuyos coautores son Massa y el también diputado nacional Ramiro Gutiérrez.
Más de 40 entidades y cámaras de las cadenas de casi todos los cultivos, insumos, productos y rubros agroindustriales, desde los avícolas y feedloteros, hasta los legumbreros y los productores de carne y de biocombustibles, como también las bolsas de cereales y de comercio de todo el país, ponderaron la reacción del oficialismo político.
En el mismo sentido,también destacaron que luego de la reunión interministerial del último viernes, con los titulares de Agricultura y de Seguridad, Luis Basterra y Sabina Fréderic, respectivamente, se produjeron “claras manifestaciones de repudio y se adoptaron medidas por parte de las autoridades provinciales y nacionales contra el delito rural, como el tratamiento del tema en el Consejo de Seguridad Interior.
Consideraron importante que ante los hechos de inseguridad en el agro, los legisladores hayan “abordado el tema con prontitud, dado que el alcance de los daños producidos afecta a la sociedad entera, en tanto destruye el trabajo y el esfuerzo de la comunidad agroalimentaria, en un contexto en el cual la producción de alimentos resulta fundamental”.
Y trasmitieron el deseo de “ante un tema de interés común, como lo es la lucha contra el delito, se dé pronto tratamiento y aprobación a la cuestión dentro del actual periodo legislativo, con la participación y aportes de todos los sectores políticos representados en la Cámara de Diputados.
“Daño especial y agravado”
El referido proyecto propone equiparar los ataques a esos elementos de almacenaje como delito contra la propiedad e incorporar la figura de “vandalismo rural” al Código Penal con penas de prisión que oscilan entre los dos y cinco años.
La intención de la iniciativa es que este nuevo delito opere “como un daño especial y agravado cuando se afecta el desempeño o explotación de un establecimiento rural” para poder proteger ese ciclo de la producción de la economía nacional.
Los ataques penados incluyen cosechas, silobolsas, tolvas o cualquier unidad de almacenamiento.
De acuerdo al actual Código Penal se considera “estrago” a los daños a cualquier tipo de unidad de almacenamiento de cosechas, pero son de “aplicación imposible como defensa de la propiedad”, ya que se enmarcan dentro de los llamados “delitos contra la Seguridad Pública”, requiriendo para su configuración una lesividad superior y diferente a las del daño a la propiedad privada, explicó.
En la misma línea, el proyecto propone además penas de hasta 12 años de prisión por liberación de patógenos, tóxicos o energía, emisión de radiaciones, incendio, explosión, inundación, derrumbe, o cualquier otro proceso destructor que puede causar el delito de estrago y que genere un peligro para la vida.
En los fundamentos del proyecto, Massa y Gutiérrez señalaron que el Código Penal vigente “presenta una doble falencia que es necesario salvar. Por un lado, existe una laguna regulatoria sobre estas prácticas vandálicas como delito contra la propiedad y, por otro lado, algunas protecciones estaban incorporadas como modalidades de estrago, con el yerro, a nuestro juicio, de preverlas como delitos contra la seguridad pública”.
“Para salvar estas deficiencias legislativas y poder dar respuesta judicial certera y eficaz a las víctimas de estos atentados a la propiedad, decidimos crear la figura del ‘Vandalismo Rural'”. agregaron.
Destacaron además que “la naturaleza delictiva de las acciones tendientes a menoscabar el esfuerzo de la producción rural, hacen necesario dotar de instrumentos jurídicos eficaces para la protección de los productos obtenidos de la actividad agropecuaria en sus diferentes estadios, y a los cuales es necesario resguardar con la contundencia de la ley penal.”
Por útlimo, subrayaron que el avance de la tecnología y las formas de producción y explotación de bienes y servicios “requieren de una nueva fórmula legal que, sin caer en una tipicidad casuística, resulte abarcativa frente a posibles acciones u omisiones de gran impacto, lesividad social y afectación de la seguridad pública”.
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