El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, tomó declaración indagatoria a los ex espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Leandro Araque, Facundo Melo, Emiliano Mata, Mercedes Funes Silva
y Jorge Sáez, entre otros. Los imputados llegaron al juzgado de Lomas de Zamora esposados y custodiados por policías.
Pese a que rige el secreto de sumario, fuentes judiciales dejaron trascender que algunos de los espías respondieron preguntas y apuntaron contra el ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz, y el ex director de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, como responsables de las operaciones de espionaje ilegal que ellos realizaban. Ambos jefes, a su vez, respondían directamente a Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, los ex titulares de la AFI durante la gestión de Mauricio Macri. Además trascendió que Leandro Araque, por ejemplo, contó que espiaba al actual intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quien es uno de los querellantes en la causa que lleva el juez Villena.
La ex coordinadora de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, estaba por declarar a última hora de este jueves. Su declaración era muy esperada, ya que habría numerosas pruebas que la incriminarían en su relación con varios espías detenidos de la AFI, como por ejemplo enel seguimiento al periodista Hugo Alconada Mon, prosecretario de Redacción del diario La Nación.
Pese a que Martinengo seguirá detenida, la fiscal Cecilia Incardona dictaminó en favor de otorgarle la prisión domiciliaria, por tener más de 60 años y ser de grupo de riesgo ante la pandemia de coronavirus. El juez Villena les otorgó prisión domiciliaria a Mercedes Funes Silva, que tiene una hija a su cargo con autismo, y a Belén Saez, que tiene un bebé de tres meses. Ellas son algunas de las 21 personas detenidas por formar parte de una asociación ilícita, que “abarcaría distintos ámbitos del Estado nacional, provincial y local”, que violaron la Ley de Inteligencia para influir en la vida interna de los partidos política, en la opinión pública y “en la situación institucional, política, social, judicial y económica del país”, sostuvo en su acusación el juez Villena.
De los 22 pedidos de detención realizados por el juez Villena, el único que todavía no se pudo concretar fue el del ex agente Martín Terra, exmarido de Analía Maiorana, actual esposa del vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli. Fuentes judiciales aseguraron que Terra habría sido uno de los que espió en forma ilegal a Santilli.
Una de las cuestiones que más inquieta a los dirigentes de Juntos por el Cambio es que el juez Villena intente involucrar a Mauricio Macri en esa asociación ilícita, a partir del rol de Martinengo y una posible detención de Darío Nieto, el secretario privado del ex presidente, quien fue allanado su domicilio y tuvo que entregar sus celulares y computadoras. Es que el juez Villena rechazó la eximición de prisión de Nieto; y su abogado, Gervasio Caviglione Fraga, apeló la medida ante la Cámara Federal de La Plata.
Otra de las novedades de la causa fue que este jueves la ex gobernadora María Eugenia Vidal fue aceptada por el juez Villena como querellante. Su abogado Mariano Mendilaharzu se presentó ante el juzgado de Lomas de Zamora y explicó que Vidal no podía presentarse porque dio positivo de coronavirus y está haciendo la cuarentena en su casa.
Al igual que Vidal, el juez Villena aceptó como querellante al ex funcionario del Ministerio de Defensa durante la gestión macrista, José Luis Vila, quien sufrió un atentado en su domicilio, del que se investiga si fue provocado por este grupo de espías. También aceptó como querellantes al dirigente de Barrios de Pie, Daniel Menéndez; al sindicalista de Comercio, Ramón Muerza; y al vocero de la Tupac Amaru, Alejandro Garfagnini.
Además son querellantes en esta megacausa la vicepresidenta Cristina Kirchner, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y su vicejefe Santilli; el diputado Waldo Wolff y los ex legisladores Emilio Monzó y Nicolás Massot (Juntos por el Cambio), entre otros, quienes fueron víctimas de esta estructura de espionaje ilegal y, por ello, pueden acceder a la causa judicial y proponer medidas de prueba.
Según el juez, la asociación ilícita que formaron espías de la gestión macrista “se habría dedicado, mediante el uso abusivo y sistematizado de medios investigativos ilegales o bajo un aparente manto de legalidad, a la realización de seguimientos, toma de vistas fotográficas, obtención de video filmaciones, recopilación de datos y confección de informes personales”. También al “acceso ilegítimo a base de datos, a la infiltración en distintos grupos y organización sociales y a provocar el inicio irregular de investigaciones judiciales, entre otras maniobras ilícitas, afectando la intimidad de las víctimas”.
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