El juez Carlos Narvarte no es un militante político que ejerza la magistratura, como en otros casos en Santa Cruz, sino un técnico que desarrolló toda su carrera en el poder judicial
de la provincia, aunque dos fuentes santacruceñas lo describieron como “muy influenciable” al poder político de los Kirchner.
Narvarte es egresado en Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y es sobrino de un dirigente que fue intendente de Puerto Santa Cruz durante la dictadura. Antes de ser nombrado por concurso juez multifuero en El Calafate a principios del siglo XX, había sido secretario de un juzgado de familia de Río Gallegos.
El juez penal de El Calafate tiene vínculos con el ex vicegobernador y actual diputado nacional Pablo Gonzalez y con la ministra del Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz, Paula Ludueña, quien a su vez se vincula directamente con Alicia Kirchner, según las dos fuentes consultas por Clarín.
Narvarte, quien se apuró en decir hoy que “no tengo el móvil político dentro de las hipótesis que estoy trabajando”, es el mismo juez que investigó, al principio del gobierno de Néstor Kirchner, la polémica venta de terrenos en El Calafate a precio irrisorio, que es una de las bases de la fortuna de la familia de la vicepresidenta.
El diputado de Juntos por el Cambio y vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior, Alvaro De Lamadrid, confirmó a Clarín que Narvarte fue juez de aquella famosa causa de los terrenos, junto a la fiscal Mercado, que “siempre fue frenada por los Kirchner”.
Otras fuentes opinaron que el “juez Narvarte es una buena persona pero en casos como este de tanta repercusión nacional se verticaliza con el poder político y no da garantías de investigar a fondo ni tiene los recursos necesarios”. “No creó que haya sido asesinado por un TV y otros electrodomésticos. Acá había cheques sin cobrar y la búsqueda de la plata negra de los Kirchner”, agregó una fuente que conoce personalmente al juez.
De Lamadrid, quien fue el autor original de la denuncia por los terrenos fiscales que se vendieron a 7,5 pesos el metro cuadrado, reclamó que la causa debe pasar al juez federal de Río Gallegos sobre todo porque “la fiscal Natalia Mercado tiene un conflicto de intereses“. Dijo que Oscar Zaeta, el abuelo de uno de los acusados por el crimen, “es uno de los escribanos de los Kirchner”. Además, “un tío de los detenidos milita en el sector K de Leopoldo Moreau”, recordó la fuente.
El problema para investigar este caso “es la falta histórica de independencia de la justicia de Santa Cruz de los Kirchner”, afirmó De Lamadrid. “Llama la atención que el juez haya negado tan rápido que el crimen no tenía motivaciones políticas”, remarcó De La Madrid.
La causa que investiga la forma en que el ex intendente de El Calafate Néstor Méndez habría utilizado tráfico de influencias para entregar terrenos a bajo costo, “está detenida en el juzgado de Narvarte hace años”.
De Lamadrid había acusado al ex intendente kirchnerista Méndez por la venta indiscriminada de tierras a funcionarios nacionales de Néstor Kirchner entre 2003 y 2007. En aquel momento, Narvarte había rechazado la recusación con el argumento de que Natalia Mercado no era familiar ni tenía vínculos con Méndez, a quien se pedía investigar. “Una de las beneficiadas con las compras era la propia fiscal”, recordó De Lamadrid.
Paradójicamente, la empresa de venta de autos de alta gama de Gutiérez-quien llevaba una vida lujosa- en El Calafate llamada Contruc Sec SA, había sido tramitada ante el juzgado multifueros de Narvarte.
En su trayectoria, Narvarte investigó el l asesinato del propietario de una estancia cercana a la localidad santacruceña de El Calafate Mario Aguerre por parte de dos sobrinos. También tuvo a cargo en 2009, el trágico caso de la desaparición de la niña Sofía Herrera de un camping en la ciudad fueguina de Río Grande.
En 2011, por esas vueltas de la vida, Narvarte investigó a dos custodios de la entonces presidenta Cristina Kirchner y de Fabián Gutiérrez por privación ilegítima de la libertad, tortura y abuso de armas de fuego contra dos jóvenes. Estos había sido llevados contra su voluntad hasta la costa del lago Argentino a bordo de una camioneta blanca por los custodios. Les envolvieron la cabeza con una bolsa de nylon y les realizaron disparos cerca de la oreja, según el relato de los denunciantes. Los tres policías intentaban recuperar con métodos ilegales las armas oficiales que les fueron sustraídas de la cabaña donde se alojan, informó el diario La Nación.
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