El Gobierno nacional oficializó esta semana el rol que tendrán las Fuerzas Armadas al clausurar, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), la posibilidad
de que los militares intervengan en cuestiones de seguridad interior, algo que había sido habilitado durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri.
“Nadie tiene derechos a sentirse sorprendido con esta decisión que tomamos. Es algo que anunciamos y es el criterio que siempre sostuvimos sobre la defensa nacional. Las fuerzas armadas están para repeler una agresión armada que provenga desde el exterior. No queremos que los militares actúen en la represión del delito o intervengan en cuestiones internas”, señaló en declaraciones a Télam el ministro de Defensa, Agustín Rossi.
El lunes 29 de junio, se publicó en el Boletín Oficial el decreto 571/2020 del Poder Ejecutivo que con la firma del presidente Alberto Fernández estableció que las Fuerzas Armadas sólo podrán intervenir “ante una agresión externa”, y esta decisión cosechó adhesiones en el oficialismo y objeciones en la oposición.
Las fuerzas armadas están para repeler una agresión armada que provenga desde el exterior. No queremos que los militares actúen en la represión del delito o intervengan en cuestiones internas”
Agustín Rossi
La norma derogó el DNU 683, firmado por Macri en julio de 2018, que permitía la incorporación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, y que las facultaba a dar “apoyo logístico en las fronteras para combatir el narcotráfico y el terrorismo”.
De esta forma, el Gobierno vuelve al criterio fijado en 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner, cuando se reglamentó la Ley 23.554 de Defensa Nacional, convalida las directivas sobre el tema que se establecieron en 2009 y 2014.
“No creemos que las Fuerzas Armadas tengan que actuar contra el narcotráfico. Eso no salió bien en ningún país y en la región hay sobrados ejemplos de eso. Los militares no están para combatir el delito. Cuando se los utiliza para esas funciones, se generan bolsones de corrupción y violaciones a los derechos humanos que afectan el prestigio de los uniformados”, fundamentó Rossi.
No obstante, el ministro aclaró que esta postura no implica instalar la noción de “hipótesis de conflicto” y aseguró que las Fuerzas Armadas deben “desarrollar sus existencias, producir sus materiales e incorporar tecnología que se pueda transferir para ser elaborada por el aparato productivo militar”.
“Sabemos que las Fuerzas Armadas necesitan reequiparse para estar preparadas cuando sea necesario que respondan ante una agresión. Para eso, en noviembre de 2019 se sancionó en Diputados el proyecto del Fondef (Fondo para la Defensa). Esperamos que el Senado le dé tratamiento este año y esa fuente de recursos para los militares se convierta en Ley”, remarcó el funcionario.
Los diputados de Juntos por el Cambio (JxC) que integran la comisión de Defensa, criticaron el martes la firma de este decreto, al considerar en un comunicado que se trata de una postura que “atrasa 40 años”.
“Esto nos lleva en el marco normativo 14 años hacia atrás, agravando lo que ya de por sí era una interpretación errónea que avanzaba por sobre la Ley 23.554, autolimitando el empleo legítimo del derecho de todo Estado a la Defensa”, sostuvieron los legisladores opositores en una nota que lleva la firma del diputado radical Carlos Fernández, titular de la comisión de Defensa.
Acompao como cofirmante de este proyecto presentado por el @DiputadoAsseff pidiendo la derogacin del Decreto 571/2020.#DefensaNacional#Atrasan40Aoshttps://t.co/fsnJoaW3Ac
Diputado Carlos Fernandez (@CFernandezUCR) July 1, 2020
“En la actualidad hay nuevas amenazas que la Ley de Defensa no contemplaba porque se sancionó en 1988, en un contexto en el cual todavía existía la guerra fría y la doctrina de seguridad nacional. Fueron criterios que posibilitaron que se cometieran violaciones a los derechos humanos con el pretexto de combatir el comunismo. Pero hoy tenemos otro contexto”, fundamentó Fernández a Télam.
En ese sentido, el diputado evaluó que el terrorismo, los cyber ataques y las amenazas del narcotráfico implican “nuevos desafíos” para el instrumento militar.
“¿Qué pasaría si una organización como el ‘Comando Vermehlo’ de Brasil se instala en la frontera con Misiones? Lo vamos a repeler con la policía de esa provincia?”, se preguntó el legislador bonaerense.
Al respecto, Rossi consideró que Argentina tiene agencias de seguridad como Gendarmería y Prefectura que están capacitadas para combatir el delito en las zonas de frontera.
“Las Fuerzas Armadas dan apoyo logístico a las fuerzas de seguridad. El Ejercito tienen presencia territorial y actúa como factor disuasivo, la armada patrulla nuestros mares y la Fuerza Aérea supervisa el espacio aéreo con los radares”, consideró el titular de la cartera de Defensa.
Por su parte, Nilda Garré, ex ministra de Defensa cuando se reglamentó la ley de Defensa y actual directora del Centro de Estudios Estratégicos Manuel Belgrano –dependiente de la cartera que encabeza Rossi- celebró el retorno de la doctrina de emplear a los Fuerzas Armadas sólo para repeler agresiones externas que provengan de otra estructura estatal.
“Involucrar a las Fuerzas Armadas en cuestiones internas es, en la actualidad, actualizar la doctrina de la seguridad nacional con nuevos enemigos. Ya no está el comunismo, pero aparecen el narcotráfico, el terrorismo y la cuestión migratoria”, evalúo Garré a Télam.
Para la ex ministra, se trata de políticas impulsadas por el Comando Sur de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y consideró que en los últimos cuatro años “hubo un tejido muy finito” entre esa entidad y el Gobierno de Macri.
“Es más, cuando se habla de terrorismo, hay que tener en cuenta que se lo combate con inteligencia. Puedo asegurar que las nuevas generaciones de militares que se formaron en democracia no quieren saber nada sobre dedicarse a cuestiones de seguridad”, subrayó.
