Un miembro del nuevo comité de asesores le pide al Gobierno un protocolo urgente para asignar camas y respiradores

“El Estado tiene que definir un protocolo específico de asignación de camas y respiradores en caso de que colapse el sistema de salud”, dice a Clarín Juan Carlos Tealdi. Es director del

Comité de Ética y del Programa de Bioética del Hospital de Clínicas y uno de los 17 miembros del segundo comité asesor que días atrás creó el Gobierno como mesa chica de consulta ante las que podrían ser las decisiones más difíciles desde que arrancó la pandemia de coronavirus​ en Argentina.

¿Por qué considera urgente la creación de un protocolo que “baje” desde el Gobierno? “Para deslindar de estas responsabilidades a los médicos de terapia intensiva. Cuando no hay previsiones ni organización previa, las decisiones con los pacientes críticos recaen en su totalidad sobre la Terapia Intensiva, que debe decidir lo médico y lo no médico. El protocolo nacional es para evitar que se tomen malas decisiones. Es un problema ético que abarca muchas más cuestiones que sólo las de la medicina”, responde.

Si bien hace dos meses el Ministerio de Salud de la Nación había solicitado recomendaciones a 16 sociedades científicas y médicas para la redacción de guías que pudiesen dejar por escrito las resoluciones de estos dilemas, ese protocolo oficial aún no existe. Con la suba de casos positivos y la ocupación de camas de terapia intensiva al día de hoy, en el peor escenario la decisión de a quién atender -y a quién no- recaería en los comités de cada hospital o clínica privada y en cada profesional de las UTI’s. “No es ético que en cada sitio se decidan esas cuestiones arbitrariamente”, señala el experto en ética aplicada a la medicina.

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Desde hace un mes y medio -cuando su existencia ni siquiera estaba oficializada mediante la resolución posterior- el “Comité de Etica y Derechos Humanos en Pandemia covid-19” (CEDHCOVID19) trabaja en un documento preliminar “con cuestiones generales” y este jueves volvieron a reunirse, “para fijar temas más puntuales”.

Tealdi dice que aún no se discutió sobre este protocolo nacional de asignación de recursos. “Mí preocupación es compartida por varios miembros del comité, pero no ha sido fijada como tema de trabajo hasta hoy”, dice, y agrega que él insistirá en hacerlo.

“Hay que poder imaginar el desorden angustioso y caótico de un colapsó sin planificación previa. Los comités de crisis de cada hospital y clínica tienen que ir previendo escenarios, de acuerdo al número de infectados y a la organización de pacientes críticos, medianamente graves y leves. Tienen que empezar por los recursos humanos. No pueden atender con el mismo número de enfermeras y médicos una demanda de 100 pacientes o de 400″.

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“El tener 20 camas de terapia intensiva y 40 pacientes que necesitan respirador, el dilema de a quién se le da una cama y a quién no, no puede resolverse con una decisión aislada. Se tomarían malas decisiones. Lo que pasó en Italia o Nueva York es que los médicos han resuelto situaciones que no les corresponden a los médicos. No tenían un estándar de crisis previo y protocolizado. Cuando Madrid lo introdujo, a posteriori, sin debate previo, sus criterios han sido muy criticados y han tenido un fuerte rechazo”, explica.

En el caso de un eventual colapso, sugiere que en Argentina, sin un protocolo oficial, pasaría lo mismo.

“Si los médicos de terapia intensiva van a decidir (si ingresar a alguien o no a cuidados intensivos) por la edad, por las discapacidades físicas o cognitivas que tenga, por la recuperación posible después de salir de terapia, es decir, si va a vivir un año, dos o tres, eso no debería ser así. Son decisiones radicales que no corresponde reducirlas a ese espacio aislado. No es un problema de la Medicina sino de las autoridades de Salud, representadas por el Estado”, sostiene.

¿Por qué el Gobierno ni siquiera habla públicamente de un protocolo nacional? Para Tealdi, la cuestión es una traba más de la “descentralización de la salud”. Algo que comenzó en la década de los 90. En pandemia, como se ve en las distintas fases de la cuarentena, las jurisdicciones tienen sus propios criterios para todo.

“Cada provincia tiene autoridad sobre Salud. Si desde el Ministerio de Salud de la Nación no sacan un protocolo nacional, como deberían hacerlo, decisiones de esta envergadura no pueden tomarse en un hospital, donde si vas a tal lado atienden a estos y si vas a otra clínica atienden a estos otros”, apunta.

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¿Por qué este es un problema ético y no sólo médico? “En una pandemia hay que tener un modo de resolución de problemas armónico e interrelacionado entre el poder del Estado -en este caso, el del Ministerio de Salud-, el sistema de salud y la sociedad. Este es un problema ético, justamente, porque según cómo es la estructura del sistema de salud se puede garantizar o no la atención de los pacientes”.

¿El protocolo nacional llevaría a que haya menos muertos? ¿O sólo es un “paraguas legal” para los médicos y las clínicas? Tealdi dice que una guía que distinga las responsabilidades frente a un desborde de los recursos para atender a todos “quizá no reduzca el número de muertos”, aunque es esperable que “en parte lo haga”. Pero, dice, “un protocolo nacional haría que cada persona, afectada y quienes la asisten, fuera más respetada en sus derechos y en su trato digno. Y que la población percibiera un trato más justo y humano que el que se vio en otros países donde colapsó el sistema de salud”.

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