Ruta del dinero K: la Cámara de Casación confirmó que el juicio se reanudará de forma virtual

rechazar un recurso de queja presentado el último viernes por la defensa de Fabián Rossi, que es uno de los imputados en el proceso.

La decisión de la Sala IV, integrada por Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, acompaña la del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 que es el que dispuso la reanudación de forma remota del juicio contra Rossi, el empresario K Lázaro Báez, sus hijos, el ex financista Leonardo Fariña y otros empresarios. Están acusados de lavar 65 millones de dólares mediante complejas operaciones financieras.

El juicio, que comenzó en octubre de 2018, se encontraba en etapa de alegatos cuando debió ser suspendido por la emergencia sanitaria por coronavirus.  Sin embargo, una vez que se aprobaron los mecanismos tecnológicos, el TOF 4 dispuso la reanudación del proceso a través de las plataformas virtuales del Consejo de la Magistratura.

Mirá también

Mirá también

La Cámara de Casación convalidó la citación a juicio de Lázaro Báez durante la feria judicial

Tras esta decisión, la defensa de Rossi cuestionó la modalidad de “juicio virtual” porque -alegó- el sistema electrónico vigente no le permitiría ejercer adecuadamente la defensa.

Tras el planteo, Casación rechazó su solicitud y la defensa interpuso una queja que ingresó el viernes a la Sala IV de la Cámara Federal de Casación, la que finalmente este lunes convalidó la continuidad del debate.

Según precisó Clarín, las audiencias se realizarán todos los miércoles en jornadas de dos turnos (por la mañana y por la tarde) a través de la plataforma de videoconferencia “Jitsi Meet” o “aquella que resulte más adecuada·” para cumplir con el distanciamiento social preventivo.

“La ruta del dinero K” juzga el supuesto lavado de 60 millones de dólares por parte de Báez, sus cuatro hijos, Fariña, Rossi, Elaskar y otras 16 personas.

Todos están procesados por presunto lavado de dinero, producto de supuestos ilícitos cometidos con la obra pública en Santa Cruz adjudicada a empresas del grupo Báez durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, según la acusación hecha por la fiscalía y las querellas de la OA y la UIF.