La Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional dispuso este miércoles avanzar con una investigación sobre el endoscopio que se utilizó en el procedimiento que terminó con la muerte de
la periodista Débora Pérez Volpin en el Sanatorio de la Trinidad, en febrero de 2018.
Así lo establecieron los jueces Pablo Guillermo Lucero y Julio Marcelo Lucini de la Sala 1, al confirmar el procesamiento por encubrimiento de Roberto Martingano, el director médico del centro asistencial, y de la instrumentadora quirúrgica Miriam Eliana Frías, investigada por el delito de “falso testimonio”.
Además, los magistrados revocaron el sobreseimiento del directivo de Galeno, Eduardo Cavallo, y del médico Sebastián Alfredo Cecchi, acusado de haber limpiado el endoscopio utilizado en el examen.
En su resolución de unas 20 páginas, la Sala I advirtió sobre “algunas cuestiones que no podemos soslayar”. En ese sentido, dijo que “se acreditó que el endoscopio secuestrado en el Sanatorio de la Trinidad poseía su numeración de serie erradicada y no contaba con registros de importación ni comercialización en el país, como así tampoco se hallaba inscripto en los organismos pertinentes”.
“No se ha determinado aún cómo es que un equipo de esas características llegó a la entidad y quién realizaba su servicio técnico. Es llamativo que la empresa a cargo de ello nunca prestó servicios para ese aparato”, añade.
Por ello, determinó que “deberán realizarse diligencias que permitan conocer su origen, el que aparece como espurio, según los ingenieros Alberto Cohen y Bonifacio Silvano Zanutto, quienes manifestaron que un equipo que carece de número de serie es considerado ‘non sancto’”.
Además, ordenó “conocer quién resultaba encargado de la adquisición del instrumental, registrarlo y mantenerlo, de modo tal de poder arrojar luz a un tramo de la investigación que aun debe dilucidarse”.
La periodista y legisladora porteña murió en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo el 6 de febrero de 2018, durante una videoendoscopía. El primer juicio por su muerte concluyó con la condena a tres años de prisión en suspenso del endoscopista Diego Bialolenkier, por homicidio culposo, mientras que la anestesióloga Nélida Inés Puente fue absuelta.
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