Después del escándalo que estalló hace tres años, cuando la fiscal Gabriela Boquín denunció que el gobierno encabezado por Mauricio Macri estaba a punto de aceptar una propuesta de pago de la deuda
de la empresa Correo Argentino con el Estado que supuestamente implicaba una pérdida millonaria para las arcas públicas, en julio del año pasado la firma de la familia Macri presentó ante la Justicia Comercial otra propuesta de pago, que fue rechazada por el Estado como uno de los acreedores. Esa decisión fue apelada por los abogados del Correo, pero el Procurador del Tesoro Carlos Zannini pidió que no se dé tratamiento al planteo. Desde la compañía lo acusan de querer conducirlos hacia la quiebra.
El Correo Argentino SA, la firma del Grupo Socma, de la familia de Mauricio Macri, quiere recuperar la administración de la compañía intervenida por pedido de la fiscal Bouquin, planteo que Zannini respaldó a comienzos de año.
Así, se dejaba de lado una propuestas que la empresa había realizado el año pasado, que consistía en el depósito al contado de 296 millones de pesos, 30 días después de homologado el acuerdo. Además, ofrecía una actualización de los intereses de la deuda, pero vinculada al pago por parte del Estado de alguno de los juicios que le entabló el Correo por la confiscación de la firma en el año 2003 realizada por Néstor Kirchner.
Ante esta nueva oferta, la Procuración del Tesoro -organismo responsable de avalar o no el acuerdo- decidió rechazarla y pedir la intervención que finalmente dispuso la jueza comercial Marta Cirulli. Por pedido de Zannini, la semana pasada se levantó la feria judicial extraordinaria y la interventora tomó posesión del cargo.
La medida desplazó a la administración del Correo, algo que derivó en un nuevo reclamo porque los abogados sostienen que la intervención “no se encuentra firme”, y además denunciaron que el sorteo para la selección de la interventora “se realizó sin las partes presentes y sólo con dos testigos de la Procuración”.
La intervención se dispuso por un planteo de la fiscal Bouquin que replicó en un escrito Carlos Zannini, donde se hablaba de “vaciamiento” de la empresa.
Con dureza, Boquín sostuvo que “luego de más de 15 años en que debiera haberse encauzado el procedimiento del cramdown –según lo ordenara la Cámara 27 de octubre de 2004- nos encontramos frente a un escenario en el cual durante el extenso lapso de tiempo transcurrido, la concursada perpetró actos de gravedad -que he denunciado- ligados al vaciamiento de la empresa o fueron efectuados violando lo dispuesto” en la Ley de Concursos.
Por otro lado, indicó que el pasivo concursal se “incrementó”, lo que podría producir “otros actos que continúen agravando la situación patrimonial de la concursada, disminuyendo su activo y perjudicando a los acreedores si fracasa el “cramdown”.
Todo esto derivó en que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial decidiera en diciembre de 2019 la apertura de un registro para iniciar el proceso de salvataje para la empresa, que de fracasar dejaría a la firma al borde de la quiebra. La defensa de la empresa de la familia Macri se opuso.
Según sostienen desde la compañía, el Estado “representado en esta ocasión por el Procurador Carlos Zannini, quiere llevar al Correo a la quiebra”. Por ello insisten en la justicia con un reclamo contra la apertura del salvataje. A esto e opuso hace pocos días el Procurador del Tesoro, para quien el cramdown“no genera ningún agravio para la concursada” y que en ese contexto deberán “reformular su propuesta”.
Pidió en consecuencia que no se haga lugar al pedido de tratar el recurso extraordinario, y que se pida la opinión de la interventora. Ahora restará el planteo del a fiscal ante la Cámara.
Historia de una causa compleja
Cuando se privatizó el Correo Argentino, en 1997, la concesión quedó por 30 años en manos de un consorcio integrado por Socma (Sociedad de la familia Macri, 67%) y socios minoritarios. Pero el Correo privado no pagó el canon, y la deuda con el Estado creció hasta que, en 2001, alcanzó los 296 millones de pesos y entró en concurso de acreedores.
En 2003, el Correo fue estatizado por el entonces presidente Néstor Kirchner. A raíz de la deuda de Socma se inició una causa judicial por el saldo original de 296 millones más los interes en concepto de actualización.
Mientras tanto, en esos años, los ex dueños del Correo habían ido incrementando su participación en la empresa controlante, y presentaron tres reclamos principales contra el Estado por 1.700 millones de pesos, otros 500 millones de pesos y 120 millones de dólares, más intereses, para compensar supuestas inversiones realizadas.
Pero en junio de 2016, cuando Mauricio Macri ya estaba en la Casa Rosada. el Gobierno y la empresa llegaron a un acuerdo de pago, que nunca fue homologado, según el cual el Grupo Macri debía pagar 300 millones de pesos en 15 años, con una tasa de interés del 7%. La fiscal Boquín rechazó esa propuesta por considerarla “ruinosa, abusiva” y cuya “irregular aceptación” perjudicaba “gravemente el patrimonio del Estado nacional”.
El argumento de la fiscal sostenía que dicho acuerdo implicaría una quita del 98,2% a favor de la firma controlada por la familia del presidente, y un perjuicio multimillonario para el Estado. Calculó en más de 4.000 millones de pesos la pérdida para el Estado, que provocaría la “condonación de la deuda” que implicaba la aceptación del acuerdo con los ex dueños del Correo, monto que llegaría a los 70.000 millones de pérdida en el año 2033. Sin embargo, el abogado experto en quiebras Daniel Vitolo explicó que el cálculo de la fiscal estaba equivocado porque se trataba de una empresa concursada.
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