Cristóbal López aceptó que el juicio en su contra por fraude al Estado se reanude de forma online

una serie de requisitos, entre ellos la publicidad de las audiencias, el empresario patagónico aceptó que el debate oral se retome pero con una modalidad semipresencial, requiriendo que los defensores como los testigos estén en la sala de Comodoro Py y que se digitalice toda la documentación.

El 13 de junio de 2019 inició el juicio contra Cristóbal López, Fabián De Sousa (dueños del Grupo Indalo) y Ricardo Echegaray (ex titular de la AFIP), en la causa donde se los acusó por presunta defraudación al Estado al no haber tributado el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) a través de la empresa Oil Combustibles. El procesamiento se realizó por un supuesto fraude por 8.000 millones de pesos.

Después de que concluyera la etapa de indagatorias, en el juicio que lleva adelante el TOF 3 -presidido por el juez Andrés Basso, e integrado por sus pares Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos- comenzaron las declaraciones testimoniales. Las partes acordaron escuchar a unas cincuenta personas, de las cuales ya pasaron por el estrado al menos veinte.

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Ante la prolongación de la feria extraordinaria judicial en el marco de la pandemia del Covid19, la Cámara de Casación ordenó a los tribunales que vean la forma de reanudar los debates orales a través de la plataforma virtual que provee la Dirección de Tecnología del Consejo de la Magistratura. Así, el Tribunal pidió que se informe respecto a la disponibilidad de dicho sistema para reanudar el debate oral.

Asimismo, se pidió a los acusados que se pronuncien al respecto, para saber si todos estaban de acuerdo en reiniciar el juicio oral y público de forma virtual. El primero en responder fue Cristóbal López, a través de su abogado Fabián Lértora. En el escrito al que accedió Clarín, el empresario K consideró “atendible la intención de buscar alternativas para continuar el proceso por vías telemáticas, sí es que las restricciones a la circulación establecidas por la autoridad sanitaria se extienden por mucho tiempo más”.

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López aceptaría retomar el juicio, pero con algunas condiciones. Entre ellas, que deberían “arbitrarse las medidas posibles a fin de garantizar la publicidad, la oralidad y la inmediación, así como extremar los recaudos para que pueda ejercerse adecuadamente el derecho a defensa de los imputados”.

Respecto a la modalidad, sugirieron que se realice de forma semipresencial, es decir que los testigos que deban declarar lo hagan “en la sala dispuesta para el debate en presencia de los miembros del Tribunal“, para “garantizar la transparencia y credibilidad de las declaraciones, asegurando al mismo tiempo la posibilidad real de contradicción y control de las mismas”. 

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Por otro lado, se requirió que se autorice “la presencia de, al menos, uno de los defensores en la sala de audiencias y se garantice la conectividad a Internet, de modo que pueda comunicarse la defensa y el imputado. Tal como se produce en cualquier juicio oral”. También pidieron que se garantice la publicidad de las audiencias del debate.

Finalmente, la defensa de Cristóbal López, pidió que antes de reanudar el debate se digitalice y se ponga a disposición “toda la documentación reservada” durante la instrucción y la que sumó en el juicio. El TOF 3 ya había informado que a los testigos que vayan declarando se les iba a requerir que digan con antelación qué documentación van a citar, para que la misma sea digitalizada y provista a las partes.

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El juicio

Según la acusación del caso, se “corroboró la maniobra de corrupción por la cual desde la AFIP, los funcionarios encargados de administrar las rentas de la Nación, encabezados por el titular del organismo Ricardo Echegaray, defraudaron a través del ITC de modo sistemático, deliberado y permanente al Estado Nacional, en beneficio de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, ocasionando un perjuicio a la administración pública superior a los 8 mil millones de pesos”.

La Justicia determinó que los planes de facilidad de pago otorgados por la AFIP al empresario K le permitieron no pagar el impuesto mencionado para que lo “utilizaran indebidamente y en su propio beneficio”. Ese dinero, según la Justicia, se destinó a capitalizar a las demás sociedades del grupo Indalo. “Ello, en perjuicio de las arcas del Estado que dejó de percibir la suma de $ 5.144.538.391,07 en concepto de capital”.

Hubo tres momentos claros en la causa: el primero de ellos en 2010, cuando se constituyó Oil Combustibles, a la que considera una “estructura societaria para el fraude”. Después, comenzó la instancia de “acumulación ilegítima de deuda” del ITC. Se sostuvo que, con el otorgamiento “irregular de planes de facilidades de pago”, López usó de forma “indebida el impuesto”para financiar y expandir al Grupo Indalo.