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En Hong Kong, área administrativa especial de China, el presidente Xi Jinping tomó una de las decisiones más resonantes desde que asumió el poder. Semanas atrás, la Asamblea Popular de China sancionó una nueva ley de Seguridad que avanza sobre diversos aspectos del status especial del que goza la ciudad, en base al principio de “un país, dos sistemas”.
La ley es consecuencia directa de las masivas y violentas protestas que sacudieron Hong Kong durante gran parte de 2019. Este movimiento de Beijing en pos de recobrar el control no fue para nada sorpresivo. Estaba previsto desde hacía meses, apenas demorado por la pandemia de Covid-19.
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En términos prácticos, la nueva ley creó una oficina dependiente de Beijing en Hong Kong, con jurisdicción en materia de Seguridad. Además, la normativa impuso durísimas penalidades a quienes sean acusados de terrorismo, sedición, subversión y colusión con fuerzas extranjeras, con estricto control de los flujos de información.
La Casa Blanca consideró la nueva ley como una virtual finalización del status especial de Hong Kong, mientras que el Congreso aprobó por amplio consenso una ley que aplica fuertes sanciones a personas y empresas vinculadas al régimen chino. Si bien la postura de Estados Unidos tuvo amplio respaldo de sus principales socios de Occidente, queda la duda si estas sanciones afectarán realmente a Beijing, o bien a los 8 millones de hongkoneses y más de 100.000 estadounidenses que viven allí.
La otra delicada cuestión que cobró relevancia en el marco del conflicto entre Estados Unidos y China es la situación en materia de derechos humanos en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang, habitada mayoritariamente por los musulmanes chinos. Beijing ha sido acusada de montar allí centros para reclusiones forzadas, donde se cometerían diversos abusos, incluso controles de natalidad. Todo ello ha sido negado tajantemente por el gobierno chino, que considera estas acusaciones como ofensas inadmisibles.
Al igual que el caso de Hong Kong, el Congreso estadounidense sancionó en junio pasado una Ley de Derechos Humanos para Xinjiang, imponiendo penas y restricciones de visas a oficiales chinos. La tensión diplomática escaló notablemente con la sanción por parte del Departamento del Tesoro norteamericano a Chen Quanguo,Secretario General del Partido Comunista de Xinjiang y miembro del encumbrado Politburó chino. Beijing replicó con una serie de medidas equivalentes.
Por el momento, es poco probable que la cuestión de la autonomía y los derechos humanos vinculados a la situación en Hong Kong y en Xinjiang condicione directamente la evolución del conflicto entre Estados Unidos y China en los otros planos. Pese a la retórica cada vez más confrontativa de Donald Trump contra China, la Casa Blanca ha seguido priorizando la preservación del acuerdo comercial con Beijing, como una promesa clave de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.
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En ese sentido, no pareciera estar en agenda apelar a medidas radicales contra China, que eventualmente puedan desencadenar repercusiones económicas globales más amplias, dado el alto riesgo de réplicas igualmente dolorosas por parte de China y, para colmo, frente a las complicadas perspectivas electorales de Trump.
El problema son las percepciones divergentes. Si bien para los tomadores de decisión en Washington las sanciones implementadas en torno a Hong Kong y Xinjiang constituirían un enfoque “moderado”, desde la óptica de Beijing representan, por el contrario, una inaceptable intromisión en los asuntos internos de China.
Quizás la principal razón por la cual Beijing también ha respondido de manera moderada es la necesidad compartida de mantener a toda costa las negociaciones comerciales y no complicar aún más las relaciones bilaterales, en un contexto global tan complejo. Pero, de más está decir, esta circunstancia coyuntural no es ninguna garantía a futuro.
*Master en Estudios Chinos. Director del Observatorio Sino-Argentino. Docente universitario (UCA y Zhejiang University).
