La titular de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa Fe, María Victoria Stratta, dijo este martes que insistirá con el pedido de intervención de la firma agropextoradora Vicentin para “evitar la quiebra” y que los actuales administradores “no están en condiciones” de continuar su tarea porque “son los que han llevado a esta situación”.
Stratta adelantó de esta forma la posición que llevará el Gobierno de Santa Fe a la reunión de conciliación convocada para mañana por el juez Civil y Comercial de la Segunda Nominación, Fabián Lorenzini, que tiene a su cargo el concurso preventivo de acreedores de la cerealera.
Tras rechazar el planteo de intervención efectuado por Santa Fe y elevar la apelación a la Cámara de Reconquista, el magistrado convocó al Gobierno provincial y a la empresa a una reunión de conciliación para “la búsqueda conjunta de una solución” a la controversia sobre la administración de la compañía.
“Nosotros pedimos la intervención de la administración, que no es ir por la propiedad”, aclaró la funcionaria santafesina sobre el planteo judicial realizado el 19 de junio último por la IGJP.
Uno de los principales acreedores es el Banco de la Nación Argentina, que presentó acreencias por unos 18 mil millones de pesos otorgados a la cerealera para prefinanciar exportaciones.
En diciembre del año pasado la compañía –que es la principal exportadora argentina de capitales nacionales- se declaró en cesación de pagos al no hacer frente a sus compromisos con proveedores, clientes y entidades financieras locales e internacionales.
“Esta compañía, a la cual todos coincidimos que no hay dejarla ir a la quiebra, necesita dinero y necesita confianza”, sostuvo Stratta.
“La confianza en este negocio es muy importante”, remarcó la funcionaria en declaraciones a Radio Con Vos.
Dijo que “los accionistas también están de acuerdo en no ir a la quiebra” pero subrayó que “estos administradores no están en condiciones para llevar adelante las tareas, porque son los que lo han llevado a esta situación”.
A la vez, la responsable de la IGJP de Santa Fe indicó que “la intervención es una medida que hay que separarla de las investigaciones, que van por otro carril”, en referencia a las causas por presunto lavado de activo en Paraguay y por posible defraudación, en Argentina.
“Nosotros no afirmamos que son culpables. Pero si afirmamos que en este contexto con una situación tan crítica no pueden administrarlo”, insistió Stratta.
La funcionaria dijo que en la reunión de conciliación prevista para mañana a las 17.30 en el juzgado, en la ciudad santafesina de Reconquista, llevará la posición de “tener un esquema donde se pueda recuperar la administración” de la empresa por parte del Estado provincial, mientras se extienda el concurso de acreedores.
“Todo eso hay que conversarlo mañana”, señaló.
