Los largos confinamientos y el pesimismo generalizado en América Latina por el avance del coronavirus y la debacle económica han atizado las tensiones, que en
algunos casos comienzan a convertirse en protestas.
Cuando el continente se consolida como epicentro mundial de la pandemia, que dejó hasta ahora 3,6 millones de contagios y más de 150.000 muertos en Latinoamérica, y sin la perspectiva cercana de que la curva ceda la paciencia se agota en sectores de la ciudadanía, que en su mayoría ha obedecido en las pautas de las autoridades.
Una convocatoria a un cacerolazo en Chile la noche del martes degeneró en focos de protestas violentas.
El llamado era para presionar por una ley que permita el retiro anticipado de fondos de pensiones para que las familias capeen la sostenida falta de ingresos por la crisis económica producto de la cuarentena.
“Las ayudas del gobierno de Sebastián Piñera no han llegado, yo saco el 10% y me pongo al día con el colegio de las niñas”, dijo a la AFP Agustín Serrano, un ingeniero mecánico desempleado, de 41 años.
En el centro de Santiago, encapuchados prendieron fuego a al menos 20 vehículos y un ómnibus del transporte público. En la periferia de la ciudad, pese al toque de queda vigente y el despliegue militar, manifestantes levantaron barricadas y saquearon supermercados. Los disturbios se saldaron con 61 detenidos.
Vehículos quemados luego de una noche de furia y protestas en Santiago de Chile en rechazo a una ley de jubilaciones, este martes. /AFP
La ley, a la que se opone Piñera, se aprobó al día siguiente en Diputados y es muy posible que reciba el aval en el Senado.
También el martes, en Bolivia unas 4.000 personas desafiaron la cuarentena obligatoria y marcharon unos 12 km desde El Alto hasta La Paz.
“Estamos defendiendo la estabilidad laboral, hay muchos despidos”, dijo Juan Carlos Huarachi, el minero que lidera la Central Obrera Boliviana, al denunciar que el gobierno de la derechista Jeanine Áñez no ha respetado “sus propios decretos” de inamovilidad laboral.
Aunque la protesta, que llegó a las inmediaciones del palacio de gobierno, acabó pacíficamente, manifestaciones previas tuvieron otro desenlace.
Días antes, vecinos de un barrio de las afueras de Cochabamba, en el centro, que exigían el cierre de un vertedero aledaño por considerarlo un foco de infección fueron duramente reprimidos por las fuerzas de seguridad, que desplegaron incluso helicópteros y aeronaves militares.
En respuesta, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le recordó al gobierno de Áñez “sus obligaciones de garantizar los derechos humanos, de no criminalizar a líderes, lideresas y participantes de las protestas sociales”.
Brasil, México, Perú y Chile son los países más castigados de la región por la covid-19, que provocará que unos 45 millones de personas más caigan en la pobreza en Latinoamérica y el Caribe, según la ONU.
Tras casi cinco meses de la irrupción del virus, los gobiernos hacen malabares para mantener andando mínimamente sus economías, que de acuerdo con estimaciones de la CEPAL perderán más de 2,7 millones de empresas y al menos 8,5 millones de puestos de trabajo.
La virulencia cada vez mayor de la epidemia ha hecho dar marcha atrás a planes de desconfinamiento y reapertura, como ocurrió en ciudades y barrios de Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, El Salvador y Brasil, entre otros países.
Pero la presión social se vuelca en sentidos opuestos.
Sucedió en Brasil, donde simpatizantes y opositores al gobierno del ultraderechistaJair Bolsonarose manifestaron en Brasilia para mostrar su apoyo y rechazo al Ejecutivo.
Una marcha contra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en junio en Brasilia. /EFE
Bolsonaro, confinado en su residencia oficial desde la semana pasada tras haber contraído el virus, reiteró el jueves su postura contraria a dictar medidas que afecten la economía, bajo el argumento de que “la falta de salario y de trabajo matan más que el virus”.
También un millar de trabajadores de la salud en El Salvador marcharon el jueves reclamando al Congreso a endurecer la cuarentena para contener el alza de contagios.
El país se confinó casi tres meses desde el 21 de marzo y pese al aumento de casos, que rondan los 11.000, inició el 16 de junio la apertura progresiva de actividades.
“Ya no queremos más muertos, más contagiados por la pandemia. Exigimos la cuarentena, de lo contrario el sistema de salud va a colapsar y quien pagará será el pueblo”, dijo a la AFP Ricardo Monge, uno de los líderes de la convocatoria.
Una marcha de sindicatos en Ciudad de Panamá, este jueves, contra una posible reforma al Código de Trabajo que intenta paliar los efectos económicos de la pandemia de COVID-19. /EFE
En Panamá, el más golpeado de Centroamérica y cuyos hospitales están al borde del colapso, las protestas del personal sanitario se han multiplicado para exigir equipos de protección, insumos médicos y más personal.
El jueves, grupos de médicos se apostaron frente al principal centro médico público.
“El personal se está enfermando y tiene que quedarse en casa”, afirmó a la AFP David Macías, un médico que ya atravesó la enfermedad, aumentando la tasa de personal por pacientes lo que “empeora realmente” la atención a los enfermos por covid-19.
Fuente: AFP
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