Pese a que el presidente Alberto Fernández quiso bajar el tono al debate sobre la decisión del Gobierno de intervenir con un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) a la empresa
Vicentin, quienes habían sido designados interventores -y luego fueron desplazados por el juez Fabián Lorenzini, que conduce el concurso de acreedores- se quejaron del proceder del magistrado, y recordaron que ellos sostienen el reclamo de ser repuestos en sus funciones. En un escrito reclaman un balance de la compañía y, a través de ese planteo, también critican a la sindicatura del concurso.
El de Vicentin se encuentra dentro de la categoría de los “grandes concursos”, por la envergadura de la compañía, que aún devaluada por su multimillonario pasivo costaría unos 700 millones de dólares. También es considerado así, por la cantidad de acreedores admitidos, 2.368 por una deuda global de 100.000 pesos. Los créditos se verificarán hasta el 25 de agosto, después de cuando la sindicatura emitirá el informe sobre el pasivo de la cerealera.
En el marco del concurso, el 19 de junio, el juez Lorenzini decidió que por la complejidad de la empresa, debía volver a ser administrada por sus dueños. Esto devino en otra medida: los interventores designados por Alberto Fernández quedaron reducidos a veedores controladores. La última semana, el Presidente admitió haber cometido un error con su anuncio sobre una expropiación de la cerealera previa intervención de la empresa, siendo que está bajo la supervisión de un juez comercial.
La pelea luego sumó a la provincia de Santa Fe, que pidió que los interventores Luciano Zarich y Gabriel Delgado sean repuestos en sus cargos y que a ellos se sume un tercer interventor en representación del gobierno local. Vicentin y la administración de Omar Perotti comenzaron un camino de diálogo y buscan un acercamiento, pero un escrito de Zarich volvió a confrontar con el juez, la compañía y la sindicatura del concurso.
Los ex interventores insistieron en un escrito que se encuentran legitimados por el DNU que firmó Alberto Fernández y reclamaron, una vez más, “la tutela judicial en el que nos invistiera una decisión del PEN”, algo que entendieron se resolverá en el incidente judicial creado para analizar su reclamo de recuperar el control de Vicentin.
Zarich y Delgado volvieron a remarcar que su desplazamiento como veedores controladores es “algo que no consentimos”, porque a su juicio tienen el “derecho de contralor activo”.
En este sentido, criticaron al juez del concurso al señalar que intimó a Vicentin a que entregue su último estado contable, correspondiente a 2019, “sin emplazamiento de días y horas hábiles para realizar la manda, ni tampoco un apercibimiento en caso que no sea cumplida”, indica el escrito al que accedió Clarín. Asimismo, remarcan que “hace cuatro meses que la concursada incumple” con la presentación de la documentación requerida.
Zarich habló de que la empresa se comporta “en rebeldía” y “desafía constantemente manifiestamente la ley y al magistrado diciendo que no cumplirá“. El escrito sostiene que la documentación debería haber sido entregada hace cuatro meses.
Con este reclamo como eje del escrito, se refrieron a que la situación reviste aún mayor gravedad siendo que “Vicentin se encuentra investigada por presunta defraudación” en el fuero penal federal. Allí, el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita investigan los créditos concedidos por el Banco Nación Nacional al Grupo por 18.500 millones de pesos.
La ex interventores sostienen que los balances que se niega a entregar la firma cerealera corresponden “al período temporal en donde se producen movimientos patrimoniales de la concursada que deberían haber quedado registrados, justamente, en el balance que no aparece”.
Fue en este aspecto que criticaron al juez Lorenzini y señalaron: “Llama la atención la pasividad y silencio respecto a la inexistencia de ese registro como así también la extrema indulgencia de no emplazar ni apercibir a la concursada para que aparezca el imprescindible documento”, y consideraron que eso “pone en riesgo la consecución del proceso concursal”.
En otro de los párrafos, criticaron los informes de la Sindicatura Plural, y sostuvieron que lo presentado al momento “no se condice con lo que establece la Ley de Concursos y Quiebras. Calificaron de “nada” los informes presentados con la situación de la empresa. Siendo que el último, del que dio cuenta Clarín, sostiene que pese a su situación concursal Vicentin viene cumpliendo con sus obligaciones comerciales y no ha generado deuda post concursal.
Los ex interventores descreen de esto y por ello insisten con su reposición. Plantearon que los informes de la Sindicatura deben ser mensuales “y a la fecha no existe presentado ni uno en tiempo y forma”.
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