Choques entre las potencias europeas en la cumbre sobre el multimillonario fondo anticrisis

el montante, la gobernanza y las condiciones de dos estructuras paralelas que deben ayudar al bloque a sacar la cabeza de la peor crisis económica de su historia, una recesión que según varias previsiones rondaría el 9% este año, tras el azote del coronavirus​.

Se negocian dos cosas. Por una parte, 1,050 billones (millones de millones) de euros del presupuesto de la Unión Europea para el período 2021-2027, que se alimenta con contribuciones nacionales según el peso económico y la riqueza relativa de cada país. Y un fondo extraordinario anticrisis de 750.000 millones de euros que se financiará con una emisión de deuda inédita en nombre de la UE que todos avalan, cada uno según su peso económico.

Esos 750.000 millones son la cereza en la cúspide la torta de la respuesta europea a esta crisis y dos tercios de los mismos deberían distribuirse en transferencias a fondo perdido. Son 500.000 millones de euros que se repartirán siguiendo varios criterios: población, desempleo en el período 2016-2019 y evolución del PBI. Para tener en cuenta el impacto real de la crisis en el reparto un 30% se decidirá en 2022, según la evolución económica de 2020 y 2021.

El debate es tenso porque no todos los países están sufriendo la crisis con la misma gravedad, porque muchos gobiernos no confían en que la Comisión Europea, que hace las funciones de Ejecutivo del bloque, vaya a controlar estrictamente el uso de los fondos y porque los países se organizan en bloques para negociar. Las posturas maximalistas de algunos, principalmente de los holandeses, complican las conversaciones.

El presidente del Consejo Europeo –la institución menos federal del bloque, la que reúne a los gobiernos-, el ex primer ministro belga Charles Michel, presentó ya varias propuestas, todas a la baja. Pero los autodenominados ‘frugales’ (Austria, Dinamarca, Países Bajos, Suecia y en algunos asuntos Finlandia) exigen recortes masivos del fondoextraordinario hasta que no supere los 400.000 millones de euros. En su idea las transferencias no llegarían ni a la mitad, algo inaceptable para Roma, Madrid, París, Lisboa, Atenas e incluso para Berlín.

Esos países, que no alcanzan ni el 20% de la economía ni de la población europea, resisten la presión de los cuatro grandes (Alemania, Francia, Italia y España) y de casi todos los demás porque la aprobación de los presupuestos 2021-2027 requiere unanimidad. No así la del fondo anticrisis, que podría salir adelante con una mayoría cualificada que esos cinco no podrían bloquear. Pero sería una votación muy polémica y que dejaría heridas muy graves. De ahí que se siga negociando.

El mecanismo de gobernanza del fondo anticrisis es otro obstáculo. La propuesta sobre la mesa implica que las capitales deben enviar programas de reformas nacionales a la Comisión Europea. Esta, en un plazo de dos meses, debe dar su visto bueno o poner objeciones. Cuando esté el visto bueno preparado, la carpeta pasa al Consejo (los gobiernos), que deben aprobar esos planes por mayoría cualificada: 55% de países que representen al 65% de la población de la UE. Son 26 los gobiernos que parecen aceptar ese mecanismo. Todos excepto los Países Bajos.

El primer ministro holandés Mark Rutte, que va a las urnas en marzo y teme el auge de la ultraderecha eurofóbica –a la que sigue en lugar de confrontar como hicieron en el pasado por ejemplo el francés Emmanuel Macron o la alemana Angela Merkel- exige un derecho de veto que nadie más pide. Para saltar ese obstáculo, a Rutte se le ofrecía este sábado un “freno de emergencia”. Significa que cualquier gobierno podría pedir una reunión extraordinaria si no estuviera de acuerdo con algún plan nacional. Los ministros de Finanzas deberían darle el visto bueno.

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Más que un mecanismo para utilizar, sería para que Rutte pudiera venderlo en casa porque su utilización sería políticamente tóxica. Rutte quiere que países como Italia y España den otra vuelta de tuerca a los ajustes más impopulares de la última crisis, como pensiones de jubilación y reformas laborales. Y esos países, escaldados de aquellos años de ajustes, rechazan totalmente esas ideas y sólo aceptan respetar las recomendaciones de reformas que haga la Comisión Europea: respeto a la senda del déficit público pero también objetivos climáticos, digitalización, inclusión social o estabilidad en el mercado de trabajo.

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