En el marco de su ofensiva sobre la Justicia, el kirchnerismo dio esta semana el primer paso en el Consejo de la Magistratura de la Nación para intentar desplazar de sus
tribunales a jueces que instruyen causas clave por corrupción contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, otros ex funcionarios y empresarios K. La jugada busca fundamentalmente remover de sus cargos a los miembros de la sala I de la Cámara Federal porteña que confirmaron el procesamiento de la vicepresidente como supuesta jefa de una asociación ilícita en la causa de los Cuadernos de las Coimas. También, desplazar a jueces del Tribunal Oral Federal 3 (TOF 3), que lleva a delante el juicio oral por la causa Oil contra Cristóbal López y otras que importan a los K. En ambos casos, aunque no logren los desplazamientos, pueden conseguir más retrasos.
El representante del Gobierno en ese organismo, Gerónimo Ustarroz, hermano de sangre del ministro del Interior y miembro de “La Cámpora”, Wado De Pedro, pidió estudiar unos 38 desplazamientos de jueces registrados durante el gobierno de Macri con la excusa de que “no cumplieron con todos los recaudos” legales y administrativos. En una nota presentada el jueves, Ustarroz le pidió a la presidenta de la comisión de Selección y de la Escuela Judicial, la diputada lavagnista Graciela Camaño, que se expida sobre la validez esos movimientos internos en la Justicia, revelaron a Clarín fuentes judiciales.
El diputado de Cambiemos y miembro de la Magistratura, Pablo Tonelli, adelantó a Clarín que “vamos a resistir este nuevo ataque sin fundamento legal”, primero en esa comisión y luego en el recinto. “Los jueces seguirán ejerciendo sus funciones ya que muchos fueron trasladados antes de la acordada 7 de la Corte del 2018”, explicó. Además, para dar de baja a esos traslados, el Gobierno debería derogar decretos del ex presidente Mauricio Macri, “revocar sus efectos mediante un juicio penal” y hacer un nuevo concurso, explicó.
Esta una nueva jugada es parte de una extensa estrategia para lograr la impunidad de Cristina. El kirchnerismo inauguró el año abriendo un debate en torno a los “presos políticos” versus “prisiones preventivas arbitrarias”: todos los ex funcionarios K con prisión preventiva quedaron afuera menos Lázaro Báez, Jaime y Schiavi, entre otros, de la mano de la “doctrina” del Lawfare. Luego, logró la sanción de una polémica ley jubilatoria de los jueces que ya llevó a más de 60 magistrados a retirarse y planea una reforma judicial que incluiría cambios en la Corte, mientras la Oficina Anticorrupción se retiró como querellante del juicio oral por Hotesur y Los Sauces y el senador y ex titular de la AFI Oscar Parrilli pidió el juicio político del fiscal Carlos Stornelli y el defensor oficial Gustavo Kollmann por la causa de los Cuadernos de las Coimas. Y esta semana lanzó una ofensiva en el Congreso para tratar de remover al Procurador General de la Nación interino Eduardo Casal.
En la nota el representante del Gobierno le dice a Caamaño que revise “los traslados de magistrados detallados y dictamine sobre sus alcances, ello de modo preliminar a que el Poder Ejecutivo se adentre en el examen de las solicitudes formuladas por los jueces Roberto Naciff y Alejandro Esmoris” de Mendoza y La Plata a otros destinos. Se trata de nuevos pedidos de traslado que sirven como excusa para revisar los de los últimos años.
Ustarroz describió tres tipos de categorías de traslados. Los que cumplieron, a su criterio, con la “totalidad de los requisitos exigidos por el Reglamento de Traslados de Jueces entonces vigente, la ley 24.937 y modificatorias y la Constitución, conforme a la jurisprudencia de la Corte así como a las Acordadas números. 4/2018 y 7/2018”. En una segunda categoría incluyó los traslados propiciados por el Consejo de la Magistratura en los que “no se han abastecido la totalidad de los recaudos formales pero no ha existido vulneración alguna al procedimiento constitucional de designación de jueces inferiores de la Nación consagrado en el art. 99 inc. 4 de la Constitución, conforme a la jurisprudencia de la Corte y a las acordadas 4/2018 y 7/2018”. Incluyó en esta categoría a aquellos a traslados que no cumplieron con alguno de los siguientes recaudos reglamentarios y los puntualizó:
– El magistrado peticionante tenga una antigüedad no menor a cuatro (4) años, desde la fecha de posesión de su cargo.
– La solicitud deberá efectuarse ante el Consejo de la Magistratura con expresión concreta de las causas por las que se pide el traslado.
– Mediante Decreto PEN 957/2018 obtuvo nuevo nombramiento por 5 años.
– Deberá fundarse que el traslado redundará en una más eficaz prestación del servicio de justicia.
– Contar con la opinión favorable de la cámara de apelaciones de la jurisdicción y una certificación de la dependencia correspondiente sobre la antigüedad del solicitante en el cargo que ocupa.
En esta categoría de supuestos movimientos internos irregulares incluyó a Fernando Machado Pelloni, quien fue trasladado del TOF 7 de Capital Federal al TOF 3; a Andrés Basso y a Javier Ríos quienes están en la misma situación que el primero. El TOP 3 lleva adelante el juicio por el fraude al Estado de Oil Combustibles por más de 8 mil millones de pesos y en el que está imputado Cristóbal López, entre otros.
En la nota el representante del Gobierno, objetó también al ex presidente de la Asociación de Magistrados Ricardo Recondo, quien jugó un papel clave para la declaración de inconstitucionalidad de la “Democratización de la Justicia” que impulsó Cristina en su segundo mandato. Es porque pasó de la sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a la Sala III. En cambio, en fuentes judiciales no se entendió en términos políticos por qué objetó el cambio de la sala I a la sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal Ana Figueroa, quien acaba de hacer una denuncia de “presiones” del macrismo sobre la Justicia. Es que la sala I tiene las causas Hotesur, Los Sauces y Cuadernos.
En la tercera categoría, se objeta que “no se ha dado cumplimiento al art. 1 inc. B del Reglamento de Traslados aprobado por la Resolución 155/00 del Consejo de la Magistratura”. En esta incluye a los miembros de la sala I de la Cámara Federal porteña, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quien antes habían estado antes en un tribunal oral federal. Sacarlos ayudaría también en otras causas en que Cristina está imputada en los juzgados de instrucción que depende de ese tribunal. En la jugada, también objeta el traslado del ex miembro de esa sala, Eduardo Farah a un tribunal oral en lo penal económico.
Respecto de Bruglia y Bertuzzi, Tonelli dijo que “los jueces de TOF son considerados jueces de cámara, de modo que no se afecta la igual “jerarquía” (sic) que requiere la Corte. Por otra parte, la competencia “material” es evidentemente “similar”, tal como lo piden las acordadas” del máximo tribunal.
Farah aceptó el cambio luego de las críticas que sufrió por haber excarcelado en abril de 2018 al empresario K Cristóbal López, a quien el juez federal Julián Ercolini lo había procesado con prisión preventiva por la evasión de más de 8 mil millones de pesos en el impuesto a los combustibles. Otra de las objeciones es contra el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, quien impulsó la causa por supuesto espionaje ilegal contra el macrismo a principios de año, en sintonía con la estrategia K. Ahora que la Cámara Federal de La Plata le sacó esa causa los K lo objetan porque había sido designado por el Senado para el juzgado federal de Moreno.
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