Lázaro Báez contabiliza 1.563 días preso. Sobre él recaen siete expedientes, a excepción de uno que comparte con Cristina Kirchner por presunta corrupción en la obra pública. Los demás casos coinciden
en la misma acusación: lavado de dinero. En tres de esas investigaciones supo contar con prisión preventiva. Pero ese escenario se diversificó de manera insólita, al punto de contar con tres estatus diferentes respecto a su libertad. Hubo una orden del Máximo Tribunal penal para que sea excarcelado, sin embargo, el Tribunal que lo juzga decidió introducir requisitos que le impiden por ahora abandonar la cárcel. En la superficie quedó una interna judicial que dejó al empresario K en el medio.
Algo no se discute en las diversas instancias de Comodoro Py por las que pasaron los expedientes de Báez: su fortuna conformada por 1.412 propiedades y valuada en U$s 205 millones, fue adquirida de manera ilícita, producto de operaciones de lavado de dinero. Esas maniobras lo llevaron a prisión en 2016. Según el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) que lo juzgan en el caso de la Ruta del Dinero K, su comportamiento tras las rejas buscó ser una obstrucción para la investigación: movió dinero cautelado más de una vez.
Pese a ello, el fiscal ante el Tribunal, Abel Córdoba puso en discusión otro elemento: el vencimiento de los plazos de la prisión preventiva: lleva cuatro años preso sin condena aún. Al iniciar el juicio, el TOF 4 consideró que al ser investigado por dirigir una organización que contaba con redes locales e internacionales para movimientos financieros, debía atravesar el proceso en prisión. Los plazos se prolongaron a raíz de la pandemia del Covid19. El debate oral iba a concluir en abril.
A ese planteo se sumó que el empresario patagónico contaba con un cese de la prisión preventiva desde diciembre de 2019 en la Ruta del Dinero K, una arresto domiciliario desde marzo en la causa por la compra del campo El Entrevero (Uruguay) y la detención en la investigación de la empresa M&P, propiedad de Báez, usada para lavar $ 200 millones. Un estatus “precario” indicó el fiscal y sugirió que se le dicte en ese última expediente la excarcelación, bajo caución real de U$S 5 millones, una tobillera electrónica y comparecencia en los tribunales federales cada 15 días.
La Sala IV de la Casación Federal, integrada por los jueces Mariano Borinzky y Javier Carbajo, ordenaron hace una semana al TOF 4 que excarcele al empresario K. Los jueces Néstor Costabell, Jorge Gorini y Daniel Obligado, sostenían que el comportamiento de Báez no es de fiar fuera de la cárcel. Pero tras la orden del Máximo Tribunal Penal, siguieron los lineamientos del fiscal, y reconvirtieron la caución a moneda nacional: $ 632 millones.
Empezaron los primeros cortocircuitos. Para algunos, el criterio de la Casación se modificó en pocos meses “sin ningún elemento nuevo. Habían sostenido hasta hace semanas la preventiva sobre Báez”, indicó una fuente judicial. Del otro lado, se levantó otro argumento: “No había margen, el Código Procesal indica que si el fiscal dictamina de una manera es vinculante y hay que respetarlo”, expresaron ante la consulta de Clarín.
La explicación en el Tribunal no se terminaba de digerir, cuando surgió otro elemento. Días después de ordenar lo excarcelen, la Casación pidió que se avance en el juicio -mientras se realizaban las pruebas para reanudarlo de forma online-, y que se realicen tres audiencia semanales. El fuego cruzado se incrementó: “La Casación conoce el colapso de los Tribunales, donde la mitad no tiene jueces titulares y hay subrogancias y más de tres juicios en simultáneo”, explicaron fuentes judiciales.
En el medio de esos enfrentamientos, aún quedaba pendiente la salida de Báez de prisión. La defensa se quejó por la caución fijada, al considerar que no podía pagarla. Entonces el TOF 4 le dio tres días al fiscal para que opine al respecto. Con críticas a la Casación, Córdoba recalculó la fianza y la dejó en $ 368 millones.
La palabra, una vez más, la tenía el Tribunal. Decidió mantener la cifra de $ 632 millones como condición indispensable para que Báez salga de la cárcel. Al pedido de que se dicte el arresto domiciliario hasta que se dirima la cuestión sobre la fianza, los jueces decidieron que como ese beneficio había sido otorgado en el marco de la emergencia sanitaria del Covid19, debía actualizarse y ordenaron una serie de informes. Lázaro sigue en la cárcel pese a haber sido excarcelado y ante las condiciones impuestos por el TOF, la decisión tendrá que tomarla la Cámara de Casación, a no ser que el empresario pague la millonaria cifra impuesta.
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