El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó hoy sin prisión preventiva al exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías y al extitular de Vialidad Nacional y ex ministro
de Energía de la gestión de Cambiemos, Javier Iguacel, por presunta administración fraudulenta, en una investigación por la renegociación de concesiones de peajes en el gobierno de Mauricio Macri.
Además, en la misma resolución, el magistrado fijó para este viernes la declaración indagatoria al exministro de Transporte del macrismo Guillermo Dietrich y para el lunes próximo la del exministro de Hacienda Nicolás Dujovne, ambos a las 10, según la resolución de 160 carillas, a la que accedió Télam.
En la causa se investigan presuntas irregularidades en la renegociación de contratos de concesionarias de peajes en las autopistas Panamericana y Acceso Oeste que habrían beneficiado a empresas vinculadas al expresidente Macri.
Están imputados, además, los empresarios responsables de Autopistas del Sol S.A. y Grupo Concesionario Oeste, cuyas fechas para declaración indagatoria se fijarán a medida que se concreten las citaciones a los exfuncionarios.
Los exfuncionarios habían sido citados ya a indagatoria en el caso, pero ahora el magistrado puso fecha para ese trámite, que se hará por videoconferencia a raíz del aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus.
“Cada uno de los imputados realizó, en el marco de las respectivas competencias funcionales que ostentaban, el aporte necesario para que la maniobra se desarrollara del modo planeado”, sostuvo el juez tras ubicar a Iguacel como quien negoció con las empresas beneficiadas y a Saravia Frias como el responsable de respaldar con su firma los acuerdos alcanzados, pese al cúmulo de irregularidades detectadas en la investigación.
El juez resolvió procesar a Saravia Frías y a Iguacel, luego de que ambos se negaron la semana pasada a prestar declaración indagatoria y sin esperar a que concluya la ronda de declaraciones de imputados que deberán presentarse en la investigación.
“Podemos observar que las pruebas colectadas en la presente investigación resultan suficientes para aseverar, con el grado de sospecha exigido en esta etapa procesal, que existió un acuerdo previo entre las partes intervinientes -públicas y privadas- que permitió el desenvolvimiento de este irregular proceso”, sostuvo el juez en la resolución.
Canicoba Corral se refirió a la renegociación entre 2016 y 2018 de los contratos para las concesiones del cobro de peajes en Acceso Norte y Acceso Oeste, los que “resultaron contrarios a las normativas vigentes”, en un acto “perjudicial para las arcas del Estado”, que implicó, entre otras cosas, extender las concesiones hasta el 2030.
“A pesar de que estaban obligados a cumplir con los requisitos de la normativa vigentes y proteger los intereses que tenían confiados, su accionar se desarrolló en clara oposición a esa manda y con esa finalidad espuria, derivando ello del poder de disposición del patrimonio del Estado del que se encontraban dotados”, analizó el juez.
La pesquisa gira en torno también a un reconocimiento de multimillonarias cifras a las empresas por inversiones “pese a no contarse con un informe técnico integral y exhaustivo con respaldo documental que valide o justifique el millonario monto de inversión reconocida”.
El magistrado recordó que se argumentó una “supuesta presión de un trámite arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)” en base a una demanda contra la Argentina “que, según pudo determinarse en esta investigación, resultaba de casi imposible acogida favorable”.
La demanda ante el tribunal internacional, formulada por una empresa que había estado vinculada al grupo Macri y presentada pocos días antes de que Macri asumiera la presidencia, sirvió –según surge de la investigación- para intentar simular un contexto internacional que justificara que el Estado argentino reconociera a las concesionarias lo que reclamaban.
Pese a todo ello, el 26 de junio de 2018 “se celebraron en favor de Autopistas del Sol S.A. y Grupo Concesionario Oeste, los Acuerdos de Renegociación Contractual de contratos de Concesión del Acceso Norte y Acceso Oeste”, remarcó.
El juez calculó un posible perjuicio por 499 millones de dólares reconocidos en el contrato a Autopistas de Sol y 247 millones de dólares en el caso del Grupo Concesionario Oeste SA.
El Estado “terminó abonando sumas millonarias, que ni a través de un informe técnico especializado, como tampoco de la parte resolutiva o fundamentos del Acuerdo surgen justificadas”. concluyó el magistrado.
Los procesamientos fueron dispuestos con embargos de 500 millones de pesos para cada uno de los procesados, según surge de la resolución a la que tuvo acceso esta agencia.
Sobre el rol que habría jugado Iguacel en los delitos investigados, el juez sostuvo que “acordó junto a los empresarios el inicio de trámite de Aprobación del Acuerdo, con fecha 18 de agosto de 2017, así como todas las actas complementarias sobre modificaciones al mismo que se labraron posteriormente, pese a todas las irregularidades señaladas”.
“En el caso de Saravía Frías, no solo fue quien confeccionó y rubricó los dictámenes que permitieron la Aprobación de los Acuerdos refiriendo que resultaban jurídicamente viables, sino que también fue quien representó al Estado, en el marco de la demanda presentada el 7 de diciembre de 2015, por ante el CIADI, realizada por Abertis S.A.”, remarcó.
El juez afirmó que esa participación ante el CIADI le permitió a Saravia Frias “conocer sobre los pormenores de su trámite, tiempos y posibilidades de éxito, caso arbitral que resultó ser el núcleo y justificación, entre otros, del monto reconocido y acordado con las sociedades concesionarias, en los contratos de renegociación integral, a pesar de resultar ser un crédito incierto”.
Gremio vial respald la decisin judicial de procesar a Iguacel en la causa peajes
Aleñá se refirió a la situación de Iguacel, quien como el exprocurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías fue procesado por administración fraudulenta en la causa que investiga las irregularidades en la renegociación de los contratos de los peajes en los accesos Norte y Oeste.
“Comenzó a correrse el velo de la corrpción”, del Gobierno de Cambiemos, señaló Aleña, sobre la decisión del juez Rodolfo Canicoba Corral, quien, además, llamó a declaración indagatoria para este viernes al exministro de Transporte Guillermo Dietrich y para el lunes al exministro de Hacienda Nicolás Dujovne.
La dirigente gremial reseñó que “Iguacel prorrogó por una década las concesiones en ausencia del llamado a licitación y pagó a las empresas a través del Estado 500 millones de pesos por supuestas inversiones no amortizadas”, marco en el cual “de forma inmediata, el expresidente Macri -como parte de la compañía- vendió las acciones de Ausol”.
“Una lógica fraudulenta que fue de manera inmediata retomada por el exjefe de Vialidad”, aseguró la dirigente sindical, que comparó esa causa judicial, iniciada a partir de una denuncia del diputado nacional justicialista Rodolfo Tahilade, con la que, en 2019, presentó el sindicato ante el juzgado número 7 de Sebastián Casanello por “la prórroga ilegal del plazo de los contratos de peaje de los corredores viales”.
La dirigente gremial explicó que las concesiones, desde abril de 2017, “vencían sí o sí y no había forma de autorizar su continuidad, por lo que Iguacel difundió una resolución ad referéndum del Ejecutivo, sin aval de un decreto presidencial”.
Aleñá agregó que la denuncia penal del sindicato, en poder del fiscal Eduardo Taiano, recayó también sobre el exministro de Transporte Guillermo Dietrich, y expuso “una maniobra por la que las empresas concesionarias continuaron cobrando de forma ilegítima e ilegal a usuarios el peaje en las rutas nacionales”.
“Para el resto de los corredores, Dietrich e Iguacel utilizaron una pseudo resolución que permitió continuar emitiendo y abonando certificados de obras en perjuicio de la Dirección Nacional de Vialidad y del Tesoro Nacional por valores superiores a los 30.000 millones de pesos”, concluyó la sindicalista.
