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El proyecto de Ley de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo legislación argentina obtuvo dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, con lo que se encuentra en condiciones de se debatido en la próxima sesión de la Cámara alta.
La iniciativa fue respaldada por el oficialismo y la oposición, aunque el interbloque de Juntos por el Cambio decidió firmar en disidencia parcial debido a un desacuerdo sobre la aplicación de la denominada Cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers), que bloquea la posibilidad de que en el futuro se le pueda dar una mejor oferta a bonistas que no hayan entrado en la primera etapa de un canje.
La cláusula RUFO se incluyó en los canjes de deuda de 2005 y 2010, y estableció la prohibición de pagar a los holdouts de manera voluntaria en mejores condiciones de aquellos bonistas que sufrieron quitas de hasta el 70 por ciento.
El porteño Martín Lousteau sugirió modificar ese artículo de la norma para “tratar al tenedor local igual que al extranjero”.
“Ese artículo debería ser más claro si en lugar de comprender el período entre la invitación al canje y el quinto aniversario de este, lo redactáramos para que abarque desde la sanción de la presente, porque todavía no tenemos fecha de invitación mientras afuera continúa la renegociación con los fondos extranjeros”, dijo el ex ministro de Economía y referente de Juntos por el Cambio.
Desde el oficialismo respondieron que la propuesta era válida, pero resolvieron avanzar con el dictamen y enviar la consulta al Ministerio de Economía de la Nación.
“Mientras estamos hablando, recibo mensajes por Whatsapp de funcionarios de (el ministro Martín) Guzmán diciendo que aceptan nuestra propuesta”, sostuvo Lousteau en la videoconferencia.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el cordobés peronista Carlos Caserio, un tanto molesto, replicó que “era raro” lo que afirmaba el senador opositor porque a él, que era el moderador del debate, no le había llegado ningún mensaje.
“No hay más negociación. Está cerrada. Es la oferta final. Ya lo dijo el Presidente (Alberto Fernández). Hacemos la ley para los tenedores en dólares bajo legislación nacional para que ese mensaje lo tengan los acreedores externos. Si, firmado el dictamen, el ministro Guzmán define una modificación como la que propone la oposición, la vamos a aceptar el día de la sesión”, agregó Caserio.
Por su parte, el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, respaldó al senador cordobés y reclamó “trabajar con la celeridad que requieren estos temas para evitar especulaciones” y propuso debatir el proyecto de Ley “la semana próxima”.
La videoconferencia comenzó con la intervención del secretario de Finanzas, Diego Bastourre.
“Una de las novedades de la propuesta es que se incorporan las opcionalidades para títulos públicos en pesos y hay un artículo que plantea que para aquellos acreedores que no desean participar vamos a diferir los pagos hasta 31 de diciembre de 2021”, explicó el funcionario.
Al detallar los alcances del proyecto, Bastourre dijo, no obstante, que desde el Ministerio de Economía esperan que “la mayoría” de los acreedores “opte por el canje”.
El funcionario también recordó que la semana pasada se realizó “una operación de administración de pasivos” que permitió “reducir el monto total de la operación” previsto inicialmente en 4.104 millones de dólares, de 45 millones de dólares a 41 millones de dólares.
Además, Bastourre vaticinó que la ley llevará “alivio en el corto plazo” para “poner en marcha la economía” ya que se trata de “una propuesta sostenible”.
“Creemos que es una buena oportunidad para que haya un acompañamiento importante”, evaluó.
El proyecto de ley del Poder Ejecutivo de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública emitida bajo legislación local propone un tratamiento similar a la propuesta realizada a los acreedores bajo ley extranjera.
Los tenedores de los Títulos Elegibles que no adhieran a la invitación a canjear continuarán con sus pagos diferidos hasta el 31 de diciembre del año próximo.
En los fundamentos del texto, se ratifica que la propuesta se realizó “en consonancia con la oferta efectuada para los tenedores de títulos públicos emitidos bajo legislación extranjera”.
“El marco macroeconómico sobre el que la propuesta se ha sustentado presenta una secuencia progresiva de condiciones para tranquilizar la economía y ampliar el horizonte de planificación, de modo que las decisiones de los individuos y las empresas comiencen a operar en condiciones estables”, expresa.
