Escalan los pedidos para anular la concesión de Edesur

hogares. Varios intendentes del conurbano están reclamando ahora que suceda algo parecido.

Tras una reunión de alcaldes con Federico Basualdo (interventor a cargo del el ente regulador), el Enre comunicó que quería retrotraer todo el marco tarifario a diciembre de 2015. Pero en un posterior encuentro virtual con Guido Lorenzo – Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires-, los intendentes fueron un paso más allá: “vamos a pedir que se le quite la concesión”, expresó Lorenzo. “Es la empresa más denunciada por los bonaerenses. En la última semana, 4 de cada 10 quejas fueron contra Edesur”, dijeron en las oficinas que atienden esos reclamos.

Mayra Mendoza (Quilmes), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Andrés Watson (Florencio Varela) y Fernando Gray (Esteban Echeverría) encabezan esta ofensiva. Durante la gestión de Mauricio Macri, Edesur también tuvo pleitos con Néstor Grindetti (Lanús) y Martiniano Molina (Quilmes) en años anteriores. Ambos formaban parte de la coalición oficialista.

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Los alcaldes aseguran que las interrupciones de suministro crecieron “hasta un 70%”. “Si en invierno tenemos este panorama, en verano la situación será incontrolable sin las obras estructurales que se necesitan”, dicen.

Con la demanda eléctrica hogareña en niveles altos -por el teletrabajo-, los registros muestran que la interrupción de suministro está en los niveles más bajos en más de una década.

La quita de la concesión debería ser una recomendación del ente regulador (Enre) al ministerio de Desarrollo Productivo, encabezado por Matías Kulfas. Esa dependencia tiene la palabra final sobre los servicios públicos de luz y gas. Pero no está claro el sustento técnico que podría empujar a esa decisión.

“En algún momento de 2016 y 2017 registramos algún avance en las redes de Edesur, pero tengo la sensación que allí volvieron a estancarse”, describe un ex funcionario de Energía.

Edesur está controlada por la italiana Enel. A comienzos de mes, fue multada con $ 168 millones por deficiencias en el servicio. En mayo, le aplicaron otra sanción por $ 101 millones. Durante el año pasado también recibió una serie de multas: $ 120 millones en marzo, $ 220 millones en junio y $ 292 millones en diciembre son las más significativas. Aunque fueron aplicadas entre 2019 y 2020, las sanciones reflejan incumplimientos de años anteriores, según el Enre.

“Nos sentimos discriminados por el Enre”, describió Nicola Melchiotti, country manager del grupo Enel en Argentina -controlante de Edesur- a Clarín, en diciembre de 2019, antes del cambio de Gobierno. El interventor saliente del Enre era Andrés Chambouleyron.

Las tarifas de electricidad están congeladas desde febrero de 2019. Había un ajuste previsto en agosto, que no se realizó.

Edesur está en 12 partidos del conurbano y la mitad de la ciudad de Buenos Aires. La administración anterior propuso que un nuevo ente regulador -conformado por la ciudad y la provincia- tome a cargo la concesión de Edesur y Edenor. La actual gestión desechó ese plan y el actual Enre sigue monitoreando a Edesur.

Las distribuidoras bregan por un incremento en barrios con mayor concentración de alto poder adquisitivo para poder recomponer sus números. “Que una familia de Recoleta o Puerto Madero pague el 30% de lo que paga una casa humilde en Florencio Varela es algo que hay que analizar”, suele decir Melchiotti, de Enel.

La otra concesionaria de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano es Edenor. Entre 2019 y 2020, las multas que recibió no llegan ni a un 5% de lo acumulado por Edesur en el mismo plazo.

En el actual oficialismo apuntan al empresario Nicolás Caputo, amigo del ex presidente Mauricio Macri, por los problemas en Edesur. Caputo posee una participación accionaria indirecta, pero no el control, que es de la italiana Enel. Firmas vinculadas a Caputo adquirieron esa posición en 2013. Desde ese entonces, Clarín preguntó varias veces si Caputo tallaba en el directorio de Edesur, pero los distintos responsables de Enel en el país.

Los intendentes dicen que hubo problemas de suministro en barrios carenciados. En la distribuidora entienden que los mandatarios son los que deben supervisar la infraestructura en esos lugares.