Diversos colectivos de derechos humanos expresan, a 44 años de los trágicos hechos vividos en Libertador General San Martín y Calilegua, en Jujuy, sus visiones en relación al proceso de Justicia, hablan del presente en la provincia y recuerdan a las víctimas de aquella masiva represión ilegal denominada como “La Noche del Apagón” y ejecutada contra los trabajadores del Ingenio Ledesma.
Ademas, querellantes se refieren a la actualidad del sexto juicio de lesa humanidad que se lleva a cabo en la provincia por los delitos de lesa humanidad que se cometieron en el Ingenio Ledesma y la mina “El Aguilar” y que son parte de una “Megacausa”.
“Apagaron las luces y aprovecharon para secuestrar y detener gente ilegalmente. El primero de los apagones fue el 20 de julio, pero hubo varios más. Los hicieron ese mes porque eran las vacaciones de invierno y muchos estudiantes habían regresado a Ledesma para estar con sus familias. Por eso hay tantos estudiantes, además de obreros y militantes populares, entre las víctimas”, evoca en diálogo con Télam la profesora Inés Peña, integrante de Madres y Familiares de Jujuy.
“Hacíamos colas en la puerta de las comisarías y los regimientos, cuando íbamos a pedir por los secuestrados y los detenidos. En las mismas comisarías funcionaban centros clandestinos. Hubo 19 en la provincia. Pero el mayor del que se tiene conocimiento fue el de Guerrero. Ahora, por la pandemia, las inspecciones oculares se detuvieron. Pero van a continuar”, explica Peña.
Inés cuenta que hace poco se detectó un espacio de inhumaciones clandestinas, cerca del cementerio de San Salvador. Iban a hacer obras de un crematorio y se encontraron con restos humanos sin identificar.
“La Justicia dispuso el ‘no innovar’ y ahora es otra posible causa para investigar. Tenemos testigos que han trabajado en el cementerio en el 77, 78, 79 –completa-. Nosotras queremos que se investigue eso, porque tal vez allí están algunos de nuestros desaparecidos”, refrenda Peña.
Eva Arroyo es integrante de HIJOS y es querellante en la megacausa por varios casos de víctimas de la Noche del Apagón y víctimas de la obra social del sindicato azucarero de Ledesma, y afirma que “a contramano de lo que sucedió en otras provincias, en Jujuy los juicios de lesa humanidad se venían desarrollando sucesivamente”.
“Terminaba uno y a los dos o tres meses comenzaba otro. Pero ahora, con la pandemia de coronavirus estamos en un momento complicado. En el sexto juicio (de este tipo que se desarrolla en la provincia) sólo faltaba una testimonial, que se podría haber trabajado virtualmente, pero también faltaban cuatro o cinco inspecciones oculares en lugares clandestinos de detención”, remarca Arroyo.
Esas cuatro o cinco inspecciones que se deben hacer en la causa son las que implican al empresario y titular del ingenio Carlos Pedro Blaquier, quien tiene más de 90 años y aguarda que la Corte Suprema resuelva un pedido para que sea sometido a juicio oral por delitos de lesa humanidad que se cometieron en Ledesma durante la última dictadura cívico militar.
“El juicio oral es importante justamente por la oralidad. Una cosa es declarar en la instrucción, que te llamen al juzgado y que alguien escriba tu relato, y otra cosa es escuchar lo que sucedió con las víctimas, por lo que tuvieron que pasar. No sólo fue el secuestro y el paso por un Centro Clandestino de Detención (CCD), sino que después, cuando volvieron al pueblo los que pudieron volver, vino la demonización, para ellas y para ellos, la desprotección por parte del Estado, el exilio. No sólo se trata de los hechos en sí, sino de sus consecuencias”, señala Arroyo.
Por su parte, la abogada María José Castillo, querellante de HIJOS, sostiene que “en este juicio no entraron los responsables civiles”, y remarca que además del caso de Ledesma está el de Minera El Aguilar, donde por motivos de salud el único civil que quedaba con vida ya no estaba en condiciones de afrontar un juicio oral.
En este proceso oral, por primera vez se juzgan delitos sexuales por hechos ocurridos en el CCD Guerrero, donde sólo hubo detenidas y detenidos vinculados con el ingenio Ledesma.
De los secuestrados en la Noche del Apagón, muchos desaparecieron en Guerrero y otros fueron llevados a la central de Policía y al penal de Villa Gorriti.
A partir de allí, corrieron distinta suerte: algunos fueron trasladados en avión hasta Buenos Aires y terminaron en la U9 de La Plata o en Villa Devoto las mujeres, y otros, fueron liberados.
“En esos hechos se comprobó que una las víctimas había sufrido esa clase de delitos en reiteradas oportunidades y “estaban los imputados ahí sentados y no habían sido procesados por esos hechos, y todo por un sesgo ideológico de la Cámara de Apelaciones de Salta, que impidió que se juzgara en esa causa los delitos sexuales. Ahora, en el sexto juicio, hay dos imputados que llegan por esos delitos, y eso nos pone contentas”, apuntó Castillo.
“Durante el desarrollo de las casi 50 audiencias del juicio oral se mencionó todo el tiempo a Blaquier y a Lemos. Todas las víctimas de los Apagones, y las del 24 de marzo y las de las causas Burgos y Aredes, mencionaron a Blaquier como principal responsable. Eso es algo para destacar. Ya estamos en la etapa final del juicio. Quedan las inspecciones oculares que están pendientes. Cuando se reanude el juicio, se harán esas inspecciones. Después, vamos a alegar. Y de ahí a esperar sentencia, que ojalá se dicte este año”, explica la abogada.
El fallo de Casacin que impidi que Blaquier, el dueo de Ledesma, vaya a juicio oral
Esa decisión de Casación, que dejaba fuera de los juicios de Jujuy a Blaquier (que tiene más de 90 años) y a Lemos, fue muy cuestionada e incluso un colectivo de abogados participantes en juicios por delitos de lesa humanidad que hizo una denuncia ante el Consejo de la Magistratura por el mal desempeño de los magistrados, que pronto fue desestimada.
Así las cosas, la única vía habilitada para la Fiscalía y las querellas fue ir en queja a la Corte Suprema, instancia en la cual debe resolverse si Blaquier y Lemos van a juicio oral por los delitos de lesa humanidad que se cometieron en Ledesma.
Para el exfiscal subrogante de la causa, Pablo Pelazzo, la intervención de Casación constituye “no sólo un acto de arbitrariedad, puesto que habría habido mala aplicación de las normas de fondo y de forma, sino que reviste inédita gravedad institucional”.
“Casación está privando al Estado que avance en una investigación de delitos de lesa humanidad y donde en particular se estaba investigando la responsabilidad empresaria”, señala en funcionario judicial en diálogo con Télam.
Según opina otro exfiscal, esta clase de fallos y de trampas judiciales, que alargan excesivamente los plazos de la Justicia, lo que en los hechos producen es una “impunidad biológica”, ya que los imputados, procesados y condenados sin sentencia firme mueren, sin que haya una sentencia definitiva en las causas
