Creen que ordenaron desde un penal el crimen del ex concejal Eduardo Trasante

pasada de dos disparos. Los fiscales del caso no descartan que esas dos personas sean los autores materiales del homicidio, aunque por el momento no lograron reunir elementos para avanzar con esa acusación.

Gastón Avila, de la Unidad de Delitos Complejos, y Matías Edery, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, revelaron tras la audiencia imputativa que la orden para matar a Trasante pudo partir del penal santafesino de Piñero. El dato surgió de mensajes y llamados obtenidos de celulares incautados.

Los fiscales no revelaron si puede estar involucrado algún detenido por narcotráfico u otro delito ni tampoco qué rol pudo cumplir esa persona: si es el instigador del crimen o un preso que recibió el pedido para montar un plan y ejecutarlo.

“No lo podemos precisar exactamente porque es un pabellón en el que hay jefes narcos y otro tipo de personas, pero sí tenemos la pista. Esto no significa descartar que le hayan encargado el trabajo a alguien que está en Piñero”, detalló Edery.

En esa cárcel están alojados presos de alto perfil dentro del delito local: miembros de la banda “Los Monos”, Esteban Alvarado, imputado como jefe de una asociación ilícita, y parte del clan Funes, otro grupo dedicado a la venta de drogas en la zona sur de Rosario.

Trasante tuvo activa participación para que se esclarezca el crimen de uno de sus hijos y que se logren ejemplificadoras condenas contra los homicidas, integrantes de una banda narco. A Jeremías Trasante, de 16 años, lo acribillaron junto a dos amigos cuando estaban celebrando la llegada del año nuevo, el 1 de enero de 2012. Aquel episodio se conoció como el triple crimen de Villa Moreno.

Trasante era además pastor evangélico y cumplía laborales en las cárceles de la región. Era parte de su tarea dialogar con detenidos. Incluso llegó a hacerlo con dos de los homicidas de su hijo.

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El fiscal Edery reveló que la víctima había dejado de ir a Piñero, desde donde ahora podría haber partido la orden de asesinarlo, en noviembre de 2019. Se pretende establecer si existió alguna situación para que tomara esa decisión.

La militancia para pedir justicia por el crimen de su hijo, su labor pastoral en los centros de detención, son parte de los antecedentes que los fiscales siguen con particular atención para intentar establecer si pudieron tener relación con el homicidio. No son los únicos.

Su labor tras el asesinato de Jeremías convirtió a Trasante en un referente social y eso derivó en su incursión política como parte de una fuerza de centroizquierda que lo acompañó en su reclamo de justicia. Fue electo en 2017 como concejal y un año después dejó su banca como legislador por una denuncia de acoso.

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Los fiscales revelaron además que las pericias sobre el celular de la víctima no arrojaron ningún dato valioso para la investigación. En el contenido no se encontraron amenazas o referencias que pudieran explicar las motivaciones del ataque.

“Teníamos alguna esperanza que hubiera algún tipo de amenaza, algún tipo de amedrentamiento contra él, pero no hay ningún información”, admitió Edery.

Los investigadores creen que detrás del crimen existe “una empresa criminal mucho más grande” que la que pudieran integrar las dos personas imputadas el miércoles y a pesar de trabajar sobre distintas hipótesis estimaron que se están “acercando a la persona que está detrás y que dio la orden para llevar a cabo este asesinato”.

Los sicarios que ejecutaron a Trasante se presentaron en el domicilio de San Nicolás al 3600 ocultando parte del rostro con barbijos. Preguntaron por una hija del ex concejal con la excusa de que debían entregarle dinero. Cuando se asomó a la puerta la esposa del pastor fue encañonada con un arma y llevada hasta el interior de la vivienda, ubicada en el final de un pasillo.

Trasante estaba en la parte superior de la casa y cuando se asomó recibió un primer disparo en la mano derecha. Luego fue ejecutado con un tiro en la cabeza. No mediaron palabras, según reveló en su declaración la mujer. Esto impediría saber si la víctima conocía a los homicidas.

A los dos imputados por comprar el auto y ponerlo a disposición para cometer el asesinato se los acusó de “encubrimiento en grado de coautores funcionales” de un homicidio calificado por la participación de dos o más personas y agravado por el uso de arma de fuego.

Los dos jóvenes, de 19 y 21 años, adquirieron el 11 de julio un Peugeot 308 Allure color blanco, modelo 2012, que había sido robado el día anterior. Pagaron 20 mil pesos sabiendo, de acuerdo a la investigación de la fiscalía, que había sido sustraído y que sería utilizado para cometer el crimen de Trasante, ocurrido el martes 14.

“En base a un plan diseñado junto a al menos dos personas más provocan el fallecimiento de Trasante, cumpliendo con su rol respectivo consistente en la logística de transporte de llegada y salida de las personas encargadas de ingresar a la vivienda de la víctima y luego disparar”, se reveló en la audiencia. Se investiga, en base a distintos elementos, si ellos mismos pudieron ser los sicarios encargados de la ejecución.

La abogada de la familia Trasante, constituida como querellante, reclamó el miércoles tras la audiencia que se investigue además el destino del celular de la viuda del ex concejal, que por el momento no pudo ser hallado.

De acuerdo a un acta policial fue secuestrado, junto al aparato de la víctima, en la escena del hecho por personal del gabinete científico.

Sin embargo, el fiscal Avila aseguró haber estado en el lugar el día del crimen, desestimó que lo recibiera en custodia un agente policial y dijo que sólo hubo un error en el acta. Que de la casa se llevaron un solo aparato, que pertenecía a la víctima.

El fiscal aventuró que si estaba en la casa pudo desaparecer porque se lo llevaron los criminales o lo sustrajo alguna de las personas que ingresó para ayudar a la familia de Trasante antes de que llegaran la Policía o los fiscales. “Entendemos que es grave”, denunció la abogada Gabriela Durruty.

Existe otra curiosidad con ese aparato. Las antenas satelitales detectaron que emitía señales en una propiedad que se allanó al día siguiente y que pertenecía a un suboficial. No se encontró el aparato. Sí dos armas y siete plantas de marihuana, por lo que se formó una causa judicial que no tiene relación con el crimen.

EMJ