Proyecto para ampliar los alcances de la tarifa social en los servicios públicos

Cledis Candelaresi

los montos de los beneficios. Para este cometido se dispondría de un mix de subsidios y aportes de las categorías de usuarios definidos como más pudientes. En gas, donde el proyecto oficial está más consolidado, la iniciativa tendría un costo mínimo superior a los 400 millones de dólares anuales.

El ministerio de Desarrollo Productivo ya hizo pública su decisión de mantener congeladas las tarifas energéticas hasta diciembre. Mientras, los entes reguladores comenzaron una revisión exhaustiva de los mecanismos para calcularlas y de las posibilidades de amparar a los consumidores de segmentos socioeconómicos más bajos de futuros aumentos que cree inevitable.

Un trabajo guía en esta estrategia es lo que la subsecretaría de Hidrocarburos sintetizó como “Gas Solidario”. Un programa que involucra a distintos organismos públicos (ANSeS, Turismo, Desarrollo Social, Afip, etc) y con varios ejes para ampliar el espectro de beneficiarios de iniciativas que ya existen, pero con “errores de exclusión” a subsanar.

Con ese cometido, por ejemplo, se incorporarían 1,7 millones más de hogares a los que hoy pueden comprar la garrafa con subsidio, que pasaría de $183 por envase a $232, ya que el valor comercial subiría, sin que ésto implique mayor gasto para el consumidor. Esto implica disponer de $5.200 millones de pesos adicionales que se obtendrán del fondo fiduciario creado por ley (26.020), nutrido básicamente con recursos públicos.

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El plato más fuerte de ese plan que la cartera de Matías Kulfas discute con Economía es la ampliación de la tarifa social, beneficio para la categoría más baja de consumidores con probada vulnerabilidad económica. La apuesta será duplicar el universo de beneficiarios llevándolo a 2 millones, lo que obliga a encontrar una nueva vara.

La versión más osada del trabajo incluye mejorar también el valor absoluto del beneficio, actualmente a cargo del Estado, que es quien le paga a las distribuidoras. Para cubrir los $17.200 millones adicionales que serían necesarios, la subsecretaría a cargo de Juan José Carbajales evalúa “la financiación parcial a partir de un cargo a usuarios con mayor capacidad financiera”.

Eso supone una delicada definición política para fragmentar el universo de consumidores y decidir quién tiene que pagar más caro el producto para que a otros les cueste menos o nada. Desafío técnico y también legal, porque las normas actuales no habilitan subsidios cruzados.

La versión integral del programa gasífero, que contempla incluir entre los amparados a clubes de barrio y entidades de bien público, tendía un costo estimado en poco más de $32.000 millones (algo más de 430 millones de dólares al tipo de cambio oficial actual), a fin de marzo.

Este diseño básico se replicará para el resto de servicios y su costo económico puede resultar mayor luego de la pandemia, cuyas consecuencias económicas y sociales aún no es posible mensurar. En todos los casos, el supuesto básico del Gobierno para las futuras tarifas es que todos los insumos energéticos van a subir.

Más allá de su cautela para hablar en público sobre esta cuestión tan sensible, todos los funcionarios ligados a estos temas están convencidos de que no puede haber producción de petróleo, gas y electricidad sin una remuneración que aliente a los inversores.

Consideran, por ejemplo, que lo que cobran las petroleras por el gas que se destina a generar electricidad (alrededor de un tercio de los que se produce en el país) es “demasiado barato”. Ese precio surge de subastas que la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) realiza para comprar centralizadamente el combustible para las usinas térmicas.

La idea es que la competencia entre productores esté guiada por precios de referencia, no sólo como techo sino como piso y ya se consensuó con las empresas que 3,5 dólares el MBTU es un precio confortable para los próximos cuatro años. Hoy apenas supera los 2 dólares.

La administración de Alberto Fernández descuenta que los precios del primer eslabón de la cadena de luz, gas y naftas seguirá estando en dólares y el desafío es cómo atenuar el pase de esos valores expresados en moneda dura a las facturas finales. De ahí la necesidad de reforzar subsidios.

Otro renglón clave de aquella cadena son las distribuidoras gasíferas, a las que el Gobierno está analizando auxiliar hasta para el pago de sueldos, sabiendo que muchas de ellas tienen una situación realmente crítica. Las compañías le hicieron saber tanto al ministerio como al Enargas que no podrán resistir un año más de tarifas pesificadas mientras tienen que lidiar con las productoras, que venden en dólares.

En el caso de la electricidad el Estado interviene de modo directo en el mercado mayorista, donde las arcas públicas afrontan directamente los aumentos en los crecientes costos de generación para que el usuario ni se entere. En gas hay otra lógica: cada actor debe lidiar con el que le antecede y el que le sigue por los precios, siempre bajo la tutela estatal.

Esta semana el ente regulador a cargo de Federico Bernal concluyó los dos primeros análisis del negocio de las distribuidoras. De esta indagatoria podría surgir la recomendación de sólo corregir los cuadros de tarifas macristas o de barajar y dar todo de nuevo.

El cualquier caso, la futura arquitectura tarifaria incluirá a un grupo de su clientela protegida de las previsibles subas, en parte a costa de otros clientes que tienen capacidad para afrontar un costo mayor.

Sólo para subvencionar a clientes de Edenor, el año pasado el Estado desembolsó el equivalente a US$500 millones. Aunque Capital Federal y el Conurbano conforman un universo siempre heterogéneo, esta distribuidora opera sobre un territorio de barrios con los más altos estándares socio económicos del país.

Apenas un ejemplo que alimenta la idea, muy discutida desde la administración kirchnerista, de distinguir a clientes pobres y ricos para poder aumentar los precios de éstos y bajar los de aquellos, contentando a las empresas del rubro y alivianando la carga fiscal. Con un déficit de más de 6 puntos del PBI previsto para este año, las subvenciones masivas cada vez son más espejismos en el desierto