A tres meses de la desaparición de Facundo Astudillo, el Gobierno se involucra en el esclarecimiento del caso

instala la posibilidad de una crisis institucional en la fuerza y el poder político provincial.

Fernández se comunicó con Cristina Castro, la mamá del joven. También el gobernador Axel Kicillof​. La desaparición de Astudillo fue sedimentando denuncias, con lentitud de respuesta oficial, hasta llegar este momento donde se insinúa el compromiso del Ejecutivo.

Hay un riesgo cierto que Astudillo integre la lista de desaparecidos en democracia en la provincia de Buenos Aires. Hace tres meses, salió de su casa, en Pedro Luro, una localidad del sur, para dirigirse “haciendo dedo” a la casa de su ex novia, en Bahía Blanca. Fue detenido el 30 de abril en un retén policial cuando abandonó Pedro Luro y fue llevado a la comisaría de Mayor Buratovich, de donde salió unas horas después. Entre las 15.30 y 16 de ese mismo día, fue nuevamente interceptado por efectivos. Desde ese momento se lo tragó la tierra.

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La hipótesis más consistente responsabiliza a los policías. De comprobarse, afectaría el tono de defensa de los derechos humanos del oficialismo. A tiempo, Fernández se puso a disposición de la familia de Astudillo. “El Presidente y el gobernador se comunicaron con Cristina Castro el sábado. El Presidente le dijo a ella que lo llame si le quiere pedir algo“, según la explicación detallada de Leandro Aparicio, abogado querellante.

El Gobierno tuvo el primer apremio con la respuesta al requerimiento de la Organización de Naciones Unidas​. El caso había llegado a la ONU. Escalaba en otro plano, más notorio que el casi desértico reclamo desde Pedro Luro. Este fin de semana, la mamá de Facundo recibió el “absoluto compromiso” con la investigación. 

Las historias de Miguel Bru, Héctor Núñez, Julio López y Luciano Arruga confirman ese desasosiego entre las palabras y la crueldad de los hechos. Y, como sistemática demostración, integrantes de la Policía quedan comprometidos.

El lunes 13 de julio se conoció que el Ministerio de Seguridad bonaerense desafectó al subcomisario Pablo Reguilón, que estaba a cargo de la comisaría de Mayor Buratovich. 

El expediente pasó a la Justicia Federal por las sospechas sobre la “Bonaerense”.

Los niveles de eventuales responsabilidades en el hecho están en curso. Hay otros subsidiarios. De naturaleza política. El ministro de Seguridad, Sergio Berni, hizo una pasada por el lugar de los hechos. Al parecer no convenció su traslado momentáneo a 700 kilómetros de la capital provincial. “Para mí Berni se fue de Villarino sabiendo que mi hijo ya no vive”, reclamaba Cristina Castro hace una semana.

“Si no descubrió nada, es un incompetente; si descubrió algo y no lo denunció, es un encubridor”, apuntaló Leandro Aparicio.

No es la única voz destemplada contra el funcionario. Cipriano García, secretario de la Comisión de la Memoria, también tenía prejuicios sobre el ministro: “Su discurso habilita este desempeño de la fuerza. Cuando lo escuchás, justifica la actuación policial “.

García estuvo muy activo con las excarcelaciones por Covid-19, y en su momento, como otras entidades de derechos humanos, con el caso de Santiago Maldonado​, quien estuvo desaparecido 78 días hasta que su cuerpo, sin vida, fue encontrado en el Río Chubut.

En aquella oportunidad, las presunciones vehementes de los organismos de derechos humanos contra la actuación de la Gendarmería, el curso de algunos testimonios en la causa, la movilización política y una presión discursiva desde la entonces oposición, determinaron una guerra de probanzas en terreno. Hasta el secretario de Seguridad, Gerardo Millman, se instaló en Cushamen para monitorear las actuaciones y reportar al gobierno de Mauricio Macri.

La localidad de Pedro Luro parece desprovista de estas contingencias laterales.

Mientras, el Poder Ejecutivo nacional agota las formalidades. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, contestó a la ONU que las más altas autoridades de la Nación y de la Provincia expresaron su absoluto compromiso con la búsqueda e investigación.

Hasta ahora, la causa se agotaría en la tipificación de desaparición forzada, prevista en el artículo N° 142 bis del Código Penal.

¿Podría ampliarse también a encubrimiento agravado? 

Todavía no hay certezas. Hasta es posible un cambio del fiscal Santiago Ulpiano Martínez, encargado de la investigación, si prospera la recusación de Cristina Castro.