Los intercambios entre los funcionarios que forman parte del Gabinete económico avanzan: este lunes por la tarde hubo una reunión en una de las salas del quinto piso del Palacio de
Hacienda para discutir la relación de la Argentina con el FMI, en vísperas del inicio de una negociación de un nuevo préstamo desde el Fondo para el país, además de avanzar con el análisis de medidas post pandemia y el proyecto de Presupuesto 2021.
Sobre la relación de la Argentina con el FMI, los funcionarios empezaron a delinear qué tipo de programa querría tener el país en los próximos años y, en ese sentido, hablaron de “los problemas” que identificaron que tuvo el anterior que se firmó en mayo de 2018, bajo la presidencia de Mauricio Macri, según confió una fuente oficial.
También hubo intercambios sobre quiénes serían los interlocutores ante el organismo internacional: los nombres que circularon, presentes en la reunión, fueron el del presidente del Banco Central, Miguel Pesce; el del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y el del anfitrión del encuentro de ayer, Martín Guzmán.
También estuvieron ayer la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, y el representante argentino ante el Fondo Monetario, Sergio Chodos.
Si bien hasta ahora el Gobierno argentino no formalizó su pedido de un nuevo préstamo al organismo dirigido por Kristalina Georgieva, sí manifestaron los funcionarios del Frente de Todos la intención de refinanciar los vencimientos con el organismo, ya que supone pagos elevados previstos, principalmente en 2022 y 2023.
El propio Guzmán le manifestó a Georgieva en febrero, en el encuentro que mantuvieron en Roma, la intención de tener un nuevo programa con el organismo.
¿A qué tipo de programa puede aspirar la Argentina? Básicamente son dos: un stand-by agreement (SBA) a tres años, que en líneas generales es similar al último al que accedió el país, o a una línea de facilidades extendidas, que es parecido al SBA pero se es un plazo mayor, de unos 10 años.
Más allá de cuál sea el resultado del canje de deuda bajo legislación internacional, el Gobierno buscará avanzar con el FMI desde septiembre en adelante, sostuvo la fuente. Si se entra en cesación de pagos con los acreedores privados, primero se deberá demostrar que se negoció de “buena fe” para que el Fondo pueda dar un préstamo.
Por ahora, la renegociación de la deuda con el sector privado entró en un terreno complejo, tras el rechazo de los tres grupos de bonistas, que aseguran tener un tercio del total de los bonos que entran en la operación.
En esa línea, Ad Hoc, Tenedores de Bonos de Canje y el Comité de Acreedores, presentaron una contrapropuesta el lunes pasado que fue rechazada de plano por el gobierno de Alberto Fernández. Ya habían manifestado que la última oferta oficial, de principios de julio, era el máximo esfuerzo que estaba dispuesto a hacer el país.
A ese hecho se sumó que uno de esos grupos aseguró ayer que sumó más fondos a sus filas y que ahora representan más del 50% del total de bonos Globales (los emitidos desde 2016 a esta parte), además de que buscan llegar a un acuerdo consensuado con el Gobierno, según publicó la agencia Bloomberg.
A su vez, de acuerdo a la agencia, los grupos de bonistas preparan una declaración para presentar al Gobierno, aunque algunos fondos ponen resistencia porque prefieren permanecer en el anonimato.
El otro eje de la reunión de ayer fue el Presupuesto para el año próximo. Los funcionarios trabajaron en delinear las proyecciones macroeconómicas para el período 2020 – 2023 y en la preparación del Mensaje del proyecto de ley, ya que para el próximo lunes, a más tardar, debe cumplimentarse con este paso y darse remisión a la Oficina Nacional de Presupuesto.
Así lo dispuso el cronograma que en una resolución de mediados de mayo se publicó en el Boletín Oficial, en donde se detallaban los pasos a seguir para llegar al 15 de septiembre con la elaboración terminada y su presentación en el Congreso.
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