El Gobierno quiere apurar la reforma judicial en el Congreso pero advierte que está “abierta a correcciones”

impulso a la iniciativa. Según confiaron desde su entorno, la idea es avanzar “rápido” y que a partir de la semana que viene se empiece a darle tratamiento, mientras que el presidente Alberto Fernández ya avisó que está dispuesto a aceptar “cambios” para despejar dudas de la oposición.

En medio de la polémica por la creación de un consejo consultivo de expertos que analizará eventuales iniciativas de reforma de la Corte Suprema de Justicia y de la Procuración General de la Nación, cerca del jefe de Estado se encargaron de remarcar que la intención “no es atropellar a nadie”, como plantea un sector de Juntos por el Cambio; y exponen que están “abiertos a hacer todas las correcciones que sean necesarias”, siempre que “no cambien el espíritu del proyecto”.

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Citan que el propio mandatario se puso al frente de este mensaje para tender puentes y alcanzar cierto consenso, a pesar de contar con el número de votos necesarios en el Senado para aprobarlo y amplias chances en Diputados. 

“Estamos absolutamente abiertos a cambios porque lo único que queremos es que la Justicia funcione de otro modo. No firmamos un decreto cambiando la Justicia“, razonó Alberto Fernández en Radio Con Vos.

En ese marco se incluye la convocatoria a sectores de la sociedad civil y del Derecho. 

Espadas judiciales del mandatario aseguran que esa proclama “no es una frase hecha”. “Alberto está convencido en que la Justicia funciona mal y que hay que cambiarla, pero sabe que cuanto más consenso político tenga, más fácil va a ser que se plasmen esos cambios. Enviamos nuestra propuesta, ahora que la analice el Congreso y bienvenidas sean todas las opiniones“, indicó una voz de confianza del Presidente.

Más allá de esta postura, la intención del Gobierno es que no se demore el debate y avanzar “rápido”. De hecho, en cuanto al tratamiento hay una hoja de ruta ambiciosa: según acordó la Casa Rosada con la vicepresidenta, el proyecto se comenzaría a debatir en comisión la próxima semana en el Senado, y la idea es que se trate en el recinto a fines de agosto.

Hay voces más audaces que, a partir de la amplia mayoría con la que cuenta el Frente de Todos en la Cámara Alta, plantean la posibilidad de que obtenga dictamen de comisión en 15 días.

Asoma difícil, por la polémica que ya generó con Juntos por el Cambio, aunque dependerá del contexto que rodee al debate.  

Por su parte, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; ya comenzó el poroteo con legisladores de bloques opositores para garantizar respaldo a la iniciativa. “Va a ser durísima, pero el número va a estar“, confían desde el despacho de un hombre clave del oficialismo. Massa y la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti -álter ego de Cristina- podrían acordar un esquema de expositores conjunto para ambas cámaras.  

El proyecto prevé duplicar la cantidad de jueces federales en todo en el país ya que crea 121 nuevos cargos, pero principalmente se gestó con el objetivo de licuar el poder de los doce juzgados federales de Comodoro Py. Por eso, contempla la creación del fuero federal penal, con asiento en la Ciudad, que tendrá 46 magistrados.

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Este último punto, según advierten en el oficialismo, es uno de los aspectos que “no es negociable”. 

Como en casi todos los temas, en una coalición tan diversa surgen distintas posturas respecto a la estrategia política: hay quienes consideran “innecesario” que se haya enviado la reforma de la Justicia Federal en simultáneo con la creación del cuerpo de expertos que analizará cambios en el Alto Tribunal. “Nadie se puede oponer públicamente a depurar lo que significa Comodoro Py, pero instalar la ampliación de la Corte ahora da excusas para decir a todo que no”, razona un funcionario de primera línea y con vínculo directo al Presidente.