El secretario de Derechos Humanos
de la CGT, Julio Piumato, ratificó que a la central obrera “todo lo humano le importa” y reivindicó el proyecto de ley presentado en septiembre de 2017 por la central obrera y el gremio judicial (UEJN) para que se declare de lesa humanidad el delito de trata de personas, al conmemorar este jueves el Día Mundial contra el flagelo, informó el dirigente.
“Cuarenta millones de personas son víctimas de la esclavitud moderna, de las cuales 25 millones cumplen trabajo forzoso -incluyendo las de trata para explotación laboral y sexual, de las cuales un tercio son menores-, y otras 15 millones sufren el matrimonio forzoso”, señaló Piumato en un documento.
El también titular de la Unión Empleados de la Justicia de la Nación, reseñó en un comunicado que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instituyó el 30 de julio como Día Mundial contra la Trata de Personas para generar “mayor conciencia sobre la situación de las víctimas, promover y proteger sus derechos y adoptar medidas coordinadas, amplias y sistemáticas”, afirmó.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) que conduce el exsindicalista británico Guy Ryder impulsa el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y Forzoso (IPEC+) que, en consonancia con la Meta 8.7 de la Agenda 2030 del organismo para el Desarrollo Sostenible de la ONU, procura fortalecer “los esfuerzos para erradicar todas las formas contemporáneas de esclavitud y trata de personas para el año 2030”, señaló.
En representación de su gremio y de la CGT, Piumato presentó en septiembre de 2017 en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) el proyecto de ley para que se declare de lesa humanidad la trata de personas y toda forma de esclavitud moderna, puntualizó este jueves en el documento de prensa.
La iniciativa respondió al compromiso asumido en la Cumbre de los Jueces sobre la trata de personas y el crimen organizado, que organizó la Academia Pontificia de Ciencias Sociales en Ciudad del Vaticano en junio de 2016.
Piumato indicó que el Observatorio del Trabajo de la CGT y la Comisión de Drogadependencia de la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina asumieron “el compromiso de visualizar una de las peores formas de trabajo infantil forzoso: niños empleados por vendedores de drogas”.
“Ello ocurre en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, donde realizan reparto y vigilancia. Esos menores son también adictos”, concluyó el dirigente gremial.