Aunque parecía casi imposible poco tiempo atrás, en los las últimos días se fue contemplando como posibilidad, y finalmente este jueves Cristina Fernández de Kirchner recibió a directos del flamante Consejo
Agroindustrial Argentino (CAA), que le presentaron un Plan Federal de Reactivación Económica.
“Los felicito y estoy a disposición para avanzar”, les dijo la vicepresidenta de la Nación a tres representantes del CAA, que en ese momento se sintieron protagonistas del fin de la grieta iniciada en 2008, con la Resolución 125 de retenciones móviles, un conflicto de 4 meses que terminó justamente en el Senado con el voto “no positivo” del entonces titular de la Cámara baja, julio Cobos.
Aquella disputa marcó la relación del kirchnerismo con el sector agropecuario desde entonces. ¿Esa herida empezará a cerrarse ahora? Desde la simbología política, lo primero que debe señalarse es que la representación “del campo” esta vez no fue ejercida por la Mesa de Enlace, que integran las 4 entidades que nuclean a los productores.
El CCA es un nucleamiento de más de 40 entidades del campo y la producción de alimentos, en el cual participan las entidades de la Mesa de Enlace -salvo la Sociedad Rural Argentina– y que se desde una actitud muy enfocada a construir consensos con la mayor amplitud posible, logró el apoyo clave de la Unión Industrial Argentina (UIA).
La iniciativa también fue captando la adhesión de diversos representantes del oficialismo político, incluidos varios ministros, gobernadores y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que se reunieron con los dirigentes del sector privado en los últmos días.
En el marco de esa secuencia, este jueves fueron al Senado, José Carlos Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y coordinador del Consejo Industrial Argentino, Roberto Domenech, presidente de la Cámara de Empresas Avícolas (CEPA) y Gustavo Idigoras, presidente del Centro de Exportadores de Cereales y de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA-CEC).
Allí, Cristina, los sorprendió gratamente con un tono amable durante 45 minutos, casualmente el tiempo que suelen durar las sesiones de psicoanálisis… En ese contexto no fue necesario que los dirigentes del sector privado explicaran el documento porque, de entrada, CFK les dijo que lo había estudiado en profundidad y estaba en general de acuerdo con las instrumentación de las medidas que allí se proponen. A partir de esa introducción se intercambiaron ideas en forma coloquial, yendo directamente a algunos aspectos de la iniciativa.
“El nudo del diálogo fue el acuerdo sobre la necesidad de fomentar las exportaciones pero sin descuidar al mercado interno en la provisión de alimentos”, le dijo Martins a Clarín. “Ese punto fue el gran mensaje que transmitió la vicepresidenta, pero ninguno de los presentes lo vimos como una contradicción con el plan, porque que más allá de la promoción de las ventas externas ponemos el acento en el desarollo federal con inclusión social”, destacó el vocero del CCA.
La vicepresidenta preguntó si se estaba redactando un proyecto de ley. Y cuando le respondieron que “no, porque primero se busca construir un consenso amplio”, estuvo de acuerdo.
El CCA se lanzó el 17 de julio -casualmente a 12 años exactos del voto no positivo de Cobos- y nuclea a CONINAGRO, Confederaciones Rurales Argentinas, la Federación Agraria Argentina, las bolsas de cereales de Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Rosario y Santa Fe. También participan la Cámara Argentina de Feedlot, la de la Alfalfa, de productores avícolas, del maíz Pisingallo, de industriales arroceros, de la industria aceitera y de puertos privados; el Centro de Empresas Procesadoras Avícolas, el de Exportadores de Cereales y la mesa nacional de carnes.
Plantean como objetivo consolidar a la Argentina como líder en el comercio internacional de alimentos de origen animal y vegetal, alimentación animal y exportador de tecnologías del ecosistema agro alimenticio como biotecnologías, edición génica, tecnologías de la información, maquinarias, insumos, servicios profesionales y técnicos.
Aseguran que, entre 2020 y 2030, se pueden generar 210.000 empleos directos en el interior del país y 700 mil en el total de la economía, sin descuidar el entorno ambiental, y lograr U$S 100 mil millones anuales de exportación (un 52% más que los U$S 65 mil millones que se exportan hoy). Todo esto sin requerir subsidios del Estado.
Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y ex Agregado Agrícola por la Argentina ante la Unión Europea, alertó que “Europa ya lanzó el Pacto Verde (Green Deal) que planea descarbonizar su economía e imponer certificaciones ambientales obligatorias y posibles impuestos de importación al carbono que emitan los alimentos que ingresen a la UE desde terceros países. Explicó que “esto se puede traducir en barreras de exportaciones agroalimentarias por lo que nuestro país debe planificar como sectores productivos y exportadores una estrategia de descarbonización de nuestra agricultura; promover la siembra directa masiva que reduce sensiblemente emisiones, consumo de combustibles fósiles y evaporación del agua, mostrar que protegemos el “Gran Chaco” (segundo bioma de América Latina) e impulsar las certificaciones de carbono neutro de todos los productos alimenticios exportables”.
En tanto, Roberto Domenech, presidente de la Cámara de Empresas Avícolas (CEPA) resaltó que “este año habrá un nuevo récord de producción de pollos” y también dijo que “hay que trabajar ahora para tratar de visualizar cuáles serán los cambios que se avecinan, los nuevos hábitos, las nuevas demandas de los consumidores, qué servicios deberemos proveerles. Saber que estos cambios demandarán inversiones y rápidos reflejos para responder a las demandas de todos los que nos rodean y nos observan”.
Martins explicó que “se busca definir una política activa de corto plazo, con fuerte impronta hacia las relaciones internacionales, con herramientas de políticas institucionales, impositivas, financieras y técnicas con efectos fiscales neutros. Además opinó que se apunta a detener el flujo migratorio del interior hacia las grandes urbes. Además resaltó que, desde el Consejo, entienden que el contexto económico que está atravesando la Argentina es anterior a la pandemia. Y agregó que “se necesitan propuestas sectoriales, en los próximos 60 días, que integren un proyecto de Ley que pueda ser tratado por el Congreso de la Nación antes de terminar este año, y que debe tener que ver con el desarrollo agroindustrial exportador con fuerte inclusión social y federal, que dé estabilidad fiscal y financiera por los próximos 10 años”.
Los próximos pasos serán continuar con las reuniones con otros ministros -no está previsto por ahora un encuentro con el presidente Alberto Fernández, mientrsas los equipos de estudios económicos de las entidades que conforman el CCA analizan números para “bajar a tierra” los objetivos que generan este consenso preliminar. El desafío es que a la hora de darle forma a las propuestas, surjan diferencias que diluyan este acercamiento.
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