El Senado de la Nación aprobó, con el apoyo de todos los bloques parlamentarios, el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo sobre la reestructuración de deuda bajo
legislación argentina y envió la iniciativa a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
El proyecto fue respaldado tanto por el oficialismo como por la oposición, aunque durante el debate se registraron fuertes cuestionamientos cruzados respecto a la responsabilidad sobre el crecimiento de la deuda.
El Frente de Todos aceptó introducir una modificación solicitada por el interbloque de Juntos por el Cambio respecto a la iniciativa girada por el Poder Ejecutivo, con la inclusión de la denominada cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers), de manera de reconocer a los tenedores de los bonos bajo ley local las mejores condiciones que eventualmente pudieran obtener los bonistas en el canje de la deuda emitida bajo la ley internacional.
El proyecto dispone la reestructuración de la deuda del Estado nacional instrumentada en los títulos públicos denominados en dólares estadounidenses emitidos bajo ley de la República Argentina mediante una operación de canje.
Según la iniciativa, los tenedores de los Títulos Elegibles que no adhieran a la invitación a canjear continuarán con sus pagos diferidos hasta el 31 de diciembre del año próximo, en el marco del plan que se encuentra actualmente vigente.
Entre otras cuestiones, el proyecto destaca que la capacidad de repago de la Argentina “está relacionada tanto con el crecimiento sostenible a largo plazo -condición que a su vez depende de la capacidad de la economía de expandir la producción de bienes comerciables-, como con los compromisos que se han asumido en la oferta realizada para la reestructuración de la deuda pública emitida bajo ley extranjera”.
“De igual modo -añade el texto- el volumen de deuda y la tasa de interés promedio que surge de la reestructuración, en uno y otro caso, es compatible con el sendero de superávits primarios que se plantean en el escenario, de manera que en el largo plazo las relaciones de deuda a producto de la economía se estabilicen, garantizando la sostenibilidad”.
Según un informe publicado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, el proyecto para la reestructuración de US$ 41.717 millones de títulos en dólares emitidos bajo legislación argentina implica el alivio en pagos por casi US$ 20.000 millones hasta 2030.
En total, los títulos a reestructurar equivalen al 12,9% de la deuda total del país y al 12,5% del PBI, de los cuales, aproximadamente, unos US$ 14.700 millones (35%) están en manos de tenedores privados y el resto en distintos organismos públicos (BCRA, FGS, Banco Nación, entre otros).
Durante la discusión del proyecto de ley, los legisladores del oficialismo y de la oposición se cruzaron duramente por el endeudamiento de la Argentina.
Al presentar el proyecto, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, el oficialista cordobés Carlos Caserio, dijo que la Argentina quiere “pagar, pero no con el hambre y el sufrimiento de los argentinos”.
El legislador agregó que “esta fue la última proposición a los acreedores”, la calificó como “generosa y justa” y aseguró que tenía “la convicción de que será aceptada”.
Por su parte, el senador nacional de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, afirmó que el proyecto “es importante” y otorga “tratamiento igualitario” a los tenedores locales en comparación con los bonistas que poseen tìtulos emitidos bajo ley extranjera.
“Hay dos Argentinas, lamentablemente, porque hemos expulsado mucha gente, casi 40 por ciento de la población” en situación de pobreza, expresó el senador porteño durante el debate, tras lo cual subrayó que “ya no hay más tiempo para la grieta”.
Por su parte, el jefe del interbloque opositor, Luis Naidenoff, sostuvo que apoyaba la reestructuración “sin cálculos de conveniencia”, pero advirtió que “este acompañamiento no implica dejar de advertir la demora de estos siete meses sin encontrar una salida en el manejo de la deuda”.
Finalmente, el líder del bloque del Frente de Todos, José Mayans, enfatizó que los resultados del gobierno de Mauricio Macri “están a la vista, con millones de argentinos en la pobreza”.
Mayans calificó al gobierno anterior como una administración dedicada “al robo, la especulación y la usura” y dijo que “no se puede pagar con el hambre y la miseria del pueblo la especulación financiera”.
“Por más presiones de minorías que haya en su afán de debilitar al gobierno, por este Congreso no va a pasar ninguna otra ley que otorgue un peso a más a nuestros acreedores poniendo en jaque la vida de los argentinos”, concluyó el jefe del bloque oficialista.
