A solas, Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta analizaron durante dos horas y media el formato -y el anuncio- de la próxima cuarentena, la novena extensión que arrancará el próximo
lunes.
En Olivos, con una corte de funcionarios a la espera, el presidente y los jefes políticos de los dos territorios con indicadores críticos de COVID-19, acordaron un statu quo: durante dos semanas, todo seguirá sin cambios aunque se pondrá se pondrá el foco sobre las reuniones sociales, un vector de los más críticos.
No habrá cierres ni, tampoco, nuevas aperturas. Y estará latente la cláusula gatillo que se reserva Fernández de, en caso de un un salto en cantidad de casos y ocupación de camas UTI, apurar la revisión de la medida. Lo que Kicillof llamó “cuarentena intermitente”.
De ese modo, no habrá restricciones a la actividad comercial -no más que las vigentes- ni a la actividad industrial aunque se acordó, casi un clásico, reforzar los controles sobre el transporte público, un vector de contagio.
Es una apuesta que, como todo con el COVID-19, está someitto a ensayo y error. En rigor, esta semana, en CABA y el conurbano se permitió la apertura de peluquerías y casas de estética, además de estudios de profesionales.
Quedaría en suspenso, en cambio, la reapertura de los corredores comerciales en las principales avenidas porteñas que debía comenzar este lunes.
La cumbre de Olivos terminó antes de que se difunda el parte oficial que aportó dos récords: en cantidad de casos confirmados en un dia y de fallecidos en 24 horas.
El semáforo sobre las camas UTI -de cuidados intensivos- despierta las alertas y se convirtió en un pulseo mediático entre la provincia y la ciudad: unos dicen que está a punto de colapsar, otros que está estable sin riesgo inmediato.
Verdades parciales: en CABA, el sistema público muestra márgenes pero el privado está en zona crítica mientras en el conurbano, el publico tiene más ocupación que el privado.
Todo se enlaza. El PAMI deriva pacientes a hospitales nacionales del Gran Buenos Aires por la falta de camas en clínicas privadas porteñas. Un caso: en el nuevo hospital de Esteban Echeverría, de 20 internados, 11 son derivados por el PAMI desde geriátricos porteños.
Al mediodía, Fernández recibió en la quinta presidencial a un grupo de expertos que integran el comité de asesores por el COVID-19. Lo hizo acompañado por Ginés González García y Carla Vizzotti, ministro y vice de Salud.
Hay un concepto que se repite en los niveles políticos y sanitario: la administración de la pandemia está en un plano que reclama “responsabilidad social” más que medida extremas de cuarentena.
“Hay dos opciones: lograr que la gente se comprometa en el cuidado propio de los demás o imponer una cuarentena que solo se puede cumplir con un despliegue policial severo”, apuntó un funcionario a Clarín. “Nadie quiere lo segundo”, completó.
Fernández comenzó, esta semana, a ensayar ese foco: un spot oficial que salió el domingo apuntó a los riesgos de romper la cuarentena y luego advirtió sobre los riesgos del incumplimiento del aislamiento.
En el gobierno aportan una lectura: los más jóvenes “le perdieron el miedo al virus”, porque la estadística refleja que afecta más y es más letal con los mayores, y eso hace que no cumplan con las restricciones.
“Se rompió la solidaridad intergeneracional: los más jóvenes no se cuidan y se convierten en un vector de contagio para los adultos”, apuntan desde el oficialismo.
Aparece, por eso, un planteo más ligado a la información y la comunicación que a medidas estrictas que, por otro lado, nadie parece en condiciones de hacer cumplir.
La última cuarentena rígida lo demostró: bajó la movilidad la primera semana, favorecida porque incluyó dos días feriados, pero la segunda semana ya el tránsito volvió a niveles de mayo.
El miércoles, temprano, Larreta y Kicillof coincidieron en ese enfoque. El bonaerense pidió que el porteño no disponga nuevas flexibilizaciones, las que forman están incluidas en el cronograma que Larreta construyó como un horizonte hacia una normalidad incierta.
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