Primeros en la lista, los subsidios energéticos con sello kirchnerista que han vuelto y han vuelto a toda orquesta. Se los mire del derecho o del revés o se los explique
a la manera que cada cual quiera, ya representan un paquetazo de plata que se concentra, especialmente, en el consumo de energía eléctrica y que se suma a una larguísima, frondosa cuenta de gastos del Estado.
Según planillas de la Secretaría de Hacienda, entre el primer semestre de 2019 y el mismo período de 2020, el costo de sostener el sistema eléctrico escaló de $ 37.000 millones a $ 125.740 millones. Un 240%, o 200 puntos porcentuales por encima de la inflación anual.
Si se prefiere un dato todavía más sonoro, tenemos que de esos 125.740 millones unos 100.000 millones se consumieron durante el trimestre abril-junio, o sea, en plena pandemia. Es un salto demasiado grande para sólo tres meses y, además, tres meses en los cuales bajó el consumo de electricidad, pero se trata al fin de un gran dibujo contable: el Ministerio de Economía blanqueó plata que ya había sido gastada y limpió así una partida que estaba agotándose, para agregar otra y continuar viaje.
La partida que estaba agotándose ascendía a $ 152.000 millones y se agotó el lunes pasado, justo cuando ingresaba al Congreso una ampliación del Presupuesto vigente enviada por el Gobierno. Ahí está la nueva partida: casi 200.000 millones que elevan a 350.000 millones el cupo para subsidios energéticos de este año. Sin rodeos ni casualidades, eso equivale a cinco presupuestos del Ministerio de Salud o, convertido al tipo de cambio oficial, a casi 4.700 millones de dólares reales.
Queda claro que el sistema que el kirchnerismo supo exprimir a fondo ha vuelto con todo. Y ha vuelto también con un detalle que cuanto menos suena a pereza técnica: sigue sin discriminar el beneficio según los ingresos de los beneficiarios y, de ese modo, favorece más a quienes ocupan los escalones superiores de la pirámide social que a aquellos que están del medio para abajo. Populismo al revés y despilfarro.
Por si a esta altura hace falta aclararlo, una definición simplificada de subsidio diría para el caso que es la diferencia entre el costo de generar la energía y el precio que los usuarios pagan por la energía o no pagan, como pasa con la fuerte mora de Edenor y Edesur. Sobre cosas semejantes hablan informes de Cammesa, la empresa que administra el sistema y que, con recursos que el Tesoro Nacional le transfiere, banca la diferencia que les corresponde a los que producen la energía.
Sintetiza un especialista: “Tal cual están hoy los tantos, es posible afirmar que la mitad de la factura la ponen los usuarios del tipo que sean y la otra mitad la pone el Estado”. Dicho con sus propios números, hacia enero-mayo de 2019 las tarifas cubrían aproximadamente el 73% del costo de la generación contra el 59% que cubrieron en el mismo período de este año.
En la ecuación y en el resultado de la ecuación asoma, evidente, el peso que las tarifas tienen siempre en esa estructura. Para un lado o para el otro.
Hasta comienzos del año pasado, aumentos sucesivos fueron aproximando los precios a los costos pero a partir de abril, cuando la inflación avanzaba rumbo al 60% anual, el macrismo plantó un congelamiento que el kirchnerismo extendió después hasta fines de 2020.
Ahí salta una explicación sobre el punto en que se encuentra hoy la brecha costo-precio, aunque convive con otra: la morosidad creciente en el pago de las boletas, que las compañías distribuidoras trasladan de hecho a Cammesa. Más el decreto que apuntala la posibilidad de juntar hasta seis facturas impagas sin riesgo de cortes del servicio.
Se supone que la caída del consumo de electricidad juega o debiera jugar en contra del incremento de los subsidios, pero sólo es un supuesto. La demanda promedio de junio dice 0,9% positivo, claro que después de sendos rojos del 11% y del 7,6% en abril y mayo, respectivamente.
Salvo el consumo residencial, fogoneado por la cuarentena eterna, a comienzos de julio todo mostró signo negativo: según Cammesa, un 20,4% entre los grandes usuarios industriales; 8% en la alimentación, el comercio y los servicios y 7,9% en petróleo y minería.
Y dado que el ruido económico aturde y la amenaza de inflación no desaparece, si la brecha costo-precio sigue estirándose también se estirarán los subsidios. Nunca faltará plata o, mejor dicho, emisión y siempre habrá un decreto de necesidad y urgencia a mano.
Un caso parecido al de la electricidad, aunque menos explosivo y en un punto también raro, es el de los subsidios al transporte de pasajeros del área metropolitana que van, sobre todo, al pago de salarios. El mix de colectivos más trenes acumuló gastos por $ 48.150 millones durante el primer semestre, con un aumento del 56% respecto del mismo período del año pasado.
¿Y qué hay de raro allí? Primero, la duda de que la mejora salarial se hubiese correspondido con ese 56%. Luego, que entre fines de marzo y fines y de abril la cuenta se hubiese más que duplicado, pese a las restricciones al uso del transporte y sin ninguna partida a punto de agotarse.
Súper elocuente, una estadística del INDEC canta que el movimiento del transporte de pasajeros cayó 45,5% en marzo, cuando arrancó el aislamiento obligatorio, y que se derrumbó 92% en abril. Las cifras del desplome son similares tanto para colectivos como para trenes, urbanos o interurbanos.
El dato que falta: la ampliación del Presupuesto Nacional que proyecta el Gobierno contempla 25.280 millones de pesos extra, para subsidiar los servicios de trenes y colectivos. Así, entre el remanente que hay y el plus la partida completa de este año ronda los 100.000 millones, esto es, 1.333 millones de dólares al tipo de cambio oficial.
Los subsidios al transporte y al consumo de energía agregan $ 450.000 millones o US$ 6.000 millones al paquete llamado Covid-19. Con la ampliación del Presupuesto incluida, el paquete Covid-19 bordea el billón de pesos o US$ 13.333 millones.
Ahí dentro aparecen, entre otros gastos, 270.000 millones del IFE, la asistencia para unas 9 millones de personas de muy bajos recursos; los $ 212.000 millones del programa ATP, que sostiene parte de los salarios de unos 2 millones de trabajadores del sector privado; los 98.000 millones del plan alimentario y 68.000 millones de la línea que garantiza y financia préstamos para pymes.
La suma de todas las partes arroja, finalmente, una montaña de subsidios cercana a los 20.000 millones de dólares.
Fuera de cualquier debate, en este brete, que es su propio brete, ha quedado metido el Gobierno. Lo más parecido a un lío donde tocar o dejar caer una pieza implicaría pagar altos costos políticos o donde sostener la estantería a pura emisión ya luce demasiado riesgoso si no imposible.
Tiene sentido repetir entonces qué tenemos: tarifas y precios congelados; subsidios a una población tan enorme como vulnerable; plata que mantiene sueldos y oxigeno financiero vital para pequeñas empresas que implica empleo. Todo, con el telón de fondo de una economía destartalada y la película del Fondo Monetario que se acerca.
Y encima, por si se olvidó, unas elecciones parlamentarias que en 2021 pueden marcar los porvenires de algunos personajes fuertes
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