El interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), Federico Bernal, defendió la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia 1053/18 firmado por Mauricio Macri al considerar que “estatizar
la deuda privada provocada por la brutal devaluación de 2018 y los interminables desaguisados económicos y financieros” cometidos durante esa gestión, implicaba “trasladarla a toda la población”.
Así lo expresó en una carta abierta dirigida al jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, senador Luis Naidenoff, en la que le pidió al legislador que le explique él “a los 40.000 hogares que deben calefaccionarse con leña que también ellos están obligados a pagar la dolarización del precio del gas en la tarifa”.
“Explíquele lo mismo a los cientos de miles de hogares que se vieron obligados a desconectarse de la red y pasarse a garrafa (en el mejor de los casos) entre 2016 y 2019”, planteó Bernal, a la vez que afirmó que, al pedir la continuidad de la vigencia del DNU derogado, “está pidiendo que los impuestos que paga la gente se destinen, en la parte que corresponda, a saldar las consecuencias de la dolarización del precio del gas concertada a fines de 2017”.
“Al pedir que asuma el Estado Nacional esa deuda, está proponiendo que también la paguen los cerca de 5 millones de hogares que consumen GLP en garrafas, granel y tubos, así como los 38.173 hogares que consumen kerosene, leña y residuos orgánicos, más los 36.308 que se abastecen con GLP por redes”, sostuvo Bernal en el texto.
Las diferencias en el tipo de cambio generadas en los contratos de gas en dólares entre distribuidoras y productoras no pueden incorporarse legalmente como un seguro de cambio y traspasar a 45 millones de argentinos una deuda privada de $25.000 millones, aseguró el interventor del Enargas.
En la sesión del 24 de julio, Naidenoff defendió la validez del DNU al afirmar que “trató de brindarle sensatez y certidumbre a ciudadanos” y afirmó que su derogación implicará que “esa diferencia de $25.000 millones la van a tener que pagar los usuarios” .
Asimismo, las petroleras -a través de la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos (CEPH)- solicitaron al Gobierno nacional que se efectivicen los pagos comprometidos por el Estado más allá de la suerte del DNU.
La gestión Cambiemos reconoció $25.000 millones a las productoras de gas en compensación por el impacto de la devaluación de 2018 en los contratos de suministros, lo que haría a través de 30 cuotas mensuales de las cuales sólo llegó a pagar la primera, días antes de dejar el Gobierno.
En su extensa respuesta, Bernal rechazó que, derogado este decreto, la deuda pasa automáticamente a los usuarios porque “las diferencias en el tipo de cambio generadas al haber suscripto contratos de gas en dólares (distribuidoras con productoras) no pueden incorporarse legalmente como un seguro de cambio para las empresas”.
El decreto 1053 se hacía cargo de 100% de la diferencia de cambio de los contratos por la compra de gas de las distribuidoras a las productoras, en una operación afectada por la fuerte devaluación de 2018, y que en principio el gobierno de Macri pretendió trasladar a los usuarios mediante un cargo adicional en sus facturas.
“El marco regulatorio no prevé que los usuarios del servicio público deban hacerse cargo vía tarifaria de la devaluación y su impacto en el precio del gas”, insistió Bernal al recordar que las Reglas Básicas de la Licencia de Distribución (RBLD) de 1992 “se redactaron cuando no existían variaciones del tipo de cambio”.
Por otro lado, Bernal refutó también el argumento de Naidenoff de que la diferencia en los tipos de cambio fueron absorbidos 50% por las empresas y 50% por el Estado nacional: “Esa fue una frustrada propuesta elevada por la UCR al entonces secretario de Energía Javier Iguacel en octubre de 2018, pero el DNU aprobado en noviembre no la tuvo en cuenta: 100% de la deuda la absorbió el Estado Nacional”, indicó.
