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Una pericia psiquiátrica para determinar si uno de los cinco imputados está en condiciones de continuar en el proceso provocó una nueva demora en el juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura denominado “Saint Amant III”, que investiga crímenes contra 50 víctimas del Terrorismo de Estado en el norte bonaerense, informaron hoy fuentes judiciales.
La pericia al coronel (re) Federico Bossié, principal acusado de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y desapariciones, se realizará el próximo martes y será presencial, según informó a Télam el fiscal del caso, Adolfo Villate, quien explicó que lo que se pretende es “evitar posibles situaciones de simulación que no pueden advertirse en forma virtual”.
Bossié, que fue condenado a prisión perpetua en 2012 y en 2015 en las dos partes anteriores del juicio llamado “Saint Amant” (por el fallecido ex jefe del Área Militar 132), tiene 81 años y, según su defensa, no está en condiciones de comprender que enfrenta el proceso por sufrir demencia senil, indicaron a Télam fuentes judiciales.
Se hizo una pericia a distancia, sin verlo, y determinó que no estaba apto para continuar en el juicio”
Adolfo Villate
Explicó que la Fiscalía también solicitó una pericia de parte cuyo resultado indicó que “si bien podría estar perdiendo memoria por la edad, podía seguir en el juicio”.
Frente a ese panorama, Villate solicitó una nueva pericia para resolver el conflicto que será presencial y se realizará el 4 de agosto próximo.
“Planteamos que sea presencial, para evitar posibles situaciones de simulación que no pueden advertirse en forma virtual”, sostuvo el titular de Unidad de Asistencia a las causas por violaciones a los Derechos Humanos de Rosario.
La pericia estará a cargo de la cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA).
La prueba científica es importante para la continuidad del juicio porque la defensa de Bossié había solicitado al Tribunal Oral Federal una ampliación de su declaración indagatoria.
El juicio, que lleva adelante el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) de Rosario, se inició en junio del año pasado y tras el receso judicial de verano retomó las audiencias en febrero, pero volvió a interrumpirse en marzo por las medidas de aislamiento dictadas por la pandemia de coronavirus, explicaron voceros del caso.
El proceso está en su fase final de producción de prueba y, para agilizarlo, el Tribunal aceptó incorporar “por lectura” algunas testimoniales y tomar otras a través de videoconferencia.
Sin embargo, la defensa del principal acusado, el coronel (re) Antonio Federico Bossié, planteó que no puede continuar en el juicio por sufrir demencia senil.
Según explicó Villate, el resto de la prueba ya fue producida durante las audiencias de debate por lo que, una vez cumplimentada esa, el proceso entraría en la etapa de los alegatos de la parte y el Tribunal debería fijar la fecha de sentencia.
Además de Bossié, en el juicio están acusados por delitos como privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y desapariciones otros cuatro represores.
Se trata de Oscar Alberto Rodríguez, un exoficial inspector de una comisaría de Pergamino durante la última dictadura; Guillermo Aníbal Piccione, oficial de Personal y Logística del Batallón de Ingenieros 101; Omar Andrada, oficial de Inteligencia en la seccional San Nicolás; y Bernardo Luis Landa, capitán oficial de Personal y Logística del Batallón, hasta 1978.
Los delitos por los que se los acusa ocurrieron entre 1976 y 1977, los dos primeros años de la represión ilegal desatada contra los opositores políticos al régimen.
Durante el juicio se ventilaron los casos de 50 víctimas del Terrorismo de Estado de las localidades bonaerenses de Pergamino, San Nicolás y San Pedro, que estaban bajo la órbita del Área Militar 132 -dependiente del I Cuerpo de Ejército- comandada por el coronel Manuel Fernando Saint Amant.
El oficial retirado murió el 21 de marzo de 2016 luego de recibir dos condenas a prisión perpetua por su participación en la represión ilegal durante la última dictadura.
