La Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal aprobó
este lunes una serie de medidas para avanzar en el proceso de juicio político al Procurador General Interino, Eduardo Casal, durante una videoconferencia que concluyó con cruces entre oficialismo y oposición por las acusaciones de mal desempeño al funcionario.
Entre las disposiciones adoptadas hoy por los miembros de la Bicameral figuran las de girar a la comisión de Juicio Político de la Cámara baja los 12 pedidos de enjuiciamiento que constan en ese cuerpo, informó el presidente del cuerpo, Martín Doñate, tras una votación en la que se impuso el oficialismo.
Otra de las medidas adoptada durante la reunión fue la de convocar para el próximo miércoles a la fiscal general Gabriela Boquin, a cargo de la causa Correo Argentino que involucra al ex presidente Mauricio Macri y funcionaria que responsabiliza a Casal de una persecución en su contra.
Un presunto llamado teléfonico de Casal a la fiscal para informarle sobre la apertura de un sumario por malos tratos denunciados por siete empleados judiciales bajo su cargo fue el eje de una discusión esta tarde entre los legisladores de ambas bancadas.
El oficialismo acusó a la oposición de “apañar” al Procurador interino, en su proceder y en sus demoras para remitir información solicitada a la Bicameral, y Juntos por el Cambio pidió que se cite a Casal para que ejerza su defensa y denunció que el Frente de Todos “pretende imponer un relato que le quede cómodo según sus intereses”.
“La verdad es que la contestación de Casal es una burla y nos toma un poco el pelo”, declaró el diputado nacional del FdT, Rodolfo Tailhade, mientras que su par de la UCR Diego Mestre calificó como “vergonzoso” que se vote tan diligentemente el giro a Diputados y que no se cite a Casal para “darle la posibilidad de escucharlo”.
El diputado Nicolás Rodríguez Saá (FdT), vicepresidente segundo de la Comisión de Juicio Político, confirmó que desde ese cuerpo se llevarán “adelante todas las actuaciones para iniciar el proceso como corresponde bajo las normas que rigen el reglamento de la Cámara e iniciar el juicio político a Casal por mal desempeño de sus funciones”.
La diputada Vanesa Siley (FdT) denunció por su parte el hostigamiento del que viene siendo víctima la fiscal que debe investigar la causa del Correo y señaló a Casal por esa situación y por el hecho de que el fiscal federal Carlos Stornelli se haya negado a declarar en varias oportunidades en el marco de causas abiertas en su contra, con el supuesto aval del Procurador.
La senadora de Cambiemos Silvia Elías de Pérez (UCR) acusó al oficialismo de pretender someter a “hoguera pública” al Procurador interino y denunció “un avasallamiento” por pretender pasar actuaciones a la comisión de Juicio Político cuando “no se han escuchado a todos los involucrados”.
En el final del encuentro, se escuchó el testimonio de Natalia Salvo, de la Asociación Civil Nace un Derecho, quien fundamentó el pedido de juicio político a Casal en el “doble estandar que daña el estado de derecho” del funcionario judicial.
Para pasado mañana, además de la fiscal Gabriela Boquin, serán citados aprestar testimonio el presidente de la Asociación Civil Nace un Derecho, Hernan Mirasole; y los miembros de Adejuud Gastón Carrere y Rodolfo Parisi.
El procurador Casal había pedido al Congreso Nacional extender el plazo fijado para responder pedidos de información que recibió de parte de la Bicameral, con el argumento de que le resulta imposible cumplir con el plazo de 10 días corridos para responder cinco requerimientos de los legisladores.
Días atrás, Casal envió una nota a la Comisión Bicameral excusándose de poder cumplir con los tiempos e hizo hincapié en que la capacidad operativa del organismo que encabeza se encuentra disminuida en virtud del aislamiento obligatorio.
El 16 de este mes, el senador Doñate envió a Casal una nota formal en la que, entre otros puntos, se le solicita un listado con la totalidad de los magistrados en funciones en el Ministerio Público Fiscal que a la fecha se encuentren sometidos a régimen disciplinario y el tipo de falta atribuida con la información respectiva que acredite la intervención o no del Consejo Evaluador.
También se le pidieron las ejecuciones presupuestarias de los años 2018 y 2019 del Ministerio Público Fiscal.
