Un productor agropecuario fue allanado mientras daba una entrevista radial en una causa por la violación de la cuarentena con una cena del Día del Amigo. También fueron allanados los domicilios
y les secuestraron los celulares a dos jueces, un fiscal y otro abogado quienes participaron de esa reunión.
El caso de la violación de la cuarentena parece alcanzar un tono institucional. El Gobierno provincial se presentó como querellante, algo que no ocurrió en los miles de casos iniciados por la violación del artículo 205 del Código Penal que sanciona la violación de la cuarentena.
El productor y empresario Carlos Ruiz Pérez, quien resultó positivo de coronavirus y reveló la realización de esa cena, fue allanado mientras daba una entrevista radial.
“Me están allanando… tenemos la casa llena de policías”, dijo Ruiz Pérez a la radio LU 100. Después se escucharon los gritos de la esposa. “¡Por favor! Que esto!”, dijo la mujer.
Ruiz Díaz cuestionó que el Estado se haya presentado como querellante en la causa penal por la cena en la que se violó la cuarentena. Además al productor y empresario le allanaron un comercio en la ciudad de Santa Rosa. De allí le llevaron las cámaras de seguridad.
Esa comida se realizó en la casa del juez Pablo Balaguer, quien es integrante del Tribunal de Impugnación Penal, un tribunal de casación.
El fiscal a cargo Andrés Torino, secuestró el celular de Balaguer y el router. Además secuestró los celulares de la esposa y la hija del juez.
Por la misma causa se hicieron allanamiento en las casas del juez de Faltas Miguel Vagge y del fiscal general Guillermo Sancho, a quienes también le secuestraron el celular. Además le secuestraron el celular a otro abogado, Marcelo Molín y a su hija.
El Día del Amigo, La Pampa estaba en fase 5. Aunque por esos días se podían hacer reuniones de hasta 10 personal, para ese día, el Gobierno emitió un decreto donde estableció reuniones sociales y familiares hasta las 20 horas. Los restaurantes, permanecieron abiertos hasta las 24 horas.
Cuando trascendió esa reunión, el gobernador Sergio Ziliotto echó a un funcionario (jefe del Parque Automotor del ministerio de Salud), Pedro Arcuri. Allí se dijo que se había festejado un asado.
A los tres días, se inicia un brote en la localidad de Catriló, que desató la seguidilla de casos que se desparramaron en la provincia: supuestamente el contagio llegó desde el pueblo bonaerense de Carlos Pellegrini. La Pampa ahora está en fase 1 casi en su totalidad, con 161 casos por ese brote. En los cinco meses anteriores, solo hubo 8 casos.
Cuando se conoció que los dos jueces y el fiscal estuvieron en esa cena, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, José Sappa dijo que “los jueces y el fiscal `pueden perder el cargo si se confirma esa conducta”. Y que los funcionarios podrían enfrentar un “jury”, más allá de la causa penal.
El juez Miguel Vagge dijo que no hubo asado y que la reunión se extendió hasta las 20.30 horas. “No fue un asado. Picamos algo y tomamos unas cervezas. Todo terminó a las 20.30 horas”, dijo.
El abogado Mario Aguerrido defiende a cinco de los acusados: a los dos jueces, al fiscal, al productor Ruiz Díaz y al abogado Molín.
“Presenté un escrito para pedir que se pueda salir del proceso con una multa. Hay una resolución de la Procuración que así lo permite. No es ningún privilegio”, dijo.
El monto aproximado ofrecido por los imputados es de 20 mil pesos, ya que esa resolución no estipula montos.
“Si quieren echar a los jueces y al fiscal, están los caminos institucionales. Pero la causa judicial permite el pago de un multa”, dijo el abogado.
En la propaganda oficial el gobernador Sergio Ziliotto afirma, al hablar del cumplimiento del aislamiento social que “todos son iguales ante la ley”. Pero esa frase se manchó cuando el diputado provincial Espartaco Marín fue interceptado el 15 de junio, manejando su auto a las 2.30 horas de la madrugada con 1,24 de alcohol en sangre. Le secuestraron el auto, pero no le iniciaron una causa por la violación de la cuarentena.
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