La ministra de Justicia, Marcela Losardo, no arriesga ninguna cifra aún bajo la excusa de que hay que pensarlo como una “inversión” el monto que demandará implementar la reforma judicial que el presidente
Alberto Fernández envió al Congreso de la Nación. En el Consejo de la Magistratura y algunos despachos de Comodoro Py coinciden en dos planteos: habrá que volcar sólo en salarios -sin contar infraestructura- unos 5.000 millones de pesos por año. El segundo punto en el que confluyen es que la cifra podría ser aún más elevada, con un escenario deficitario: el Poder Judicial tiene un rojo proyectado para este año de 16.065 millones de pesos.
El proyecto del Gobierno busca establecer el funcionamiento de 46 juzgados federales de instrucción. Para lo que denominará la Justicia General Penal, en primer término unificará el fuero penal económico (que tiene 11 juzgados de primera instancia) con el penal federal porteño (12 juzgados).
A partir de ese momento, cada magistrado actual trabajará con una de las dos secretarías con las que cuenta habitualmente. Así, “sobrarán” 23 secretarías, que acompañarán la creación de ese mismo número de nuevos juzgados.
Este salto implica nuevos salarios, inversiones en infraestructura, insumos, más la manutención mensual. El primer cálculo estima que sólo contemplando el primero de los ítems, es decir la erogación en personal, deberán volcarse entre 4.000 y 5.000 millones de pesos de forma anual. Desde Juntos por el Cambio, a través de un comunicado también estimaron esa cifra cifra.
Para comprender la dimensión de ese monto, hay que analizar los números del Poder Judicial. La erogación anual en sueldos es de 62.465 millones de pesos. Pero si sumamos los gastos de alquileres, bienes de consumo, servicios no personales, bienes de uso y otras transferencias, la Justicia federal y nacional gastará este año 65.114 millones de pesos.
El documento que el administrador general del Poder Judicial elevó a la Corte en medio de la Pandemia por el Covid19 para pedir asistencia del Tesoro Nacional, indicaba que el déficit proyectado para el Ejercicio 2020 asciende a 16.065 millones de pesos.
Un informe al que accedió Clarín, correspondiente a junio, muestra que a salarios se destinaron 5.411 millones de pesos. Sólo en Bienes de Consumo y Bienes de Uso, la erogación fue de 143.4 millones. Y en lo que respecta a los haberes del sector pasivo, la demanda fue de 17,5 millones.
El 97% del presupuesto general del Poder Judicial se destina únicamente a salarios, según el informe oficial. “No hubo inversiones extraordinarias, y le pedimos a la Corte Suprema dos cortes para suplir lo volcado a los insumos para funcionar en medio de la pandemia”, explicaron desde el Consejo de la Magistratura a Clarín, y detallaron que la cifra supera los 40 millones de pesos.
Como el resto del Estado, el Poder Judicial se encuentra con el presupuesto prorrogado del 2019. El déficit financiero, según especificaron fuentes del Consejo de la Magistratura, se arrastra hace varios años. En el organismo ven con preocupación el aumento de juzgados. “Con los números en rojo, llevando a 46 los juzgados, con todo lo que eso implica, sólo incrementás los problemas económicos que se arrastran“, explicó uno de los consejeros que representa a la oposición.
La Justicia recibe fondos bajo tres ítems: el primero de ellos en función de la Ley de Autarquía, luego los recursos que va autorizando el Congreso por los fondos percibidos por la mencionada normativa, y en tercera instancia ayuda del Tesoro Nacional.
El déficit proyectado para este año -por encima de los 16.000 millones de pesos- sólo puede solventarse con ayuda del Estado Nacional, sino el Poder Judicial no llegaría a fin de año para garantizar su funcionamiento, tal como plantearon desde la Administración del Consejo. Por ejemplo, el primer semestre pudo cubrirse porque el Tesoro contribuyó con 7.316 millones de pesos.
Cuando en una acordada la Cámara del Crimen rechazó la reforma judicial, se refirió a la situación económica del Poder Judicial, señalando que lejos de conservar los recursos humanos de la Justicia Nacional, se busca “desguazarlos, desperdigarlos y someterlos a una larga agonía funcional”. Esos recursos, dicen los camaristas, podrían “aplicarlos a la mejora de la Justicia Federal”.
Además, sugirieron iniciativas con costo inmediato prácticamente nulo, “que contrasta con la cantidad de recursos económicos que supone el proyecto oficial“.
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