Luego del rechazo político a la reforma judicial que la oposición de Juntos por el Cambio expresó en un comunicado la semana pasada, ahora tres institutos vinculados a los principales partidos
de esa coalición redactaron sus objeciones técnicas al proyecto de cambios que impulsa el presidente Alberto Fernández. Las fundaciones Alem (Unión Cívica Radical) y Pensar (PRO), y el Instituto Hannah Arendt (Coalición Cívica ARI), concluyeron que “se trata de una reforma inoportuna, innecesaria, mal estructurada, altamente costosa y con aspectos de dudosa constitucionalidad”.
En un comunicado conjunto, los think tanks expresaron que “la oportunidad elegida para lanzar estos proyectos resulta al menos llamativa”, por la emergencia sanitaria causada por la pandemia del COVID-19 tras la cual “se avecina una crisis social y económica sin precedentes.” Este desacople con la agenda urgente “dificulta la posibilidad de arribar al consenso necesario para afrontar complejas modificaciones a las estructuras judiciales”.
“Las reformas judiciales no pueden ser diseñadas a las apuradas ni impuestas por la fuerza de mayorías legislativas circunstanciales. Este tipo de modificaciones institucionales deben ser discutidas a través de un amplio y generoso diálogo que incluya la participación de los actores intervinientes (jueces, fiscales, defensores, abogados, sindicatos y facultades de derecho, entre otros), de especialistas en la materia y de representantes de la sociedad civil” agregan desde los centros de estudios de Juntos por el Cambio.
“Debido a la trascendencia y posible impacto de los cambios impulsados, también resulta esencial que sea parte de un acuerdo programático acordado con las distintas fuerzas políticas, para otorgarle la legitimidad que requieren reformas de esta naturaleza”, sostienen.
Entonces desarrollan las críticas específicas. Para los técnicos de las tres instituciones, “resulta totalmente irrazonable crear más juzgados penales federales con el diseño actual, cuando el artículo 26 del mismo proyecto establece que el sistema acusatorio comenzará a regir en la Capital Federal en el plazo máximo de dos años”. Seguramente la implementación del acusatorio -bajo el cual quienes investigan y llevan todo el peso de los expedientes son los fiscales, y no los jueces- requiera una organización judicial diferente, entonces habrá que modificar otra vez la cantidad y modalidad de los tribunales”, aseguran.
“Además, el número de 23 nuevos juzgados carece de todo fundamento empírico, ya que la carga de trabajo de ninguno de los dos fueros justifica la creación de esa gran cantidad de juzgados. No hay ninguna explicación plausible de porqué es adecuada esa cifra y no otra diferente”, añaden. En el proyecto oficialista, a los 12 juzgados federales de instrucción se sumarían los 11 penal económico, luego se duplicaría esa cantidad con 23 nuevos juzgados, para llegar a 46.
“El no ingreso de nuevas causas no compensará a los tribunales preexistentes del esfuerzo de administrar las causas en trámite, algunas de ellas de gran complejidad, con la mitad de su personal y recursos. Necesariamente, ello ocasionará que muchas causas en las que se investigan delitos de corrupción estatal se paralicen, se retrasen o incluso que pueda operarse la prescripción de la acción penal”, advierten desde las fundaciones Alem y Pensar y el Instituto Arendt.
“Con relación a la creación de cinco nuevos Tribunales Orales previstos en el artículo 5, debe recordarse que la Ley de Fortalecimiento de Tribunales Orales Federales y Penal Económico, que traspasa Tribunales Orales en lo Criminal de la Justicia Penal Ordinaria resulta una solución más adecuada y eficiente. Se trata de una ley en vigencia y con principio de ejecución, por lo que no parece razonable crear nuevos tribunales, salvo que la finalidad sea designar nuevos magistrados“, especulan.
Otra impugnación de los opositores a la reforma judicial apunta a la designación de jueces subrogantes: “los jueces interinos no poseen estabilidad en el cargo debido justamente a que a que su designación es temporaria, por lo que carecen de las garantías necesarias para desempeñar sus funciones libres de presiones e injerencias, lo que afecta su independencia e imparcialidad”.
Pero no es todo: además, “se excluye de la cobertura de subrogancias a los magistrados designados en el fuero en lo Criminal y Correccional, so pretexto de haber manifestado no oponerse a una posible transferencia a la justicia local. Tales magistrados fueron designados por concurso público de oposición y antecedentes, y manifestaron su voluntad en un contexto en el que no existía la opción que ahora se les habilitaría, generando una situación de desigualdad que no encuentra justificación alguna más allá de la discriminación de quienes han accedido a sus cargos durante los últimos cuatro años.”
Respecto del costo de los cambios que quiere imponer el goberno, desde la oposición estiman que, al crearse 323 cargos -jueces, fiscales, defensores y funcionarios)-, “solo de esos sueldos el costo anual aproximado es de 1.703 millones de pesos. A ello se debe agregar la inversión necesaria en infraestructura, estimando un costo aproximado de 1.211 millones de pesos; más un aproximado de tecnología de 122 millones de pesos . Esto arroja como resultado un monto mínimo de 3.037 millones de pesos, cifra necesaria para poder implementar el proyecto”.
“Si realmente se quiere avanzar en mejorar el sistema judicial, se deberían remitir al Congreso los pliegos de magistrados que ganaron sus concursos y que luego fueron retirados del Senado, iniciar el tratamiento del proyecto de Código Penal de la Nación , impulsar la sanción del Código Procesal Federal Civil y Comercial y continuar la implementación progresiva del sistema acusatorio actualmente en funcionamiento en Salta y Jujuy”, concluye el documento elaborado por las fundaciones.
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