No fueron días sencillos para el Procurador interino Eduardo Casal. En las últimas semanas, el kirchnerismo puso en marcha una ofensiva en el Congreso para tratar de desplazarlo que incluyó
todo tipo de denuncias por mal desempeño en la comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público Fiscal y la activación de la comisión de Juicio Político en Diputados, donde el oficialismo espera tratar una decena de presentaciones contra el jefe de los fiscales. Pero pese al avance K sobre su figura, el Procurador se prepara para resistir y anticipa que se quedará en su cargo. “No voy a renunciar. No hay ningún motivo por el que tenga que hacerlo”, le aseguró a Clarín.
Según el Procurador, desde que asumió como interino tras la salida de Alejandra Gils Carbó en 2017, todos sus actos fueron apegados a las normas. “La ley me asignó una función y la voy a cumplir como lo he hecho siempre”, se defiende ante este diario. En los últimos días, empezó a recibir mensajes de apoyo de colegas, jueces y abogados. Además, prepara una defensa con datos e informes por si llegan a citarlo al Congreso.
En el entorno de Casal entienden que el kirchnerismo activó un operativo de desgaste, con denuncias incluidas, para forzar su salida de un cargo que consideran clave. Y sostienen que se viene una “dura batalla”.
Desde hace tiempo que el sector más vinculado al kirchnerismo dentro del oficialismo lo tiene en la mira, sobre todo por su actuación en el caso del fiscal del caso de los cuadernos de las coimas, Carlos Stornelli, un enemigo declarado de la vicepresidenta Cristina Kirchner quien está procesada en esa causa como jefa de una asociación ilícita.
Los K consideran que no fue lo suficientemente firme con Stornelli cuando estuvo en rebeldía por negarse a ir a declarar ante el juez Alejo Ramos Padilla, que lo investigaba por las supuestas vinculaciones con el falso abogado Marcelo D’Alessio.
Sin los votos suficientes en el Senado para nombrar como Procurador al juez Daniel Rafecas -se necesitan dos tercios-, el kirchnerismo apunta a una salida forzada de Casal. Si dejara su cargo, en su lugar asumiría como interino Víctor Abramovich, actual procurador ante la Corte. Abramovich integró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y fue director del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), cercano a Horacio Verbitsky y el kirchnerismo. Un perfil que en principio parece ser más amigable con los intereses del Frente de Todos.
La ofensiva para sacar a Casal tuvo dos momentos de máxima tensión la semana pasada en la comisión bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal que preside el kirchnerista Martín Doñate. El lunes pasado, una docena de abogados y ONG’s y cuestionaron la conducta del Procurador por las designaciones que realizó, la política disciplinaria que aplicó y los manejos presupuestarios del organismo. Tras ese encuentro giraron en tiempo récord las denuncias a la comisión de Juicio Político en Diputados que es presidida por la oficialista Josefina González que además es integrante de La Cámpora.
Dos días después, se presentó en la bicameral la fiscal Gabriela Boquín -tiene la causa del Correo Argentino contra la familia Macri- que denunció una “persecución” en su contra encabezada por Casal. La “persecución” a la que hacía referencia Boquín está vinculada con el sumario que le inició hace diez días el Procurador por una serie de denuncias de maltrato y acoso laboral contra empleados de su fiscalía.
Desde el entorno de Casal defienden el sumario y aseguran que fue impulsado tras el análisis de un Consejo Evaluador integrado por varios fiscales. Es el mismo que actuó en el caso de Stornelli.
El testimonio de Boquín no será el único de un representante del ministerio público fiscal ante la bicameral. En la lista aparecen los nombres de los nombres de Juan Pedro Zoni y Leonel Gómez Barbella, dos fiscales que cumplían su trabajo en Comodoro Py y fueron trasladados a otros destinos por Casal. Cerca del Procurador defienden esos traslados y argumentan que habían concursado para los cargos a los que finalmente los movieron y que no correspondía que estén en los tribunales federales.
Una de las etapas del operativo desgaste tiene un capítulo en Diputados. Aunque allí el oficialismo no tiene los votos para iniciar un jury a Casal, sí podría lograr un dictamen en la comisión de Juicio Político. En principio, es difícil que esta semana sesione la comisión ya que los protocolos de tratamiento virtual están vencidos. Pero igual, desde la oposición cuestionan la movida y sospechan que el kirchnerismo busca armar “un show”. “Creemos que no hay elementos para enjuiciarlo. Y vemos una operación para desgastarlo solo por el deseo de Cristina Kirchner”, anticipó a Clarín el vicepresidente de esa comisión, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López.
La movida para sacar a Casal se da paralelamente a otros avances sobre la Justicia. Con la reforma judicial y el Consejo Consejo Consultivo para evaluar los cambios en la Corte Suprema como bandera, el oficialismo también cambió el rumbo de la Oficina Anticorrupción que se retiró de expedientes contra ex funcionarios y busca desplazar jueces que investigan a la vicepresidenta con la excusa de que fueron mal trasladados, entre otras medidas.
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