No cometió ningún delito, y nadie le reclama transgresiones o mentiras en su trabajo. Pero el suyo podría ser un caso extremo de la incoherencia -como mínimo- que con frecuencia exhiben algunos funcionarios
del gobierno. Pese a sus duras críticas al gobierno de Mauricio Macri, la ministra de Justicia y alma gemela del presidente Alberto Fernández, Marcela Losardo, trabajó durante esa administración al servicio del mismo ministerio que ahora conduce. Raro.
Según fuentes de esa cartera, la ahora ministra estuvo contratada por la secretaría de Derechos Humanos a través del cuestionado “ente cooperador” ACARA entre el 20 de abril de 2016 y el 12 de junio de 2017 con la categoría b5, por la cual cobraba 57.149 pesos. No tenía una dedicación funcional, sino que asesoraba y cuidaba la firma de un funcionario del área. Clarín confirmó esta información con el ex secretario Claudio Avruj, quien sin embargo se excusó de dar más detalles sobre el paso de Losardo por la gestión de Macri.
Tampoco aceptó contar su experiencia un ex subsecretario del ministerio de Justicia, bajo cuyo mando fue contratada la doctora cuando amanecía la gestión de Cambiemos.
El dato es estridente a la luz de algunas declaraciones de Losardo desde su jura como ministra. Esta misma semana, por ejemplo, intentó defender la convocatoria del abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, para el Comité Asesor del presidente respecto a la eventual ampliación y funciones de la Corte Suprema de Justicia. “No sé cuál es el delito”, dijo, sin falta de razón. “No es que se ha designado a una persona por decreto a sentarse en un juzgado. Me parece que algo no se entendió. En todo caso se tendría que haber hecho una denuncia cuando el ex presidente Mauricio Macri nombró por decreto a dos miembros de la Corte Suprema“, redondeó Losardo el miércoles. Ella misma no sólo eludió esa denuncia, sino que tampoco tuvo problemas para prestar sus servicios al ministerio de Justicia.
La ministra también opinó estos días que en los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri “hubo prisiones arbitrarias y exceso en las prisiones preventivas”. En 2016 y 2017 no pensaba igual, o si lo hacía, no lo creía incongruente con su labor como asesora de la secretaría de Derechos Humanos.
Dos eventuales compañeras de trabajo en aquel momento recuerdan que Losardo no iba todos los días al ministerio, que su trato era respetuoso pero no siempre estaba conforme con las tareas que le asignaban. “Ella había sido secretaria de Justicia, una virtual viceministra, entre 2005 y 2009, cuando Cristina terminó de echar del gobierno a los funcionarios que había puesto Alberto Fernández. Entonces por ahí sentía que revisar resoluciones o preparar documentos para que otros los firmen no era lo que ella quería hacer. Incluso alguna vez le oí decir algo así, pero creo que es natural”, dice una de ellas.
La última curiosidad de aquel paso por la gestión Cambiemos fue justamente la salida de Losardo del ministerio de Justicia: no dejó su contrato por voluntad propia o en disconformidad con la política del macrismo, sino que fue despedida el 19 de junio de 2017, por orden del ministerio que conducía Germán Garavano, tras unas declaraciones de su padrino Alberto Fernández sobre el gobierno. Sus derechos laborales no fueron vulnerados: según averiguó Clarín, “Losardo fue indemnizada con 227.848,91 pesos.”
El paso de la prestigiosa abogada por el gobierno de Macri no figura en su currículum, en su biografía de Wikipedia ni en las entrevistas que suele brindar a los medios afines con el oficialismo. “Quiero ser Marcela, no la ministra sino su compañera, quiero junto con nuestro Presidente ayudar a la Argentina a cambiar esta etapa de la historia en la que las políticas de derechos humanos perdieron preponderancia“, le dijo a Página/12 el 10 de enero pasado. Justo Derechos Humanos, el área en la que ella misma reportó por un año y dos meses.
Nueve días después, el 19 de enero, otra vez en Página/12, le preguntaban a Losardo “¿cómo fue volver a este edificio?” “Me encontré con un ministerio que me era muy familiar. Volví a esta casa de la que me fui y donde sentí que tenía muchas más cosas por hacer“, respondió Losardo, como si se hubiera alejado de allí en 2009 y no hace sólo tres años.
En esa entrevista, la flamante ministra hizo otros comentarios curiosos a la luz de su pasado reciente. Habló del personal contratado bajo la gestión Garavano -“se sumó muchísima gente, los dos últimos años, los últimos meses”, dijo- y aclaró que no llegaba a perseguir a nadie. “Hay gente que se está yendo, después veremos qué hacemos con los contratos“. Es decir, con quienes estaban en una situación semejante a la que había estado ella.
También volvieron a preguntarle si con las prisiones preventivas a ex funcionarios K hubo una “persecución política”, a lo que Losardo respondió que -“sí, hubo persecución. Porque la realidad es que la política se metió mucho en el sistema judicial. Llamalo de una manera o de otra, todos sabemos lo que hizo la Política y parte de la Justicia. Es hacia donde no tenemos que ir nunca más.” Estamos de acuerdo, pero una vez mas, no suena coherente con su propia presencia en un gobierno que, según ella, cometía semejantes aberraciones.
Según admitieron tres fuentes distintas a este diario, aquella participación de Losardo en el ministerio de Justicia acabó por el enojo que causaron algunas declaraciones de su padrino, Alberto Fernández, que en mayo de 2017 acababa de convertirse en el jefe de la campaña de Florencio Randazzo como candidato a senador bonaerense. El 13 de mayo, por ejemplo, Alberto negaba en un reportaje poder encontrar “algo que le gustase” en el gobierno de Macri: “me cuesta, sinceramente. Ha generado problemas donde no los había. Fíjense en el tema derechos humanos: toda la sociedad había aceptado que el tema se resuelva judicialmente y lo ha puesto en la palestra del peor modo”. Era el área donde trabajaba su amiga.
Clarín hizo llegar a la ministra Losardo la pregunta sobre su trabajo en Justicia durante el macrismo, pero no obtuvo respuesta.
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