Organizaciones sociales y dirigentes sindicales presentaron un programa para crear 4 millones de puestos de trabajo en la economía popular y 170 mil empleos registrados regulados por convenio colectivo.
Con el objetivo de diagramar el futuro del país de la post pandemia, organizaciones sociales y referentes sindicales presentaron el Plan de Desarrollo Humano Integral que tiene como ejes la promoción del trabajo y el repoblamiento del país, complementados con una propuesta de salario universal para la inclusión de trabajadores y trabajadoras. En las próximas semanas habrá charlas virtuales para profundizar cada uno de los puntos y fortalecer la propuesta que prevé la creación de 4 millones de puestos de trabajo en la economía popular y 170 mil empleos registrados regulados por convenio colectivo, con una inversión inicial de $750.000 millones anuales.
Según la propuesta, el salario universal se financiará “a través de una profunda reforma impositiva que grave las grandes fortunas, los capitales especulativos y las actividades extractivas”. En un documento, los dirigentes plasmaron el consenso sobre estos puntos estratégicos, sin dejar de lado las realidades de quienes tienen un empleo registrado y quienes lo hacen en la economía popular.
La presentación se realizó en la sede de la UOCRA con la presencia de su titular, Gerardo Martínez (UOCRA), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Pablo Moyano (Federación de Camioneros), Laura Ávalos y Julián Domínguez (SMATA), Esteban “Gringo” Castro (UTEP), Juan Grabois (MTE), Gildo Onorato (Movimiento Evita), Daniel Menéndez (Barrios de Pie), Jacqueline Flores (MTE), Dina Sánchez (Frente Popular Darío Santillán), Cristian Romo (Movimiento Popular La Dignidad), Luciano Álvarez (CCC), el Obisco Oscar Carrara, el Padre Charly Olivero y el economista Agustín D`Attellis. Además, envió su apoyo Juan Carlos Schmid (Sindicato de Dragado y Balizamiento).
Plan de Desarrollo Humano Integral
El Plan busca crear 4 millones de puestos de trabajo social y 170 mil empleos registrados regulados por convenio colectivo; promover la integración urbana de los barrios populares, el acceso al suelo y a la vivienda social; repoblar la Argentina a través de nuevas ciudades, pueblos jóvenes, comunidades rurales organizadas y cinturones hortícolas protegidos; desarrollar nuevos emplazamientos industriales a través de una planificación territorial que contemple nuevos esquemas de transporte multimodal; encarar la transición energética y desarrollar formas no contaminantes de producción para avanzar hacia un programa de ecología integral.
Para lograrlo, se impulsará el fomento de la construcción e integración urbana mediante una alianza entre el sector privado y el de la economía popular, con metas y cronogramas gestionados desde una unidad ejecutora centralizada para vincular la urbanización de los 4425 barrios populares existentes, así como crear nuevas urbanizaciones populares, el desarrollo de nuevos emplazamientos productivos, la extensión de la conectividad digital y el desarrollo de transporte multimodal de pasajeros y carga, todo con capacitación en obra a cargo de las organizaciones sindicales.
Por otro lado, se plantea la relocalización sustentable de parques productivos atada al desarrollo de corredores logísticos intermodales que armonice todas las actividades de transporte: la red ferroviaria conectará los nodos logísticos, el camión conectará la unidad de producción con el nodo logístico y el enlace ferro portuario será el final de la carga de exportación que debe ser fiscalizada de manera trasparente en origen. El objetivo es repoblar la Argentina.
El plan también apunta a la creación de un fondo de ahorro en moneda nacional orientado a los trabajadores y clase media que, a tasa de interés del mercado financiero, permita descontar del impuesto a las ganancias (cuarta categoría) un porcentaje del monto invertido para aumentar la rentabilidad al ahorrista. Además, se propone la creación del Fondo Fiduciario Mugica para financiar el desarrollo del plan y los módulos de trabajo comunitario asociados. Se trata de una inversión de 750.000 millones de pesos anuales con un retorno fiscal del 33%.
La planificación será de cuatro años con un cronograma preciso y una conducción operativa, centralizada y unificada. Las propuestas de ejecución inmediata estarán divididas en módulos que contarán con un equipo de trabajo con conocimiento específico del área y experiencias exitosas llevadas adelante por la comunidad organizada. En tanto, la gestión se realizará a través de los Consorcios de Cogestión Comunitaria (CCC). Son movimientos sociales, iglesias, provincias, municipios, sindicatos y otras entidades.
La inversión inicial, calcularon, tendrá un costo de $750.000 millones anuales. Parte de ella se autofinanciará a través de programas ya existentes (como el Salario Social Complementario, Hacemos Futuro y Tarjeta Alimentar que totalizan alrededor de 128 mil millones de pesos anuales). El resto lo hará mediante el retorno fiscal neto de la inversión de los programas actuales (el 36%), más una afectación específica del Impuestos a los Bienes Personales, una pequeña reforma del impuesto a las ganancias, un aumento del Impuesto a las Bebidas Azucaradas, y otra parte a través del esfuerzo fiscal adicional del Estado Nacional.
