Oscar Parrilli cruzó al constitucionalista Gil Domínguez que rechazó su pedido para avanzar sobre la libertad de prensa

cualquier gestión que se trate de incluir en la reforma judicial que impulsa el Gobierno nacional y que represente un avance sobre la libertad de prensa.

Al exponer en el plenario de comisiones del Senado de la Nación respecto proyecto de ley de organización y competencia de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias, Gil Domínguez dijo que resulta “potencialmente negativo” cualquier modificación que se convierta en una “forma de censura previa directa o indirecta”.

​El intercambio reforzó las distintas posiciones respecto a los pedidos que realizó Parrilli para que se incluya en el proyecto de reforma judicial que envió el Poder Ejecutivo un agregado para facultar a los jueces a denunciar ante el Consejo de la Magistratura la existencia de situaciones que interpreten “presión de poderes mediáticos”.

Apenas se conoció la postura del senador kirchnerista, el propio Gil Domínguez redactó una columna para Clarín en la que consideró que esa propuesta busca condicionar a los medios periodísticos.

“Las manifestaciones del senador Oscar Parrilli de incluir en el proyecto de reforma judicial la facultad de los jueces de denunciar a los ‘poderes mediáticos como ‘grupo de presión’ contraviene la tutela deparada por la Constitución y los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos a la libertad de pensamiento, expresión e información”, alertó el letrado. 

Y en su exposición de este martes, Gil Domínguez reiteró esa advertencia. Por ello, el senador Parrilli no tardó en salir a cruzar al constitucionalista que además integra el comité de juristas que creó el presidente Alberto Fernández para diseñar propuestas legislativas para reformar la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura.

El senador y ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) pidió la palabra para pedir que el constitucionalista aclare si “cree que no ha existido en la Argentina presión mediática sobre los funcionarios, jueces y magistrados”.

Gil Domínguez le respondió que, tal como lo indica el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, “si en alguna situación se considera que esa libertad de expresión ha afectado determinados derechos de las personas, existen las responsabilidades civiles y penales ulteriores”.

No conforme, Parrilli volvió a tomar la palabra y le pidió que indique si consideraba que esas situaciones que mencionó sobre eventuales presiones contra jueces representaban una “actitud democrática, plural que respeta los derechos humanos”.

El constitucionalista ratificó su posición y remarcó que “lo que hay que evitar es toda forma que pueda implicar alguna forma de censura previa directa o indirecta”. 

El cruce completo

– Gil Domínguez: “Considero potencialmente negativo, eventualmente, el intento de incluir la facultad de los jueces para denunciar a los poderes mediáticos como grupos de presión porque esto es contrario a la regulación de la libertad de expresión de nuestra Constitución, al tratado sobre derechos humanos y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en términos de la tutela y la protección de este derecho en lo que es la relevancia que tienen los debates de los asuntos de interés público o de relevancia público en el ámbito de la democracia constitucional y convencional”.

– Parrilli: “Simplemente quiero preguntarle si cree que no existen en la Argentina muchas oportunidades, más allá de la libertad de prensa que todos defendemos. Creo que sin duda él entiende que la libertad de prensa y de expresión es un ida y vuelta, es un derecho del emisor y también de a quién va destinado, el derecho a la verdad, el derecho a que no le mientan, a que no manipulen, a que no tergiversen y a que no difamen. Esto ha sido reconocido por los organismos de derechos humanos, por las más altas autoridades que velan por la libertad de expresión, por la libertad de los medios y desde ya uno prefiere mil mentiras que callar una verdad. Pero no sé si mal entendí y quiero que él me diga, a lo mejor estoy equivocado, que él cree que no ha existido en la Argentina presión mediática sobre los funcionarios, jueces y magistrados. Y si es así, si el no cree que esto ha existido, cómo cree él que fue ese caso de un periodista muy conocido, no sé si de Canal 13 o de TN, pero del Grupo Clarín obviamente, que instaba a la ciudadanía a abuchear, a desprestigiar, a denostar, a agraviar, a insultar a determinados jueces porque no tomaban un fallo, independientemente de cuál fuera. Así que quiero saber qué piensa él de esto”.

– Gil Domínguez: “Muchas gracias senador Parrilli. Lo que creo es que la respuesta la tenemos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo artículo 13 es justamente el emergente o la respuesta para este tipo de cuestiones. Es decir, hay una garantía de libertad de expresión, de pensamiento y de acceso a la información y una vez que esta se emite, esta puede generar responsabilidades civiles y penales ulteriores, que la llevarán adelante aquellos que se vean afectados, pero la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha restringido en mucho, casi la ha descartado, la utilización de la combinación penal cuando aquellas cuestiones que se debatan y se discutan sean de interés o de relevancia pública. La respuesta está en el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica. Si en alguna situación se considera que esa libertad de expresión ha afectado determinados derechos de las personas, existen las responsabilidades civiles y penales ulteriores. Pero desde el punto de vista de la tutela o la protección, esa misma convención trata de garantizar que no exista ningún tipo de censura directa o indirecta por ningún tipo de medios y que el mecanismo de pensar y de expresarse esté plenamente garantizado”.

– Parrilli: “Obviamente no puede haber ninguna sanción penal. Y le recuerdo al doctor que el delito de desacato fue eliminado del Código Penal por nuestro gobierno. De manera que parece una redundancia que él haga mención a ese tema cuando precisamente hemos sido nosotros los que hemos sacado ese delito. Y además, que a pesar de haber sido violentado y difamados, nunca hemos hecho ninguna denuncia penal. No quiero ser suspicaz, pero puedo entender que él avala que se realicen esas acciones o está en contra. Las acciones que yo describí por parte de algunos periodistas denostando, desacreditando, difamando e incluso incitando a la ciudadanía a escraches a maltratarlos en la vía pública con los hijos. ¿Qué piensa él de esa actitud o si entiende que está bien que el medio no le ponga ningún límite? La pregunta concreta que le hago es si él cree que es una actitud democrática, plural que respeta los derechos humanos”.

– Gil Domínguez: “En la medida que la libertad de expresión genere algún tipo de afectación de otro derecho y tenga mayor peso ponderado este derecho que es el honor de las personas, que eso que usted estaba diciendo, existe todo el mecanismo de las responsabilidades civiles ulteriores y así lo estableció la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema de Justicia de principios de este año. Está el mecanismo de la responsabilidad civil ulterior. Lo que hay que evitar es toda forma que pueda implicar alguna forma de censura previa directa o indirecta. Las responsabilidades ulteriores están y en la medida que se afecte el honor están abiertas y protegidas por las convención americana”.

– Parrilli: “Queda claro que lo defiende. Está bien. Gracias”.

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AFG