La Justicia porteña ordenó la suspensión de una obra en construcción en un predio de
Caballito, donde están proyectados edificios de hasta diez pisos y un shopping a cielo abierto, al considerar que el emprendimiento, denominado “Ciudad Palmera”, no se adecua a las normas urbanísticas vigentes en la zona.
La medida judicial fue emitida por el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 24, Darío Reynoso, quien hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el Consejo Consultivo Comunal de Caballito, integrantes de la Junta Comunal 6 y la asociación vecinal S.O.S. Caballito contra el Gobierno de la Ciudad y contra IRSA, propietaria de los terrenos en cuestión, situados en Avellaneda al 1300.
El reclamo de esas organizaciones ante la Justicia surgió, en rigor, semanas atrás, cuando observaron el ingreso de camiones con materiales de construcción y una grúa al predio de la avenida Avellaneda, en el marco de la vigencia de la cuarentena por el coronavirus.
“Nos vimos obligados a recurrir a la Justicia porque la obra de IRSA Ciudad Palmera no cuenta con factibilidad de los servicios públicos para construir 1.188 viviendas, y además porque el shopping afecta a los comercios barriales y el empleo”, explicó Osvaldo Balossi, miembro de Junta Comunal 6.
Por su parte, Martín Iommi, coordinador del Consejo Consultivo Comunal de Caballito, dijo que “el haber empezado con la obra en plena pandemia no es casual, sino causal”.
“Queda en evidencia que el apuro es otro. La envergadura del proyecto no es compatible con la normativa vigente y mucho menos con la débil infraestructura de los servicios públicos del barrio. La constructora avanzó a toda velocidad, con el único fin de evitar que las movilizaciones barriales, que lograron durante más de veinte años combatir con eficacia el proyecto del shopping Caballito”, agregó.
En su fallo, el magistrado porteño suspendió la obra en marcha y subrayó que “la forma en que es descripto el proyecto Ciudad Palmera por los medios de comunicación parecería configurar un plan maestro. Aún cuando quiera alegarse que es solo una política comercial de venta y publicidad del emprendimiento, la magnitud y envergadura del Master Plan, induce a pensar que por ello se le otorgó la denominación de ‘Ciudad'”.
Añadió que “las contradicciones que se advierten a lo largo del trámite de los expedientes administrativos” del emprendimiento ante las dependencias del Gobierno porteño “acerca de si se trata o no de un ‘Master Plan’ permite vislumbrar una posible irregularidad, en violación a la normativa que protege el medioambiente”.
Y concluyó en que “el proyecto impugnado encuadraría en la presunción contenida en el artículo 13 de la 123, lo cual implicaría su categorización como de impacto ambiental Con Relevante Efecto”, en referencia a la documentación presentada por la empresa a cargo que aseguraba que la obra se encuadraba en un rango de “impacto ambiental Sin Relevante Efecto”.
Los terrenos pertenecen al grupo IRSA, que desde hace una década intentó construir allí un shopping y un conglomerado de departamentos, pero que no logró concretar ya que, para eso, requiere de un cambio de zonificación de la superficie mediante una ley de la Legislatura porteña.
No obstante, según aseguran desde las organizaciones barriales, IRSA dividió los terrenos en cuatro parcelas y transfirió una de ellas a la firma Portland, que estaría a cargo del desarrollo inmobiliario.
