Después de idas y venidas sobre cómo retomar de forma remota la pericia ordenada por el Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) para conclulir con las medidas de prueba requeridas por
los acusados y allanar el camino para el inicio del debate oral, los peritos entregaron el informe técnico al TOF 1. Por eso, el fiscal Diego Velasco requirió que se inicie el juicio que tiene entre sus principales acusadas a Cristina Kirchner y al gobernador bonaerense Axel Kicillof, por las operaciones con el dólar futuro.
En plena feria judicial extraordinaria, el TOF 1 admitió el pedido de Velasco para que se habilite la feria y se avance en la pericia. En 2017, Dólar Futuro se convirtió en el primer caso contra Cristina Kirchner elevado a juicio oral. Hace unas semanas, el presidente Alberto Fernández se había quejado por el poco avance del caso, uno de los que menos preocupa a la vicepresidenta.
Durante la investigación se dio por corroborado que Cristina y su entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, junto a otros ex funcionarios, cometieron un fraude descomunal al patrimonio público”, que le costó al Estado “55 mil millones de pesos”. El delito imputado es el de administración fraudulenta.
Para determinar si el perjuicio fue de tal magnitud, previo al inicio de la feria por el coronavirus se había ordenado la realización de una pericia, como parte de las medidas preliminares antes de fijar fecha de inicio de las audiencias. Ese estudio técnico había sido requerido por los acusados Alejandro Vanoli y Miguel Ángel Pesce, presidente y vice del Banco Central en 2015. Pesce es el actual conductor del Central.
Entre otros datos, la pericia buscaba determinar si fue tal el nivel de perjuicio. Luego de largos meses “en elaboración”, la semana pasada el informe pericial de 80 páginas firmado por los contadores Alejandro del Acebo, Carlos Campodónico y Stella Maris Castaño, fue entregado ante el TOF 1.
Cristina Kirchner y su ministro de Economía, Axel Kicillof, en noviembre de 2015. Foto Néstor García
“En virtud de las conclusiones a las que han arribado los peritos intervinientes, solicito formalmente que los mismos sean citados al debate para evacuar preguntas y formular aclaraciones al respecto de los puntos del peritaje allí contestados”, sostuvo el fiscal Velasco. Asimismo, pidió que al estar agotada la etapa de instrucción suplementaria “se disponga la pronta iniciación del debate”.
En sus conclusiones a las más de 80 preguntas formuladas, los peritos dijeron que “las operaciones de liquidación de dólar futuro están informadas en los balances del BCRA al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2016 y en dichos años los balances arrojaron ganancias por $147.116.885.000 en 2015 y $67.448.520.000”. Entonces, no hubo la defraudación indicada durante la instrucción.
Par el juez de instrucción, Claudio Bonadio, el delito de “administración fraudulenta” se había cometido por las instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional a las autoridades del Banco Central, “con la anuencia de la Comisión Nacional de Valores”, para vender en un breve periodo “un importante volumen de contratos de dólar futuro a valores ficticios, obligando abusivamente a la entidad generando un grave perjuicio a las arcas del Estado”.
En ese momento se señaló que la pérdida para el Banco Central fue de $54.921.788.702,40, y que “la defraudación a la administración pública fue producto del acuerdo y coordinación de los más encumbrados funcionarios del Estado, quienes desde sus cargos arbitraron las medidas necesarias para su consecución”.
El fiscal de la instrucción, Eduardo Taiano, consideró que las operaciones trajeron “consecuencias dañosas para el patrimonio del B.C.R.A, ocasionando un grave perjuicio al erario público” y que la ex Presidenta y Kicillof “eran quienes tenían a su cargo la administración y el cuidado del patrimonio del Estado”. La pena contemplada por administración fraudulenta va de un mes a seis años de prisión. Para Cristina Kirchner se trata de una “persecución política”, pues las que se adoptaron fueron “medidas de Estado que no pueden judicializarse”.
Para la realización del juicio se aceptaron unos cincuenta testigos ofrecidos por las partes y por la fiscalía de Velasco. Además de la vicepresidenta y Kicillof, están acusados los ex directores del Banco Central Alejandro Vanoli, Miguel Ángel Pesce, Flavia Marrodán, Bárbara Domatto, Alejandro Formento, Juan Miguel Cuattromo, Mariano Beltrani, Germán David Feldman, Pedro Biscay y Sebastián Aguilera.
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