Horas claves en la causa por el escándalo judicial en San Isidro que tiene en la mira a un fiscal

federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado defina si acepta la postura del fiscal en una de las causas más escandalosas de los últimos años. Y esto ocurriría en las próximas horas.

En base a una investigación de cuatro años encarada por el fiscal Domínguez, el pasado viernes 24 de julio la jueza ordenó cerca de 30 allanamientos. Los más impactantes fueron en el edificio de los tribunales de San Isidro y tuvieron como centro las actividades del fiscal Claudio Scapolan y dos de sus secretarios.

Ese día los dos secretarios de Scapolan -y una decena de policías de medio y alto rango- quedaron presos acusados de al menos seis hechos graves: el robo de media y tonelada de cocaína de un operativo conocido como “Leones Blancos”; el cobro de coimas a narcos menores a cambio de no detenerlos o no armarles causas; el saqueo sistemático en los allanamientos y hasta la extorsión a familiares de un traficante tan pesado como Claudio “Piturro” Andrada.

Scapolan (actualmente de licencia) no fue detenido porque tiene fueros. Y en su resolución de los próximos días Arroyo Salgado no lo tendrá en cuenta. La razón: luego de pedir una postergación de indagatoria para leer la causa, Scapolan recusó a Arroyo Salgado, con lo que su declaración quedó congelada.

Al no ser indagado aún, Scapolan evitó entre otras cosas que se pudiera definir su situación procesal. Según pudo saber Clarin, la jueza recién pondría fecha de indagatoria al resolver sobre su recusación que, se estima, rechazaría.

Más allá de Scapolan hay otros sospechosos que no fueron indagados porque aún están prófugos. Entre ellos hay dos abogados, acusados de actuar junto con los policías en el sistema de cobro de coimas, sobre todo a narcotraficantes a cambio de beneficiarlos o no detenerlos.

En total, en la investigación son tres los abogados implicados. Pero uno de ellos, Matías Pedersoli, decidió el pasado jueves entregarse y declarar como imputado colaborador. Fuentes del caso explicaron que trató de deslindar responsabilidades señalando a su jefe -otro de los abogados prófugos- como responsable de cualquier maniobra. En su declaración corroboró algunos detalles de la acusación. Con eso le bastó para lograr su excarcelación.

Pedersoli habría contestado preguntas sobre el caso “Bustamante”, uno de los que analizó el fiscal Domínguez. Se trata de una cocina de cocaína de Boulogne, allanada en octubre de 2014. El operativo, lleno de irregularidades, fue anulado por el Tribunal Oral Federal N° 5 de San Martín.

“Bajo una fachada de prevención y persecución del delito, la mentada asociación ilícita utilizaba los recursos del Estado para perseguir narcotraficantes ajenos a su propio emprendimiento criminal para finalmente detenerlos -eliminando así la competencia- y obtener de ellos material estupefaciente que luego devolvían a mercado original”, dijeron los jueces en su fallo, fechado el 27 de octubre de 2016, y al que tuvo acceso Clarin.

Los camaristas agregaron: “No se trató de una simple acumulación de irregularidades en la actuación prevencional sino, tal y como ya se lo señalara, de las conductas ilícitas planificadas y ejecutadas sistemáticamente por funcionarios públicos que no tuvieron como finalidad el cumplimiento de sus obligaciones legales y funcionales sino servir al tráfico de estupefacientes que desarrollaban mediante el uso de los recursos que el Estado ponía a su disposición justamente para combatirlo”.

En criollo: los policías, junto con el fiscal Claudio Scapolan, armaban operativos para “mexicanearle” la droga a los narcos y comercializarla ellos. En este caso en particular habría indicios de que se quedaron con 40 kilos de cocaína.

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GL