El gobierno de Jair Bolsonaro se debate
Retornar a la política económica liberal no es algo seductor en estos tiempos electorales. Menos aún en medio de una epidemia, que ha costado más de 100.000 vidas. En octubre próximo se eligen intendentes en las 5.570 ciudades brasileñas; y estos comicios de medio término irán a marcar tendencias para las presidenciales de 2022. Si algo aprendió Bolsonaro es que el asistencialismo redunda en recompensas electorales. Más aún si viene acompañado con un programa intensivo de obras públicas, financiadas por el Estado, que habrán de generar trabajo. Bajar el gasto imposibilita esta variante, en un momento en el que además hay un desempleo real de 28% de la población económicamente activa.
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Claro que involucra riesgos modificar la dirección del programa de su ministro de Economía Paulo Guedes, un “Chicago boys” que representa al poder financiero en el gabinete ministerial. Ya se insinúan confrontaciones con el funcionario, que podrían alejar a la figura presidencial del establishment que lo apoyó hasta ahora.
Este funcionario se asume, él mismo, como la “garantía” de estabilidad presidencial. Desde su punto de vista, es suficiente su permanencia en el gabinete bolsonarista para proteger al jefe del Palacio del Planalto de cualquier aventura de destitución. Pero a cambio de su lealtad, Guedes exige que se cumplan con los objetivos inamovibles de su proyecto: privatizaciones, ajuste fiscal y reforma del Estado. Este modelo debió suspenderse cuando se inició la epidemia de Covid-19 y el Congreso aprobó el reconocimiento de Calamidad Pública, una medida que estará en vigencia hasta el 31 de diciembre próximo. Eso le dio libertad al gobierno para gastar sin restricciones. Y ahora, Bolsonaro pretende que sea prorrogado hasta mediados del año próximo.
El ministro de Economía no quiso saber nada con semejante alternativa y urgió a su jefe a retomar los compromisos originales. Tan seguro está de su poder que se animó a formular una advertencia amenazadora a Bolsonaro; le dijo que si no cumple con esas exigencias corre el peligro de ser sometido a un juicio político de destitución. En una reunión del mundo de las finanzas, el martes por la noche, Guedes declaró: “Quienes aconsejan al presidente lo están llevando a la irresponsabilidad fiscal, y lo conducen a una zona sombría, de impeachment. El presidente sabe de eso”.
A comienzos de esta semana, el ministro sufrió un desbande de su equipo: lo abandonaron secretarios claves como Salim Mattar, de Desestatización y Privatización; y Paulo Uebel, de Desburocratización y Gestión. Al oficializar la salida, ambos ex colaboradores dejaron entrever que estaban “insatisfechos” con el ritmo de las privatizaciones y las reformas de la administración pública. Guedes aprovechó esas renuncias y pasó a la ofensiva contra el ala “desarrollista” de Brasilia. “Lo que ellos me dijeron es que es muy difícil privatizar porque aquellos que dirigen esas compañías estatales están en contra”.
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La fortaleza del ministro Guedes para impedir un cambio de rumbo puede encontrarse con una creciente fuerza adversa: la de sectores del Congreso que empujan por extender a 2021 los gastos de emergencia por el Coronavirus. Hay tres medidas que cuentan con el apoyo significativo de los parlamentarios: la que otorga recursos para las obras públicas; la que garantiza un nuevo programa de ingresos básicos de los sectores vulnerables (hoy esa ayuda es de 113 dólares mensuales) y la reestructuración del sistema de salud. En los medios parlamentarios se afirma que el ajuste fiscal fue demasiado selectivo. Benefició a los militares con un aumento de las partidas presupuestarias (hoy se quedan con 2% del PBI); y también a los congresistas del nuevo bloque de centro que se alió con Bolsonaro. Para ellos, las privatizaciones y el ajuste bien pueden quedar para un segundo período bolsonarista, a partir de 2023.
Profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de San Pablo, André Singer evaluó, en una entrevista a la TV Globo, que la gestión de Jair Bolsonaro pasa por una etapa de cambios: “Después del auxilio de emergencia, de 600 reales (113 dólares), el gobierno impactó en un electorado que nunca fue de su base” y añadió que “resulta muy claro que el gobierno decidió usufructuar políticamente de esa ayuda” a los sectores más vulnerables de la población. El especialista, que fue portavoz del ex presidente Lula da Silva en su primer gobierno, juzgó que estos cambios que se insinúan en la política del gobierno, tiene que ver con los militares que ocupan ministerios claves. “Ellos tienen una perspectiva de medio y largo plazo. Y saben que no pueden seguir adelante, desde el punto de vista político, sin contar con una mayoría de la población”.
* Autora de Brasil 7 días
P.M.
