
Ya son cinco los agentes que participaron del operativo policial en el que asesinaron a Valentino Blas Correas (17) que fueron imputados por la justicia cordobesa. Ahora, una pericia clave determinó
quién lo mató y ese informe marcó directamente el arma de Lucas Gómez (35).
Gómez y Javier Alarcón (31) dispararon contra el Fiat Argo en el que viajaban cinco adolescentes la madrugada del jueves 6 de agosto. Una de esas balas fue la que mató a Correas por la espalda.
Esa pericia cotejó la bala que extrajeron del cuerpo de Blas con las armas que secuestraron a los agentes detenidos. Según trascendió, las imágenes de las cámaras de seguridad mostraban a Gómez disparando contra el vehículo en línea recta y a Alarcón con dirección a las ruedas.
Esa versión es la que sostuvo Hugo Luna, el abogado de Alarcón. “Ellos concurren a la avenida Vélez Sársfield junto a otro patrullero y los colocan en forma transversal. En esas circunstancias ven el vehículo que se acerca. Aminora la marcha y, cuando está llegando al lugar, hace una maniobra y los esquiva. Él me dice que tanto él como el oficial Gómez deben saltar para no ser atropellados. En esas circunstancias, él escucha disparos e inmediatamente apunta a las cubiertas del vehículo y hace dos o tres disparos”, dijo a Cadena 3.
Alarcón, además, habría sido quien sacó un arma del baúl del patrullero y la entregó a la oficial Wanda Micaela Esquivel (32), que posteriormente la arrojó en una bolsa negra desde la ventanilla del móvil. Por eso quedó detenida y acusada de “encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario”. La misma imputación les cabe a la oficial ayudante Yamila Florencia Martínez y a Sergio Alejandro González (42), aunque estén en libertad.
Según confirmaron fuentes consultadas por Clarín, ahora analizan la participación de los policias de la división motociclistas que también formaron parte del operativo y analizan qué participación tuvieron en el hecho y en su posterior encubrimiento.
La semana pasada se había dado a conocer que Gómez tiene un juicio pendiente en una causa por encubrimiento. Lo acusaron de participar de una red policial que buscó proteger al violador serial de La Calera, Leandro Raúl Castañares, condenado en 2018 por reconocer de seis abusos sexuales.
Ese juicio no se llevó adelante pero Gómez estaba señalado como parte del encubrimiento policial pero el tribunal de conducta le permitió continuar en funciones y con portación de arma.
Ahora es Alarcón en el que aparece involucrado en una causa de 2013 en la que lo acusaron por “privación ilegítima de la libertad” y “lesiones leves” que no avanzó.
“En la eventualidad que fuere así, la acusación dataría de abril de 2013. Si existió una denuncia que requirió la imputación, la prueba en su contra no merecía tratamiento procesal porque ya transcurrieron 7 años. Si hubiera habido méritos probatorios, hubiera originado un sumario administrativo y el Tribunal de Conducta Policial es sumamente estricto y le hubiese dado la baja”, lo excusó Luna.
Otro de los puntos que analiza la justicia y que demanda la familia de Blas Correas, señala a dos empleados de la Clínica Aconcagua, donde los amigos de la víctima lo trasladaron cuando estaba herido. Están investigados por omisión de auxilio y podrían ser imputados por ese delito.
GL
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