El juez federal Julián Ercolini dispuso
este martes el levantamiento del secreto fiscal y bancario del expresidente del Banco Nación durante el Gobierno de Cambiemos, Javier González Fraga, y decretó la inhibición general de bienes de la Algodonera Avellaneda S.A., del grupo Vicentin, en el marco de la causa penal en la que se investigan irregularidades en el otorgamiento de créditos a la cerealera.
El magistrado dispuso una serie de medidas a instancias del fiscal Gerardo Pollicita, que tiene delegada la investigación en la que se analiza la “posible existencia de una maniobra por la cual se habría perjudicado al Estado Nacional a través del otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco de la Nación Argentina a favor de la firma Vicentin”.
De acuerdo con el expediente, esa operación “permitió a la empresa acumular una deuda con el banco de 18.500 millones de pesos“, que actualmente “serían de cobro incierto, puesto que la sociedad se encuentra en estado de cesación de pagos” y a la espera de un concurso preventivo.
En ese contexto, el juez Ercolini hizo lugar a una serie de medidas requeridas por el fiscal Pollicita, como la de levantar el secreto fiscal y bancario de González Fraga y de otras 24 personas entre las que se encuentran el exvicepriedente del Banco Nación Lucas Llach y los directivos de Vicentin Máximo Padoan y Sergio Vicentin.
Otra de las medidas dispuestas por el magistrado fue la inhibición general de bienes de la Algodonera Avellaneda que “tiene por objetivo, primordialmente, la inmovilización de los bienes inmuebles y/o muebles registrables” de esa firma y la “prohibición de innovar la composición accionaria” sin ser notificada a las autoridades correspondientes.
En tanto, el magistrado no dispuso la inhibición general de bienes de la firma Vicenitin SAIC porque ya está inhibida por el juez que interviene en el concurso de acreedores de la empresa, según informaron a Télam fuentes judiciales.
Al requerir las medidas, el fiscal Pollicita había señalado que “los elementos probatorios recabados hasta el momento permiten sostener que funcionarios del BNA, algunas veces por acción y otras por omisión, incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria”.
Para ello, los funcionarios “otorgaron irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA, apartándose de la normativa interna que lo regula y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba”.
“Tanto el exceso de endeudamiento de la firma Vicentin como el aumento de la deuda impaga, no solamente fue detectado y advertido por el BCRA en septiembre de 2019, sino que también fue replicado en noviembre y diciembre, sin que tal circunstancia impidiera que durante noviembre se volviera a financiar a la compañía, decisión que corrió bajo la órbita gerencial y directiva del banco“, agregó Pollicita en base a documentación probatoria recibida en la causa.
