Guiño de España para que Argentina investigue los crímenes del franquismo

verbalizó de ese modo, es lo que decidió la Fiscal General del Estado español, Dolores Delgado, quien este jueves anuló una disposición de 2016 que obstaculizaba los procedimientos que implicaran cooperación jurídica internacional.

Delgado, ex ministra de Justicia de Pedro Sánchez y cuyo nombramiento como Fiscal General fue cuestionado porque la oposición la considera “poco imparcial”, envió una nota a los fiscales jefes de toda España para que dejen de oponerse a querellas como la que el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1, a cargo de la jueza argentina María Servini, lleva adelante contra los abusos cometidos por el franquismo.

La decisión de la fiscal Delgado llega a dos semanas de la declaración que la jueza Servini espera poder tomarle, por videoconferencia, al ex ministro de la Transición Rodolfo Martín Villa, imputado en la causa como responsable de los crímenes de Vitoria, en el País Vasco, en 1976, y de otros delitos de lesa humanidad.

Los hechos

La declaración indagatoria a Villa será el 3 de septiembre por “delitos de homicidio agravado” durante la Transición.

La jueza Servini investiga si los asesinatos de Vitoria y lo que la historia reciente española conoce como “los Sanfermines del ’78”, donde un estudiante recibió un tiro en la frente y hubo más de 150 heridos, fueron hechos puntuales o si fueron parte de “un decidido plan de ataque sistemático y preconcebido para eliminar a todo oponente político”. Si se comprobaran los crímenes de lesa humanidad que se le imputan al ex ministro Villa, la pena podría ser de prisión perpetua.

En 2014, Servini había ordenado su detención, pero el ex ministro logró esquivar el pedido de extradición.

“Viendo de lo que me acusan, estoy muy tranquilo”, dijo hace tres años, cuando el rey Felipe VI lo condecoró por haber sido parte del Parlamento que integró las Cortes Constituyentes en 1977.

Entre los doce delitos por los que se lo acusa, está la masacre de Vitoria del 3 de marzo del ’76: cinco obreros fueron asesinados por la Policía Armada que golpeó e hirió a más de cien personas luego de arrojar gases lacrimógenos en la iglesia de Gasteiz, en Vitoria, donde los obreros se habían reunido.

Martín Villa era, por entonces, ministro de Relaciones Sindicales del gobierno cuyo presidente era Carlos Arias Navarro.

En enero de 1976, cerca de seis mil trabajadores iniciaron una huelga para protestar en contra de los topes salariales y en defensa de mejores condiciones de trabajo. Dos meses después convocaron, por tercera vez, a la huelga general del 3 de marzo, donde la represión del franquismo asesinó y reprimió.

“Tenía 20 años y estaba trabajando en una empresa que no estaba en huelga pero salíamos solidariamente a las movilizaciones. Era una jornada valorativa de la huelga. La Policía intencionalmente dejó que se llenara la iglesia y luego conminó a que saliera la gente. El cura les dijo que era una reunión pacífica. Se calcula que había entre cuatro y cinco mil personas. La Policía acordonó la iglesia y lanzó gases lacrimógenos. Aquello se convirtió en un infierno”, recuerda para Clarín Andoni Txasko, miembro de la Asociación de las Víctimas del 3 de Marzo, que fue reprimido al día siguiente y quedó casi ciego.

En Argentina​

Txasko estuvo en Buenos Aires en 2013 para declarar ante la jueza Servini y volvió a Argentina en febrero de este año. “Fue un gran alivio haber podido hablar y declarar en la causa. La Transición no ha sido pacífica y modélica, como algunos creen, sino que ha sido sangrienta. Hubo más de 600 muertos”, dice el hombre que perdió la vista del ojo derecho por los golpes policiales pero cuyo certificado de invalidez sólo señala “accidente no laboral”.

La causa argentina que intenta develar lo que le sucedió a Txasko y a otras víctimas de la mano dura durante la Transición ya cumplió diez años: en abril de 2010 el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez-Esquivel, y dos damnificados por los abusos del franquismo que vivían en Argentina, Inés García Holgado y Darío Rivas, se presentaron en un juzgado de Buenos Aires para presentar una querella por genocidio y crímenes de lesa humanidad durante la Guerra Civil y el franquismo.

“La decisión de la fiscal Delgado es una noticia positiva pero estamos esperando saber más -dice a Clarín Txasko, que hoy tiene 65 años y es un referente entre las víctimas del franquismo-. Hay que ver si esta decisión deja sin vigor la anterior disposición fiscal, pero no sabemos hasta dónde va a llegar ésta. Es vergonzoso porque los jueces siguen aplicando la amnistía y la prescripción para los delitos de lesa humanidad.”

-¿Cómo se siente ante el hecho que la única investigación sobre la represión que usted sufrió la esté llevando adelante otro país?

-Es vergonzoso que un país que se dice democrático y que ha asumido la legislación internacional en material de derechos humanos, sea incapaz de juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad e impida que otros los juzguen. En 2013 estuve declarando en Buenos Aires. Es una frustración muy grande cuando la jueza ha decretado órdenes de detención para declaraciones indagatorias y fue el Consejo de Ministros de España el que no permitió.

-¿Cuál es su reclamo?

-No pretendemos que gente como Martín Villa o represores nonagenarios vayan a la cárcel, pero sí que pasen a la historia con la responsabilidad que tuvieron en aquellos crímenes y no como los adalides de la libertad y de la democracia. La Justicia española se ha reído siempre de nosotros. La burla fue total.

-¿Por qué lo califica de “burla”?

-Estuvieron recorriendo juzgados hasta que nuestro reclamo cayó en la jurisdicción militar que determinó el sobreseimiento de los sumarios porque se decía que, aunque se habían producido delitos de homicidios y de lesiones, no se sabía a ciencia cierta quiénes habían disparado. Es una burla tremenda. Hay grabaciones de los policías que se interceptaban por frecuencia modulada en las que ellos mismos reconocían que habían participado en la paliza, que se había producido una masacre. Querían darle un escarmiento al movimiento huelguístico que se estaba dando en Vitoria y no querían que se extendiera a otros lugares del Estado español. La Transición no era pasar de una dictadura extrema a una democracia por arte de magia. Es frustrante que haya tenido que ser Argentina, en base al principio de justicia universal, la que haya abierto una causa contra los crímenes del franquismo.

-En todos estos años, ¿usted siguió los pasos de los represores?

-Siempre hemos querido que se supiera la verdad. La versión oficial está totalmente tergiversada y manipulada. Nosotros queríamos que los hechos se recogieran tal cual como sucedieron y que los responsables fueran juzgados. Y luego, buscar una reparación moral y económica. Pero nos hemos chocado con un muro de impunidad por parte del Estado español.

-¿Cree que ese comportamiento sistemático del Estado español cambiará con el actual gobierno de coalición?

-Es nuestra esperanza. Del llamado régimen del ’78, los verdugos han salido favorecidos y las víctimas nunca han sido reconocidas.

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PB