Los líderes de la oposición, en un zoom muy crítico con la reforma judicial: “debe ser fulminada”

críticas de los constitucionalistas Manuel García Mansilla, Roberto Gargarella y María Angélica Gelli a la reforma judicial impulsada por el oficialismo. Además de varias objeciones técnicas, de oportunidad y de costos, los especialistas concluyeron en que la propuesta de Alberto Fernández no está inspirada por la buena fe, busca cambiar las reglas sin discusiones ni acuerdos, y por eso debe ser “fulminada” en el Congreso o los tribunales.

​Organizado por el Club Político Argentino, con Graciela Fernández Meijide y Ricardo Gil Lavedra como anfitriones, el zoom convocó a polìticos como Alfredo Cornejo, Patricia Bullruich y Maximiliano Ferraro -titulares de la UCR, el PRO y la Coalición Cívica- intelectuales como Santiago Kovadloff y José María Poirer; empresarios como Adelmo Gabbi y Javier Goñi, y especialistas como Daniel Sabsay, Guillermo Lipera y Máximo Fonrouge, entre otras decenas de personalidades. Entre ellos, era difícil hallar a simpatizantes del gobierno.

Y si había alguno, la habrá pasado mal. El doctor Manuel Garcìa Mansilla comenzó su exposición con una reflexión tan obvia como necesaria: “hace falta una reforma en la justicia, y nunca es oportuno encararla. Perohay momentos especialmente peores“. Este es uno de ellos, según su visión.

El abogado criticó especialmente la designación de 23 jueces federales subrogantes por medios inconstitucionales, y el estado de incertidumbre e ilegalidad en el que quedarían decenas de jueces “unificados” en nuevos fueros tras la unión de los juzgados federales con los penal económicos, y civil y comerciales federales con contencioso administrativo federales. “Con el criterio restrictivo que existe ahora, bajo el cual cualquier traslado debe ser refrendado por el Senado, todos ellos quedarían trabajando prácticamente en comisión, una locura”, advirtió.

Al igual que quienes lo sucedieron en la palabra, García Mansilla también cargó contra la “comisión Beraldi” para ampliar y cambiar el funcionamiento de la Corte, a la que describió como parcial y cuyo resultado sería “una nueva mancha institucional”, fruto de una “adicción” argentina a toquetear al máximo tribunal, semejante a la que el país mantiene con la inflación.

Roberto Gargarella arrojó un guante: “la política tene el derecho a reformar lo que quiera, salvo que quiera violar o cambiar las reglas procedimentales. Para hacerlo, los medios deben ser idóneos y con amplísimos acuerdos”. Era el comienzo de una crìtica profunda al plan oficialista.

“Si no se dan esos supuestos, la presunción de invalidez de la reforma es obligatoria, y por eso debe ser fulminada. Es un criterio que la propia justicia ya receptó, ya ocurrió, y sería malo que vuelva a ocurrir”, advirtió el constitucionalista. “El gobierno nos dice ‘mirá el texto, y no el contexto’. Pero de ninguna manera!”, exclamó. “Sus defensores deberían convencernos de que esta reforma es imprescindible, urgente y que hay que hacerla de este modo. Pues bien, no ocurre”.

La doctora María Angélica Gelli coincidió: “no veo un consenso mínimo, ni entre las fuerzas políticas ni en la sociedad. Tampoco hay un debate amplio, sino un simulacro, un remedo. Y me permito dudar de que haya buena fe en la propuesta”, disparó. Gelli también manifestó su alerta por la desobediencia del Senado a la orden judicial de suspender el análisis del traslado de dos jueces que entienden en causas contra Cristina Kirchner, y que ese gravísimo antecedente enciende más luces rojas sobre la reforma. “Desde 1983 logramos la transición política, pero nunca encaramos la trancisión judicial”.

Al término de las exposiciones, Cornejo, Bullrich y Ferraro ratificaron la oposición de Juntos por el Cambio al proyecto oficialista, alertaron sobre la velocidad y la ampllitud del “plan” para lograr la impunidad de Cristina y sus ex funcionarios.