El Estado compró 30 millones de vacunas antigripales que no se usaron, según registros oficiales

promedio 3,3 millones de dosis por año.

Los datos sobre la falta de aplicación de alrededor de 30 millones de vacunas surgen de un informe entregado al Congreso por la Jefatura de Gabinete en julio de 2018, ante un requerimiento de la diputada Graciela Ocaña, ex ministra de Salud. La cifra representa el 35% del total de dosis antigripales compradas.

La noticia se conoció un día después de que el ministro de Salud, Ginés González García, revelara que aparecieron más de 4 millones de vacunas vencidas en el frigorífico Onetto, en la Ciudad, y apuntara contra la gestión de Mauricio Macri por “tirar a la basura” alrededor de $ 1.400 millones.

La tensión entre los referentes de Salud del Gobierno y de Juntos por el Cambio se incrementaron después de las protestas opositoras del 17A. La actual administración denunciará al ex ministro Adolfo Rubinstein por los 4 millones de vacunas vencidas. 

La actual secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, quien desde 2010 a 2016 (parte de la presidencia de Macri) se desempeñó como directora nacional de vacunación, negó tener responsabilidad en la compra de vacunas que no se habrían utilizado. “La interpretación que se hace es falsa”, dijo en declaraciones a C5N.

La funcionaria, una de las caras más visibles de la estrategia del Gobierno en la pandemia, aseguró que el problema surge porque las provincias no suelen anotar, en el Registro Federal de Vacunación Nominalizado, buena parte del enorme caudal de dosis que aplican y que el Estado nacional les cede. Fuentes del sector privado reconocen esa falencia.

“La diferencia entre el informe de Jefatura de Gabinete y la denuncia de González García es que las vacunas están y se pueden tocar. Las otras no están porque seguramente se utilizaron. La aplicación es responsabilidad de las provincias”, recordaron en la Casa Rosada ante la consulta de Clarín. 

El porcentaje de vacunas sin aplicar que se compraron durante los gobiernos de Cristina Kirchner y Mauricio Macri representaría un costo para el Estado de $1.500 millones.

La diputada Ocaña anticipó que irá a la Justicia por esta situación y que reclamará a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas que investigue el proceso de compra de vacunas que jamás se aplicaron.

Además de Vizzotti hay otros nombres y funcionarios, que cobraron notoriedad durante la pandemia, involucrados en la adquisición de vacunas que no se usaron: el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, quien fue ministro de Salud de Cristina Kirchner, y su inmediato sucesor en el cargo, Daniel Gollan, hoy al frente del área en la Provincia de Buenos Aires.

También aparece el nombre de Hugo Sigman, principal accionista del consorcio de laboratorios Sinergium, cercano al presidente Alberto Fernández y a la vice Cristina Kirchner. La empresa de Sigman, que fabricará en el país la vacuna contra el Covid-19 desarrollada por la universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca, es precisamente uno de los principales productores de las vacunas antigripales y “triples”, gracias a un acuerdo que firmó con Cristina Kirchner en 2009 y que está a punto de vencer.

“No puedo responder sobre un informe que desconozco”, sostuvo Alejandro Gil, CEO de la firma Sinergium Biotech ante una consulta de este diario a propósito del informe oficial.

El gerente reconoció que en 2017 hubo un excedente de 2 millones de vacunas, porque el año anterior había habido faltantes y, luego, bajó la circulación del virus. Gil añadió que en tres oportunidades -en 2013 y 2016- el ministerio incluso solicitó una ampliación porque “las dosis no alcanzaban”.

El infectólogo Eduardo López, jefe del departamento de Medicina del Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”, y asesor del Gobierno, considera excesiva la posibilidad de que se hayan perdido 30 millones de dosis. “Serían más de 3 millones por año que debían vacunarse y no lo hicieron, me parece que es un número demasiado alto”, explicó a Clarín.

López añadió que a la hora de comprar vacunas lo primero que se hace es calcular la población que se quiere alcanzar. En el caso de la antigripal, el universo lo componen niños de 6 meses a dos años, personas con factores de riesgo desde los 6 meses, mayores de 65 años y embarazadas. A ese número se le suele adicionar un 5%, pensando en posibles pérdidas de la cadena de frío u otros errores que puedan incrementar la demanda. 

El ministro González García había convocado el miércoles a los medios para denunciar a Rubinstein por las dosis vencidas. “Nos dimos cuenta porque nos llegó una factura del frigorífico. Desde entonces, empezamos a investigar y encontramos más de 12 millones de dosis de la vacuna antigripal y 600.000 dosis de la vacuna triple, todas vencidas”, sostuvo el funcionario. El almacenamiento de estas dosis tuvo un costo de $ 14 millones.

Rubinstein negó su responsabilidad. “Esto es malintencionado, malicioso y mentiroso, como muchas de las cosas que viene diciendo Ginés González García en estos últimos meses”, sostuvo en declaraciones a TN. Además, recordó el rol de Vizzotti durante parte del gobierno de Macri.

La secretaria de Acceso a la Salud también le contestó al ex funcionario. “(Las vacunas) salieron de la Aduana y nadie las tocó hasta que se vencieron, en un momento en que se distribuyó el 65% de lo planificado y eso es 100% de la gestión de Rubinstein y si él no estaba al tanto, es preocupante”, expresó a radio Nacional. 

El médico y dirigente radical señaló que su antecesor, Jorge Lemus, estaba al frente de la cartera de Salud cuando se realizó la compra de vacunas a la que hizo alusión González García. 

El ex funcionario de Macri se convirtió en una de las principales voces de Juntos por el Cambio en contra de la estrategia nacional para contener el coronavirus.

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LP