La marcha contra el gatillo fácil, con una presencia que desató la ovación de todos

hemos hermanado en el dolor”, dice Cristina Castro, la mamá de Facundo Astudillo, en Plaza de Mayo. Está rodeada de cientos de mamás y familiares que pasaron y pasan por su misma situación, y de carteles y banderas que recuerdan a varios de los más de 7 mil casos de gatillo fácil, registrados por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), desde el regreso a la democracia.

La mujer recibe un regalo que la emociona: una escultura de Facundo, hecha por un artista que se identifica como Julio César, con el escudo de Boca y el amuleto en sus manos que le había regalado su abuela, el mismo que aparecería tirado dentro de una bolsita en el destacamento policial de Teniente Origone.

“Hoy tengo la certeza: puedo decir que estoy esperando un ADN para llevarme a mi niño a mi casa. Un niño que salió entero a hacer ruta. Su único pecado fue estar enamorado y querer volver con su pareja. Por eso lo mataron. A mi hijo no me lo devuelven. Pero no quiero que vuelva a pasar. Habíamos dicho nunca más”, concluye Cristina.

A la mujer la ovacionan los cerca de 3.000 familiares de víctimas y miembros de organizaciones sociales que se dieron cita en la tarde de este jueves en la sexta Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Las consignas fueron “basta de muertes, basta de causas armadas y basta de torturas en comisarías y cárceles“.

El caso de Astudillo Castro es el más mediático en la actualidad. Pero lejos está de ser el único de la cuarentena. La semana pasada, Correpi difundió un informe en el que contabilizaron 92 muertes de personas a manos de integrantes de la fuerzas estatales, entre el 20 de marzo y el 20 de agosto.

Las más conocidas son la de Luis Espinoza, desaparecido y asesinado por la Policía de Tucumán; la de Blas Correas, el chico cordobés de 17 años baleado por agentes en una confusa persecución y la de Florencia Morales, que apareció ahorcada en una comisaría de San Luis, luego de ser detenida por romper la cuarentena.

“Lo que decimos es que estamos ante una política de Estado”, aclara Emilia Vasallo, una de las organizadoras de la marcha y mamá de Pablo “Pali” Alcorta, fusilado por el policía Diego Tolaba, en 2013. Lo mismo se canta en la Plaza: “Atención, atención, no es un policía, es toda la institución“. 

“Marchar nos da orgullo, amor y es una forma de que nuestros hijos estén presentes en todas la mamás. No buscamos generar lástima; queremos generar impotencia, bronca”, explica Vasallo. “También sentimos que las marchas sirvieron para poner al gatillo fácil en la agenda política y de los medios de comunicación, que antes hablaban de este tipo de asesinatos como ‘muertos en enfrentamiento‘”, añade

Pero antes de Cristina se escucharon varias historias más. “La mayoría de nosotros nos conocemos. Desgraciadamente tenemos muchos casos nuevos”, dice Angélica, madre de Jonathan “Kiki” Lezcano, un adolescente de 17 años asesinado por efectivos de la comisaría 12a. y enterrado como NN durante tres meses.

También estuvo Julia. Con una remera con la foto de su hijo y la leyenda “Pasaré mi vida pidiendo justicia por vos” cuenta, como puede, de la muerte de Agustín Lara: tenía 16 años, sufría hostigamiento policial por parte de agentes de la comisaría 48a. En marzo de este año, la Gremial de Abogados había presentado un hábeas corpus.

“El policía que asesinó a nuestro hijo declaró que tuvo miedo por su vestimenta. Que por eso le disparó“, afirman los papás de Alan Medina. Horacio, papá de Diego Cagliero, asesinado por policías en Martín Coronado, habla del proyecto para decretar al 19 de mayo como el Día de la Lucha contra la Violencia Institucional en Tres de Febrero. Y dice: “Somos muchos pero peleamos contra poderes muy superiores: plantan pruebas, hacen lo que quieren, los fiscales no nos atienden, nuestros abogados son públicos y no tienen tiempo para nosotros”.

La mamá de Nazarena Vargas, acribillado en Merlo, en 2017, comenta: “El abuso policial que sufrimos los trabajadores cuando subimos a un tren, a un colectivo, es terrible. No solo es hostigamiento con un palo; es verbal”.

“Queremos denunciar al sistema penal: con la excusa de la pandemia nos niegan copias de las causas penales”, señala Claudio Castro, que acompaña a familiares de víctimas de causas armadas.

“Muchas veces somos discriminadas como mamás”, retoma Vasallo. Y concluye: “Nos llaman ‘las madres de los chorros‘. Algunos de nuestros hijos sí estaban robando. Pero no tenían armas y fueron fusilados, cuando los podrían haber detenido. Lo que decimos es que no estamos a favor de la delincuencia; estamos a favor de la vida”.

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EMJ